El proyecto de construcción de seis macrodepósitos de combustible en el puerto puede salirle caro al Ayuntamiento de Alicante. La promotora del proyecto, XC Business 90, exigirá unos cinco millones de euros de indemnización si consigue en los juzgados la licencia de obras. Eso siempre que la resolución favorable al recurso contencioso-administrativo sea inminente. Si se prolonga aún más en el tiempo con recursos ante otras instancias judiciales, la cantidad aumentaría en torno a unos cuatro millones por año. Esa es la principal conclusión de un informe solicitado por la promotora del proyecto, que pidió formalmente la licencia de obra hace casi ocho años, en 2013. Esas indemnizaciones incluso podrían incrementarse ( aunque la cifra no está cerrada podría rondar unos 20 millones más por año), ya que la demora en la primera fase genera a su vez retrasos en las otras dos fases. Incluso, el agujero para las arcas del Ayuntamiento podría ir más allá si otra empresa promoviera un proyecto similar en la zona. De darse este caso, acabaría con la posición estratégica del proyecto en Alicante. Fuentes de la promotora señalan que las iniciativas similares más próximas se sitúan en València y Cartagena, por lo que existe un nicho clave en la capital alicantina. Entonces, la promotora se plantearía solicitar una compensación en torno a 140 millones.

El proyecto, sobre todo en los últimos años, ha contado con el rechazo de entidades sociales, al que se acabó sumando el Ayuntamiento en bloque en la previa de las últimas elecciones municipales. Todos los partidos se posicionaron en contra de la iniciativa. Con todo, el retraso en la concesión (o rechazo) a la petición de licencia viene de mucho atrás. Tal y como recoge el informe externo, el proceso arrancó en febrero de 2013, cuando XC Business 90 presentó una solicitud de licencia ambiental y licencia urbanística. Entonces, el gobierno estaba liderado por Sonia Castedo. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2017, ya con el tripartito al frente del ejecutivo, la promotora registró un escrito de reiteración de la solicitud de licencia ambiental y solicitud de certificado de efectos de silencio administrativo. Tres meses después, la empresa presentó un escrito acreditativo del compromiso de transmisión de los derechos concesionales de reserva del suelo del muelle 19 del puerto para la instalación de la iniciativa.

Justo después de la última cita con las urnas, ya con el bipartito a los mandos, la promotora registró un nuevo escrito de reiteración de licencia ambiental, licencia urbanística y certificado de efectos del silencio administrativo. Lo hizo después de que la Autoridad Portuaria aprobase la modificación de la concesión para permitir la construcción de los macrodepósitos en base a un informe favorable de la Abogacía del Estado que certificaba que la petición se ajustaba a derecho. A partir de ahí, la última palabra ya correspondería al Ayuntamiento. Entonces ya habían pasado seis años desde el inicio del proceso. La empresa cuenta esta fecha para calcular las indemnizaciones que solicitará en el caso de conseguir la licencia en los juzgados. Dos meses después, en septiembre de 2019, la Concejalía de Urbanismo emitió un decreto de denegación de la estimación del silencio positivo, lo que suponía continuar con la tramitación del expediente.

Ante esa respuesta municipal, la empresa decidió demandar al Ayuntamiento de Alicante al considerar «que la demora en la resolución del expediente ha impedido iniciar la construcción y explotación del proyecto», defendiendo que ese retraso «estaría produciendo un perjuicio económico». Fuentes de la promotora lamentan que el bipartito haya hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones para celebrar una reunión entre ambas partes. Aseguran que en esa cita habrían mostrado voluntad de alcanzar un acuerdo.

En marzo de 2020, el Ayuntamiento de Alicante anunció que pediría un informe ambiental a la Generalitat, lo que en la práctica suponía dejar en manos del Botànic el futuro de los macrodepósitos. Nada se sabe de ese informe a día de hoy.