Los tres grupos parlamentarios del Botànic: PSPV- PSOE, Compromís y Unidas Podemos, presentaron ayer en las Cortes una proposición de ley para promover la Economía Circular, un nuevo marco normativo que sigue la línea marcada por las instituciones europeas, y que busca convertir a la Comunidad Valenciana en la tercera autonomía en disponer de un marco legal al respecto. Así lo defendieron los portavoces de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Paco Gil, Compromís, Graciela Ferrer, y de Unidas Podemos, Beatriu Gascó, en una rueda de Prensa, en la que explicaron la necesidad de contar con este marco normativo para afrontar la transición ecológica. Entre los objetivos, se prevén medidas para asegurar el acceso de las personas al agua potable del grifo en edificios y espacios públicos, así como en establecimientos del canal Horeca (bares, restaurantes y cafeterías), en línea con el cumplimiento del derecho al acceso al agua potable recogido por la ONU desde 2010, y la recientemente aprobada directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Las principales novedades que incluye el documento inicial de la proposición de ley son la creación del laboratorio de residuo cero, la preparación para la reutilización en las redes de ecoparques en la Comunidad y la reintroducción de envases reutilizables en el canal de distribución comercial, con recompensa económica para los usuarios. Además, la ley pone el acento en el combatir el derroche de alimentos y en reforzar la colaboración público-privada dando, además, especial atención a los municipios.
Siguiendo esta línea de trabajo, se crea la Agencia de Residuos y Economía Circular, así como una nueva Oficina de Prevención de Residuos, como nuevas piedras angulares de la ejecución de las políticas ambientales en materia de gestión de residuos.
En esta nueva normativa también se incorporan medidas para la elaboración de un plan autonómico de compra pública sostenible con el fin de favorecer la reducción en la generación de residuos y del despilfarro alimentario, la reutilización y el uso de materiales reciclados -en particular, aparatos electrónicos, para reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y materiales elaborados a partir de residuos de construcción y demolición para las obras públicas. Se prevén medidas para asegurar el acceso de las personas al agua potable de grifo en edificios y espacios públicos, así como en establecimientos del canal Horeca, en línea con el cumplimiento del derecho de acceso al agua.
Asimismo, se prevé el desarrollo de una normativa específica de ámbito autonómico para prevenir y reducir el despilfarro alimentario desde las fases de producción hasta la de consumo, pasando por las de transformación y distribución.
La proposición aborda también el objetivo de mejorar drásticamente la recogida selectiva de la basura con el fin de elaborar un «compost» de calidad que sea devuelto a la tierra, y para ello incluye la recogida selectiva de biorresiduos obligatoria para todos los municipios mediante la combinación de diversos sistemas de recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos y comerciales (puerta a puerta, contenedores informatizados, recogida selectiva itinerante y otros sistemas con TICs a nivel municipal).
Incentivar ladevolución de envases de plástico
El proyecto de ley contempla crear un sistema de devolución y retorno de envases con incentivo económico obligatorio, al menos para botellas de plástico de menos de tres litros de capacidad, y la introducción voluntaria del sistema de devolución, depósito y retorno de envases, a la espera de lo que disponga la nueva ley estatal de residuos y su posterior real decreto de desarrollo en materia de envases. En la proposición también se establece la obligatoriedad sobre el reciclado real de todos los materiales que sean fabricados.
