La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante reclama a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dé salida a 945 expedientes tramitados de personas y familias alicantinas que han solicitado la Renta Valenciana de Inclusión y que esperan desde hace meses la solución a su difícil situación.

Según fuentes municipales, la Concejalía de Acción Social se han tramitado un total de 5.234 expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión desde su convocatoria en 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020. "Precisamente este último año 2020, se han cursado 2.005 expedientes. De ellos, 945 son los que esperan la resolución por parte de la Conselleria (en manos de la vicepresidenta Mónica Oltra) desde hace cuatro meses", añaden las fuentes.

“Esa larga espera - afirma la concejala Julia Llopis - implica el incremento de incidencias y demandas hacia los servicios sociales municipales que, de otra manera, no se produciría, ya que se trata de personas y familias que no pueden acceder a otro tipo de ayudas al estar pendientes de la resolución de su solicitud para la Renta Valenciana de Inclusión”. El Ayuntamiento explica que Acción Social tramita un total de 339 expedientes que figuran repartidos por los centros sociales de la ciudad y que "son todo lo que queda pendiente por informar desde la Concejalía en cuanto a Renta Valenciana de Inclusión se refiere. Estos expedientes se encuentran en distintos grados de tramitación, tanto de confección del informe como de comprobación de datos o reclamación de información y documentos necesarios para darles curso".

La edil Llopis quiere poner en valor “el gran trabajo desarrollado por el personal adscrito a la Concejalía de Acción Social de Alicante, que ha tenido que superar circunstancias muy adversas como la pandemia que actualmente padecemos. Incluso en esas circunstancias, nuestros funcionarios han sido capaces de poner prácticamente al día la Renta Valenciana de Inclusión en lo que corresponde a la ciudad de Alicante.

La edil Llopis insiste en la necesidad de que “la Generalitat también haga sus deberes y apruebe cuanto antes los expedientes que tiene sobre la mesa. Estas personas y familias, que también han sido duramente golpeadas por la pandemia y que acuden a los servicios sociales municipales en busca de ayuda, podrían tener ya reconocida su prestación y con ello estarían en mejores circunstancias para hacer frente a las consecuencias sociales que ha traído el covid a miles de alicantinos”.