Un fondo ha ofrecido a la promotora de los macrodepósitos en el puerto -XC Business 90- la compra del proceso judicial abierto contra el Ayuntamiento. Esta empresa se dedica a la adquisición de contenciosos contra la administración pública. «Estudiaron jurídicamente nuestro caso y manifestaron su interés casi de inmediato», señalan fuentes de la promotora, que explican que este tipo de fondos se dedican a dilatar los procedimientos hasta la «extenuación» para «engordar» así la reclamación patrimonial. «El proyecto no les interesa lo más mínimo, sólo buscan la reclamación económica a la administración», puntualizan desde la sociedad que promueve los macrodepósitos. Es decir, estos fondos no buscan el negocio del hidrocarburo, sino que se centran en conseguir la licencia en los juzgados y la reclamación patrimonial para, posteriormente, vender el proyecto con licencia a terceros.

Sin embargo, la promotora de la iniciativa en terreno portuario tiene decidido seguir adelante pese a la oferta, que no detalló económicamente a este diario alegando confidencialidad. El objetivo de XC Business 90 es conseguir la licencia en los juzgados por silencio administrativo e iniciar la actividad con los primeros seis tanques. Actualmente, la promotora y el Ayuntamiento están a la espera de que un juzgado de lo contencioso dicte sentencia.

Si la justicia da la razón al gobierno municipal, el proyecto no vería la luz. En cambio, si la justicia se posiciona de parte de la empresa la iniciativa puede salirle cara al Ayuntamiento. La promotora del proyecto, XC Business 90, calcula que exigirá unos cinco millones de euros de indemnización si consigue en los juzgados la licencia de obras que persigue hace ocho años. Si el proceso judicial se prolonga aún más en el tiempo con recursos ante otras instancias judiciales, la cantidad aumentaría en torno a unos cuatro millones por año. Esa es la principal conclusión de un informe solicitado por la promotora del proyecto, que pidió formalmente la licencia de obra hace casi ocho años, en 2013.

La iniciativa, sobre todo en los últimos años, ha contado con el rechazo de entidades sociales, al que se acabó sumando el Ayuntamiento en bloque en la previa de las últimas elecciones municipales. Todos los partidos se situaron en contra de la iniciativa. Con todo, el retraso en la concesión (o rechazo) a la petición de licencia viene de mucho atrás. Tal y como recoge el informe externo, el proceso arrancó en febrero de 2013, cuando XC Business 90 presentó una solicitud de licencia ambiental y licencia urbanística. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2017, ya con el tripartito de izquierdas al frente del ejecutivo, la promotora registró un escrito de reiteración de la solicitud de licencia ambiental y solicitud de certificado de efectos de silencio administrativo. Tres meses más tarde, la empresa presentó un escrito acreditativo del compromiso de transmisión de los derechos concesionales de reserva del suelo del muelle 19 del puerto para la instalación de la iniciativa.

Justo después de la última cita con las urnas, ya con el bipartito a los mandos del Ayuntamiento, la promotora registró un nuevo escrito de reiteración de licencia ambiental, licencia urbanística y certificado de efectos del silencio administrativo. Lo hizo después de que la Autoridad Portuaria aprobase la modificación de la concesión para permitir la construcción de los macrodepósitos en base a un informe favorable de la Abogacía del Estado que certificaba que la petición se ajustaba a derecho. Entonces ya habían pasado seis años desde el inicio del proceso. La empresa cuenta esta fecha para calcular las indemnizaciones que solicitará en el caso de conseguir la licencia en los tribunales. Dos meses después, en septiembre de 2019, la Concejalía de Urbanismo emitió un decreto de denegación de la estimación del silencio positivo. Ante esa respuesta municipal, la empresa decidió demandar al Ayuntamiento de Alicante al considerar «que la demora en la resolución del expediente ha impedido iniciar la construcción y explotación del proyecto», defendiendo que ese retraso «estaría produciendo un perjuicio económico».

En los juzgados también existe otro proceso abierto al respecto. En este caso, tras un recurso presentado por la Plataforma por un Puerto Sostenible contra la modificación de la concesión portuaria que permite la instalación de la planta de carburante. Fuentes de la Autoridad Portuaria aseguran, por último, que TMS, la concesionaria del terreno portuario, renunció por escrito a las dos últimas fases del proyecto.