La Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana reclama al Consell ayudas por valor de 50 millones de euros para compensar los diez meses de cierre acumulado por las medidas impuestas por la pandemia de coronavirus. El colectivo, que estima en 275 millones de euros las pérdidas durante 2020, considera que esa cantidad permitiría una aportación media de 30.000 euros a cada uno de los 1.500 locales de ocio nocturno de la Comunidad Valenciana y evitaría su quiebra.

En un comunicado, la Asamblea señala que, ante la reunión mantenida hoy entre la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación con la Confederación Empresarial Valenciana ( CEV) y los sindicatos UGT-PV Y CC00-PV Confederaciones empresarial Valenciana, "es necesario que en el marco de estas reuniones se reconozca la especial vulnerabilidad y sufrimiento del sector del ocio musical y los espectáculos, ya que es el único que está cerrado por imperativo legal y que durante los últimos 10 meses apenas ha trabajado 10 semanas, prestando servicios de hostelería y con un 30 % de aforos", se queja.

La Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana, con las 33 asociaciones que han prestado su apoyo a la misma, anuncia su constitución formal como federación autonómica para ser interlocutor directo con la Generalitat Valenciana y poder trasladarle sus reivindicaciones. Así, teniendo en cuenta estas condiciones excepcionales y en las que apenas un 25% de las pymes han podido desarrollar su actividad, reclama su intervención directa en todo el proceso negociador.

El sector asegura que las 1.500 empresas que lo forman "se encuentran al borde de la quiebra" y es por ello por lo que reclama una ayuda económica directa por valor de 50 millones de euros. De esta manera pretende compensar las cuantiosas pérdidas que ha tenido en 2020 y las que se esperan en este recién comenzado año. El sector del ocio nocturno, asegura la Asamblea, ha perdido el 85% de su actividad económica durante 2020, lo que supone un retroceso de 2.000 millones de euros y unas pérdidas acumuladas de los gastos fijos que no se han podido evitar de 275 millones.

Por último, el colectivo empresarial reclama "respeto" por parte de la administración autonómica hacia todo el sector y su cadena de valor, "que desde que se inició la pandemia ha sido injustamente señalado y ha sido víctima de la estigmatización empresarial y profesional", critican en el comunicado. La última medida que denuncian, y que califican de "absurda", es la prohibición de los disc jockeys, "que carece de cualquier evidencia científica y justificación epidemiológica", lo que, aseguran, supone un agravio comparativo con el conjunto de la actividad económica.