El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ordena a la Conselleria de Sanidad que vacune contra el coronavirus a todo el personal sanitario que trabaja en la sanidad privada de la provincia.

Así se recoge en un auto del juzgado después de que el Colegio de Médicos de Alicante solicitara el miércoles la adopción de medidas cautelarísimas para vacunar al personal sanitario de la privada. En este auto se requiere a la conselleria para que elimine «cualquier impedimento que obstaculice o dificulte» esta vacunación.

El juzgado exige que esta vacunación se haga «con el mismo orden, prelación y demás circunstancias que se aplicarían al personal sanitario público, sin discriminación ni demora alguna respecto al personal sanitario público». Contra este auto no cabe recurso. El abogado del Colegio de Médicos, Guillermo Llago, explicó ayer que estarán vigilantes para que desde hoy las vacunas que se administren en primera dosis «vayan de manera prioritaria al personal de las clínicas privadas». Si no se respeta este orden «interpondremos una denuncia penal por desobediencia».

En paralelo se abre un procedimiento para determinar si se han infringido los derechos fundamentales de los profesionales de la privada que no han recibido la vacuna «y solicitar las pertinentes indemnizaciones».

Comparecencia en el Colegio de Médicos ayer. MANURL R. SALA/ALEX DOMÍNGUEZ

Pocas horas después de conocerse el fallo, la Conselleria de Sanidad convocó a una videoconferencia para las 11 horas de hoy a los responsables de los centros privados.

Para Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada Aspe, se ha llegado a la situación que ahora ha corregido la Justicia porque «se ha priorizado sin sentido ya que se tenía que haber vacunado antes a los que están en primera línea con independencia de que fueran de la pública o de la privada». Para él, «diferenciar por etiquetas solo tiene una justificación posible: la ideológica». El representante del colectivo al que pertenecen todos los centros sanitarios privados que trabajan en la Comunidad, destacó el «enorme enfado» de su personal, «que se sienten profesionales de segunda cuando se encuentran en una situación de riesgo porque están atendiendo a pacientes Covid».

Hasta el momento en la Comunidad Valenciana no se ha vacunado a nadie de la privada, salvo aquellos que también trabajan en la pública, que han sido inmunizados allí. Una decisión que contrasta con la de otras autonomías, como la Balear, donde el criterio ha sido vacunar a todos los que están en primera línea, ya sean de la pública o de la privada, y después han seguido con el resto, según explica Rus.

Antes de notificarse la decisión del juzgado, el presidente de Aspe Alianza de la Sanidad Privada Española) ya había manifestado su intención de ponerse en contacto con el Colegio de Médicos de Alicante para sumarse a la denuncia. «Queremos ir juntos a los tribunales y exigir responsabilidades a la Administración, que se nos explique si el razonamiento es que primero es lo público y después lo privado porque con eso se está poniendo en riesgo la vida de profesionales que son fundamentales para superar esta situación. Y de una forma absurda cuando además estamos teniendo derivaciones del ámbito público», precisó. Y agregó: «Da la impresión que a la Administración no le importa que los profesionales de la privada se contagien o mueran. Y si eso ocurre, habrá que ver de quién es la culpa».

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En cuanto los políticos que se han vacunado saltándose todos los turnos, Rus entiende que «es una cuestión que corresponde a las administraciones porque no se ha respetado el protocolo y el propio ministro ha dicho que son las comunidades autónomas las que tienen que tomar medidas», apostilló.

La presidenta del Colegio de Médicos, María Isabel Moya, critica que pese a que la estrategia del ministerio sólo prioriza los grupos a vacunar en función del riesgo al virus «aquí se ha hecho una clara distinción entre el personal sanitario que trabaja en la pública y en la privada». Para la representante de los médicos alicantinos «Ese trata de una discriminación en toda regla no se cumplen los principios éticos que rigen los criterios de vacunación, ni de solidaridad».