La Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de la provincia de Alicante (Provia) reaccionó ayer con estupefacción tras conocer las líneas maestras del nuevo decreto del Gobierno contra los desahucios mientras dure el estado de alarma por el covid (junio de 2021), al advertir que las medidas van a tener un efecto perverso en el objetivo de impulsar el acceso a la vivienda, al evitar que se pueda desahuciar por impagos derivados de la crisis económica provocada por la pandemia. Los promotores alertan de que esa línea no es correcta y, de entrada, va llevar a una reducción drástica de la oferta, tanto del alquiler, como de la construcción de viviendas dedicada a este mercado. Jesualdo Ros, secretario general de Provia, denunció ayer que «llevamos varios meses ya tratando de explorar con la Administración, que tiene un problema, fórmulas de colaboración público/privada pero no se mueve».
«Por supuesto que compartimos el objetivo, que es proteger a los más débiles, que es lo que se persigue, pero no las formas. Esta medida va a provocar una reducción de la oferta y, por lo tanto, anular el propósito», subrayó Ros. «Muchas veces hemos planteado a la Administración la posibilidad de una mayor colaboración público/privada, y si hubiera habido una respuesta se hubiera avanzado mucho, y ahora habría más oferta en el mercado. En los últimos años, el problema de acceso a la vivienda se ha agravado y la Administración no hace nada. No tiene recursos, personal, experiencia y todos los sufrimos», aseveró Ros. «Estamos en una situación dominada por la desconfianza, la iniciativa privada no puede llegar, y la Administración está desbordada, con lo cual el problema cada día se agrava más».
Legalizar o ser tolerante con la okupación de viviendas es una línea roja que no se debe sobrepasar
Por otro lado, los promotores advierten de que otras de las partes del decreto es hasta peligrosa. «Llama la atención esa línea roja que supone la ocupación, con k, de las viviendas. Legalizar, o ser tolerante con esta ocupación con k de kilo es una línea roja que ningún estado democrático debe sobrepasar», subrayó ayer Jesualdo Ros, secretario general de Provia.
Por su parte, Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, señala que es «una barbaridad» y que espera que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Asimismo, apunta que «los participantes, sean grandes tenedores o pequeños, no pueden dar cobertura al alquiler social del gobierno. Si el Gobierno quiere legalizar la ocupación, que haga vivienda social».
Las cifras económicas de la provincia son, no obstante, alarmantes. El 100% de los hogares habitados por una persona joven pasa por apuros, y de los adultos (30-65 años), un 47,5% están mal. Los hogares unipersonales concentran la mayor proporción de la pobreza. De las viviendas con niños, el 40,1% de los monoparentales y el 38,7% de los liderados por dos adultos, eran pobres, según un informe de la Universidad de Alicante. Esta tasa tan elevada, que supone un 11,5% del total de los hogares, implica que la pobreza infantil sea uno de los principales problemas. En cuanto a los hogares de personas mayores de 65 años, un 17,4% de los unipersonales y un 37% de las parejas mayores pasan apuros.
170.000 personas viven con menos de 355 euros al mes en la provincia. Alicante tiene algunos de los barrios más pobres de España
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que introduce más acciones de protección para aquellos hogares que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, introduciendo además una serie de mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.
En primer lugar, con objeto de extender y asegurar la protección que viven de alquiler que han quedado en situación de vulnerabilidad se extiende hasta el final del estado de alarma, en principio en junio de 2021, la suspensión del procedimiento de desahucio, hasta que los Servicios Sociales de los ayuntamientos solucionen el problema de las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional.
Los promotores alicantinos aseguran estar abiertos a buscar acuerdos con la Administración para la construcción de pisos sociales
Se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiéndose aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos del covid. La suspensión del desahucio se mantendrá por el tiempo necesario para aplicar las medidas sociales que procedan, que deberán permitir una solución que garantice una vivienda digna, y siempre dentro del periodo del estado de alarma. Si no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los Servicios Sociales, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.
En segundo lugar, se protege a aquellos hogares cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo. En este supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración de cada caso concreto, tendrá la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas titulares de más de 10 viviendas.
