La borrasca Filomena que nos dejó hace escasos diez días imágenes de cuento en el interior de la provincia, con nevadas que superaron en algunos puntos de l’Alcoià y el Alto Vinalopó los 20 centímetros de espesor, que no es poco en una provincia donde la temperatura media anual no baja de los 16 grados, va a suponer un auténtico balón de oxígeno para nuestros esquilmados acuíferos, pero no impedirá, sin embargo, que los alicantinos que desde hace un mes bebemos y nos lavamos con agua desalada captada en la costa de El Campello, nos sobresaltemos dentro de unos meses cuando nos enfrentemos al recibo del agua. ¿Motivo? La imposición de Bruselas, mientras el Gobierno mira hacia otro lado, de que paguemos parte de la desaladora de Mutxamel, que nos salió por 90 millones de euros.
Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica, el mismo que no quiere encontrar una solución para desbloquear el Júcar-Vinalopó, que no sea la de que los agricultores pasen por caja y abonen cerca de 200 millones de euros para pagar el sobrecoste de las obras por haber cambiado la toma del agua en 2005, ya ha comunicado también a los ayuntamientos de l’Alacantí, a través de Acuamed, que la desaladora de Mutxamel hay que pagarla. Es decir, que, merced a la coartada de una directiva europea -los gobiernos hacen caso a Bruselas cuando les apetece-, los municipios que reciben agua desalada deben asumir los costes de su producción (nadie lo discute), pero también la amortización de la construcción de la infraestructura.
Bautizada como Desalinizadora de la Marina Baixa, la planta se anunció para abastecer a Benidorm en tiempos de sequía y, sin embargo, ahora que ha comenzado a funcionar ha dejado fuera a la capital turística de la Marina Baixa. Surrealismo hídrico. Una vez más, lo de siempre. Mientras que en la propia Comunidad Valenciana y en la vecina Murcia hay usuarios que ni siquiera pagan por el agua, porque la tienen, y además en abundancia, los vecinos de Alicante, El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente la pagarán (no ahora, pero la harán a medio plazo), y a precio de Moët Chandon. Y todo por aquella decisión inexplicable de hace ya casi 16 años de llevar la toma del agua del Júcar-Vinalopó a la desembocadura del Júcar, donde al margen de restos de pesticidas, hay tanta sal en el agua que se pueden pescar hasta doradas. Una vez más, agravio tras agravio para Alicante.
Dos años se cumplieron el pasado diciembre de la dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. Martínez tiraba la toalla harto de sus luchas contra Madrid, de la falta de apoyo de València y, por qué no recordarlo, de las traiciones de algunos de sus compañeros en la Junta Central, tras comprobar que todo el esfuerzo no había servido para nada. Bueno, para algo sí. Para demostrar, una vez más, que a los gestores de la Administración les importa, poco o nada, en qué se gasta el dinero de todos los ciudadanos, pues, si no, a más de uno se le hubiera caído la cara de vergüenza por haber dejado morir una obra en la que se invirtieron 450 millones de euros de dinero público. Si al despilfarro económico del Júcar-Vinalopó se añaden, además, los 350 millones de euros de la incompleta desaladora de Torrevieja, echen ustedes las cuentas. Ochocientos millones de euros invertidos en dos infraestructuras que, de momento, han servido para bien poco mientras el déficit hídrico de la provincia (diferencia entre la disponibilidad y la demanda de agua) sigue disparándose, y hoy roza los 500 hm3 al año.
Dos años han pasado del adiós del incómodo Andrés Martínez y todo sigue igual. Madrid intenta colar a los regantes una factura de más de 200 millones de euros para activar el trasvase, y la incuestionable negativa de estos a asumir el pago le sirve al Gobierno de excusa perfecta para su objetivo final: que el Júcar no suelte un sola gota de agua para la provincia, a pesar de que hasta seis comarcas, el 75% del territorio, dependan geográficamente de la demarcación del Júcar, administrada por la Confederación Hidrográfica, que sigue considerando a la provincia, gobierne quien la gobierne, un territorio maldito.
Hay que agradecer al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, su interés por resolver el drama, pero él mismo ya se ha dado cuenta de que el enemigo es fuerte y muy difícil de batir. No hace ni un mes se reunía con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para acercar posturas. Ni una mala palabra, ni una buena acción del número dos del Ministerio. Casi unas horas después se ponía en marcha la desaladora de Mutxamel y a los pocos días se dio un nuevo tajo al Tajo-Segura. Morán ni se lo había insinuado. Ni las confederaciones del Júcar y el Segura, ni la Mancomunidad del Taibilla, tutelados por el Ministerio para la Transición Ecológica, aceptaron sentarse en la Mesa de Agua, ni siquiera para escuchar, cuando son clave para que a Alicante pueda llegar el agua, incluso desalada. Nadie duda en Alicante que el agua desalada es necesaria, pero nunca como única solución.
Transición Ecológica sigue a la suya y ha modificado las normas de explotación recortando los envíos mensuales de agua del trasvase Tajo-Segura cuando la reserva está en situación 2 -por encima de los 700 hm3 - y que por ley corresponden, por lo tanto, 38 hm3 mensuales. El Ministerio asegura que las previsiones se hicieron mal en las reglas de explotación, y esto altera el funcionamiento anual del trasvase. La solución pasa, según los técnicos, por recortar un 30% la cantidad mensual a trasvasar, lo que provocará un descenso anual en la disponibilidad de agua de 60 hm3.
Pero volviendo al Júcar-Vinalopó. Si nadie lo remedia, este año s se cumplirán once años desde que la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se cargara de un plumazo el proyecto para trasvasar agua del Júcar a la provincia de Alicante al cambiar la toma del agua. Una deuda histórica de la Confederación del Júcar para el sur de la Comunidad Valenciana, que, insisto, también gestiona, aunque no lo parezca, y cuyas primeras reivindicaciones datan de 1420, antes, incluso, del descubrimiento de América. Hay que repetir el dato cuantas veces sea necesario. Se han enterrado 450 millones de euros en una canalización por la que todavía no circula agua. Y la que se pretende transportar tampoco reúne condiciones de calidad para el abastecimiento. Por no avanzar, siguen sin repararse las fugas del embalse de San Diego (Villena). Sencillamente, un escándalo. Nuestra particular pandemia que ningún año falta a su cita. La borrasca Filomena ha dado un respiro, también a los embalses de Entrepeñas y Buendía desde donde se capta el agua del Tajo para enviar a Alicante. Sin embargo, a ver cuál es la próxima excusa del Gobierno para recortar el trasvase.
