Nuevo episodio en la batalla entre el bipartito de Alicante y el Síndic de Greuges, que suman numerosos choques durante este mandato. El alcalde, Luis Barcala (PP), ha rechazado la última recomendación del Defensor del Pueblo valenciano de incluir en el orden del día de los plenos todas las mociones propuestas por la oposición, al margen de que cuenten con el visto bueno del secretario municipal. En un escrito, el regidor «lamenta no poder admitir la recomendación, pese a todo el respecto que merece la institución y la persona del Síndic de Greuges», en alusión a Ángel Luna. «Nos resulta imposible aceptar su resolución ya que no se ha dado en la queja ninguna vulneración de los derechos constitucionales o legales de los autores», argumenta el texto, en referencia a los tres grupos de la izquierda municipal (PSOE, Unidas Podemos y Compromís), que presentaron una queja conjunta tras rechazarse sistemáticamente la inclusión de mociones en el orden del día.
La resolución del Defensor del Pueblo valenciano, fechada a mediados de diciembre, era taxativa: «Recomendamos que, en cumplimiento de la Ley de régimen local de la Comunitat y en Reglamento Orgánico del Pleno, se incluya en el orden del día las mociones presentadas con independencia del órgano competente para adoptar un acuerdo, debiendo la secretaría hacer la correspondiente advertencia competencial en la misma sesión plenaria con posterioridad a su debate y antes de la aprobación del acuerdo».
Sin embargo, ese criterio choca con el mantenido por el alcalde, quien alega que el secretario municipal debe realizar sus informes antes del pleno y no tras los debates plenarios: «Reservar al momento previo a su votación en el pleno [tras el debate] la advertencia de ilegalidad podría ser un incumplimiento del secretario de su deber de informar previamente y, con eso, una deslealtad a la Corporación».
En el escrito de respuesta del alcalde al Síndic se refleja que en el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) se contempla (artículo 91) la posibilidad de debatir y votar cuestiones de interés general que afecten al municipio de Alicante. Eso sí, a través de la figura de las declaraciones institucionales, que, en contra de las mociones, no son de obligado cumplimiento para el gobierno municipal.
Cuando los grupos de izquierda lograron el respaldo del Síndic, hace justo un mes, señalaron que el veto a las mociones «ha coincidido con la llegada de Barcala a la Alcaldía» y que supone impedir la fiscalización de la gestión del bipartito». Tras conocerse la respuesta del alcalde al Síndic, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, lamentó la actitud del popular: «Una vez más, Barcala se revuelve contra los derechos de la oposición en el Pleno, saltándose incluso los dictámenes de la Sindicatura de Greuges. Barcala quiere un Pleno sin mociones, que es donde la oposición puede instar al equipo de gobierno a realizar iniciativas». Desde Compromís, según Bellido, van a «insistir en las demandas para garantizar el derecho a fiscalizar la acción del bipartito». Desde Unidas Podemos, por su parte, el portavoz, Xavier López, sostuvo que «el gobierno de Barcala se ha convertido en insumiso, actúa para boicotear la acción de la oposición por lo que no queda más remedio que exigirle que desista de esa posición o se estudiará continuar adelante con medidas legales para garantizar la capacidad de los grupos de fiscalizar una gestión cada día más opaca».
El PSOE presiona al bipartito para que las comisiones se reúnan cada 15 días
Unidas Podemos propone una estrategia integral de sinhogarismo consensuada con el tejido social
El grupo municipal socialista pretende que el bipartito de Alicante convoque las comisiones permanentes del pleno cada quince días y no cada mes, como hasta la fecha. El portavoz socialista Francesc Sanguino argumenta que «ante la situación de excepcionalidad y la patente falta de transparencia del alcalde Luis Barcala, es imprescindible que se modifique el acuerdo plenario del 11 de julio de 2019 para que las Comisiones Permanentes del Pleno pasen a celebrarse cada 15 días y no un mes, como fue aprobado».
Esta propuesta se prevé debatir en el pleno de mes, que se celebrará el 28 de enero. «El ROP establece que es el cometido de las Comisiones realizar el seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno sin perjuicio del superior control por parte del Pleno», matiza el portavoz.
Por su parte, Unidas Podemos propone la elaboración de una «estrategia integral de sinhogarismo consensuada con el tejido social». La coalición insta a «priorizar una estrategia para combatir las causas de la emergencia habitacional con un proceso participativo que tenga en cuenta la voz de las personas y entidades sociales afectadas».
