Apenas una día después de que un juez de Alicante obligara a vacunar de inmediato al personal de la sanidad privada, la Conselleria de Sanidad se ha comprometido con los gerentes de estos centros a facilitarles las dosis de Moderna que está previsto que lleguen la próxima semana. El anuncio se ha comunicado en una videoconferencia que se ha celebrado esta mañana, que ese ha celebrado en un buen tono pese al varapalo judicial (al que no se ha hecho referencia en el encuentro) y en la que por parte de la pública han asistido la secretaria autonómica, la subsecretaria, la directora general Asistencial y el responsable de programa de vacunación.

Fuentes presentes en la reunión precisaron que Sanidad ha asumido ese compromiso aunque ha admitido que no tienen la completa seguridad de que el envío de Moderna llegue el miércoles, cuando está previsto.

La primera remesa de este laboratorio llegó a la provincia el pasado 13 de enero. Fueron 800 dosis que precisan de una segunda tanda para lograr la inmunidad. Hay comprometidos otros tres envíos, de los que el primero sería el que se espera para mediados de la próxima semana, con una periodicidad de quince días hasta alcanzar un total de 48.800 dosis, de las que había que restar las 800 para completar el proceso de las ya administradas.

Sanidad no está segura de que el envío de Moderna llegue el próximo miércoles, como está previsto

Los responsables de Sanidad ha informado a los gerentes de la privada que una vez de dispongan de las dosis se les entregarán en dos tandas: la primera para el personal que está en contacto más directo con el virus y la segunda para el resto. En la Comunidad la plantilla del personal privado ronda las 7.000 personas de las 2.500 trabajan en centro ubicados en Alicante. El compromiso de la Conselleria abarca a todo el colectivo aunque el auto de juez únicamente obliga a vacunar a los de Alicante ya que responde a las medidas cauteralísimas planteadas por el Colegio de Médicos de Alicante, a quien representa el letrado Guillermo Llago.

Frente al malestar del personal de la privada, que no entienden por qué no tienen la misma consideración que el de la pública, Sanidad ha incidido en el problema al que se enfrentan por la falta de vacunas después de que Pfizer se haya visto obligado a reducir esta semana las entregas por problemas en su laboratorio y las pocas dosis que han llegado hasta el momento de Moderna.

El auto del juzgado de lo Contencioso número tres de Alicante notificado ayer ordenaba la vacunación de inmediato del personal de la privada "con el mismo orden, prelación y demás circunstancias que se aplicarían al personal sanitario público, sin discriminación ni demora alguna respecto al personal sanitario público".

Para Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada Aspe, se ha llegado a la situación que ahora ha corregido la Justicia porque «se ha priorizado sin sentido ya que se tenía que haber vacunado antes a los que están en primera línea con independencia de que fueran de la pública o de la privada».