El bipartito de Alicante asegura que retirará de las calles de la ciudad todos los contenedores de ropa usada que no dispongan de permiso para ocupar la vía pública. En la capital alicantina, sólo Proyecto Lázaro tiene licencia para colocar sus depósitos sobre suelo municipal, según fuentes del ejecutivo local, aunque otras entidades -al menos tres más- también tienen repartidos contenedores por las calles, principalmente sobre suelo privado para sortear la normativa municipal. Fuentes del ejecutivo de coalición de PP y Cs señalan que trabajan en la fórmula legal concreta para retirar de las calles todos esos contenedores de ropa usada (salvo los naranjas de Proyecto Lázaro) que estén sobre suelo público.
Esta decisión la comunicó el gobierno municipal este miércoles, a preguntas de este diario, tras conocerse un vertido de toneladas de ropa usada en el entorno de Rabasa, del que la Policía Local sigue investigando su procedencia. Además, los agentes municipales han presentado una denuncia para reclamar al propietario del terreno que asuma la limpieza de las miles de prendas de ropa, la mayoría en un buen estado, que se acumulan hace días en un terreno situado entre Rabasa y el PAU, próximo al Camino Fondo Piqueres. Si el dueño del solar no procede a retirar las toneladas de ropa, el Ayuntamiento limpiará el terreno y le pasará posteriormente la factura con el coste.
El «negocio» de la ropa usada ha llevado a la proliferación de contenedores por las calles de Alicante. De todos, según fuentes municipales, sólo los de Proyecto Lázaro tienen permiso para ocupar suelo público. La entidad tiene en vigor un convenio con la Concejalía de Acción Social para emplear a una decena de personas en situación de vulnerabilidad. «Nuestras cuentas son públicas, el resto de entidades no sabemos qué hacen con la ropa que recogen. Se lucran», señala el gerente de Proyecto Lázaro en Alicante, Jaime Aznar, quien urge al Ayuntamiento a que no permita que entidades sin licencia tengan contenedores en espacios públicos porque suponen una competencia desleal. «En otros municipios, el Ayuntamiento si es serio requisa el contenedor ilegal y si la entidad quiere ir a recogerlo tiene que pagar una multa», añade.
En Alicante, al menos tres entidades más ejercen la misma actividad: recogida de ropa usada. Aunque no todas explican qué hacen con el dinero recaudado. Desde Ecovida, una asociación de origen británico, explicaron que el dinero que sacan de vender la ropa lo donan a municipios de la provincia, aunque no concretaron el nivel de negocio que manejan. Desde la entidad «Mucho más que vida», por su parte, no respondieron a la llamada de este diario, mientras que el teléfono de Acción Solidaria que aparece en los contenedores no existe.
Desde el PSOE llevan casi un año reclamando al equipo de gobierno que considere «residuos» los contenedores sin permiso municipal y que se retiren de manera inmediata de la vía pública. «Es una competencia desleal e incluso fraudulenta por parte de particulares o empresas que sacan rédito económico de la recogida de ropa usada».
