La Concejalía de Urbanismo acaba de publicar una instrucción para acabar con casi tres décadas de confusión en la interpretación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con este mecanismo legal, que se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), el Ayuntamiento de Alicante prevé acabar con 28 años de «interpretaciones erróneas» entre los servicios municipales y el personal técnico externo. En concreto, sobre las dimensiones mínimas de los apartamentos en la ciudad.

La controversia viene de lejos. En concreto, desde 1992, cuando el Consistorio alicantino sacó adelante la primera modificación del PGOU, que se había aprobado definitivamente apenas cinco años antes, en 1987. Sin embargo, ese primer cambio de un Plan General que hoy sigue vigente no se completó correctamente, ya que supuso el ajuste de un artículo (el 91.4), pero esa modificación puntual no se trasladó a otra decena de artículos que estaban relacionados entre sí. Ese desliz ha generado casi tres décadas de «consultas innumerables y de discrepancias» entre ambas partes: administración y ciudadanía. Es decir, de retrasos en la tramitación.

Así se recoge en el decreto impulsado desde Urbanismo que se hizo público este martes a través del BOP. «La instrucción tiene como objeto clarificar en aquellos artículos que hacen referencia expresa al artículo 91.4, y que habiendo sido modificado no se trasladó en el sentido dado a dicha modificación a los artículos que seguidamente se relacionan», señala el documento, en el que se subraya que «con esta instrucción se incorpora como criterio de interpretación y se incluye como obligatorio tanto el programa mínimo excepcional, para las viviendas-apartamentos, como el programa mínimo a proyectar para la vivienda mínima».

El decreto urbanístico, que permite no tener que iniciar otra modificación del PGOU (que no son nada breves), añade que la falta de modificación de los artículos vinculados al inicial durante estas últimas tres décadas «ha producido, y produce, constantes interpretaciones erróneas por parte de personal técnico externo y la ciudadanía en general». Es decir, que ha inducido a «errores de interpretación que se están manteniendo, aproximadamente, 28 años desde la aprobación de la Modificación Puntual nº 1 en 1993». Ante esta situación, la instrucción impulsada desde el área que dirige el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) resultaba «inaplazable» ante las «innumerables consultas y discrepancias habidas durante dicho periodo». De esta forma, se enfatiza en que para la vivienda-apartamento la superficie útil mínima debe ser de 24 metros cuadrados, mientras que en aquellas zonas cuya calificación no permita la vivienda-apartamento, la vivienda tendrá una superficie útil mínima de 30 metros cuadrados.

Más cambios previstos

La aprobación de esta instrucción (que sin una norma jurídica, es, de facto, una fuente del derecho urbanístico y ambiental) supone dar carpetazo definitivo a una cuestión que ha supuesto innumerables controversias. Así lo reconoce el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez: «La modificación del PGOU dejó un artículo a medias. Estaba cojo, no se definía como debiera. En breve tendremos que hacer otra instrucción similar por cambios en las normas urbanísticas que están generando también controversias, como nos han indicado desde el Colegio de Arquitectos en la concesión de licencias. Por ejemplo, con la altura entre forjados».

Dudas del interventor continúan retrasando el Presupuesto de 2021

El bipartito de Alicante admitió este martes que el interventor está solicitando a distintas concejalías «información» suplementaria sobre el proyecto de Presupuesto municipal para 2021. El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, y el adjunto, Manuel Villar, explicaron que el retraso en el visto bueno de Intervención se debe a que está exigiendo aclaraciones sobre diversas partidas. Eso sí, el portavoz adjunto negó que haya habido algún reparo: «No nos consta». El borrador del Presupuesto lleva más de un mes en intervención, pese a que el plazo inicial era de diez días, lo que está generando más retrasos en la aprobación de las cuentas para este año.