Todo apuntaba a que las nuevas restricciones impuestas por la Generalitat para la prevención del coronavirus iban a tener consecuencias nefastas para la economía, y estas previsiones se han empezado a convertir en realidad. En la última semana se han presentado en la provincia de Alicante un total de 933 nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que en su conjunto afectan a 3.816 trabajadores. Como cabía esperar, los servicios acaparan la inmensa mayor parte de los expedientes, con la hostelería, paralizada por el cese forzoso de actividad, a la cabeza. El Gobierno, mientras tanto, ha aprobado formalmente la nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, con la novedad de que los campings, el alquiler de barcos y los aparcamientos de caravanas han sido incluidos entre los beneficiarios.

Fue el pasado jueves día 21 cuando entraban en vigor las nuevas restricciones aprobadas por la Generalitat para tratar de frenar el devastador crecimiento de los contagios de coronavirus, y los efectos sobre la economía ya se han dejado notar, y además, de manera rotunda. La principal evidencia son los ERTE, que han registrado un espectacular incremento si se comparan las cifras de la semana pasada con las de la actual.

En concreto, se han presentado un total de 933 nuevos expedientes en la provincia de Alicante, que en su conjunto afectan a 3.816 trabajadores. El sector servicios es el principal damnificado, con 917 ERTE para 3.618 empleados. El cierre decretado para la hostelería se esconde detrás de esta fuerte subida. La industria, por su parte, ha planteado en este mismo periodo 14 expedientes para 178 trabajadores, la construcción tan solo uno para 24, y la agricultura igualmente uno, aunque en este caso la cifra total de operarios afectados se ha reducido en cuatro. Cabe reseñar, asimismo, que la práctica totalidad de los ERTE, así como de los trabajadores afectados, se corresponden con los denominados expedientes de rebrote, es decir, de negocios afectados por nuevas medidas restrictivas.

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), Mar Valera, resalta que, efectivamente, casi todos los ERTE pertenecen a su sector. «Salvo los que han optado por servir comidas para llevar, todos los demás establecimientos no han tenido otro remedio que cerrar. Incluso hay gente que ha despedido, porque está convencida de que, en el momento en que sea posible la reapertura, no habrá ni mucho menos el nivel de actividad suficiente para aguantar a todo el personal», lamenta. La hostelería ha quedado incluida en el Plan Resiste de la Generalitat, que, no obstante, Valera considera una limosna. «Nuestro sector -destaca- lo que necesita realmente es un rescate».

Otro sector que está sufriendo el embate de la crisis es el comercio, qu,e tras las nuevas restricciones, se está viendo obligado a cerrar a las seis de la tarde. Vicente Armengol, portavoz de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), indica que el comercio tradicional «tiene un máximo de cuatro empleados, y los ajustes ya se hicieron en su momento. Ahora lo que nos toca es resistir, aunque resulta muy complicado con una bajada de las ventas de entre el 40% y el 60% tras unas navidades y unas rebajas catastróficas. La gente, con la situación de la pandemia, no viene a comprar, y menos ahora con los cierres perimetrales. Además, y de forma increíble, el Consell nos ha dejado fuera de las ayudas».

El Gobierno aprobó ayer la prórroga de los ERTE y de la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de mayo, medidas que tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponderán a los ERTE y unos 2.000 millones a la prestación de autónomos. La nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de enero, aunque simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo, de forma que no se necesitarán nuevas autorizaciones administrativas.

Las nuevas actividades que se incorporan son campings y aparcamientos de caravanas, alquiler de barcos, y actividades de mantenimiento físico. En cuanto a la moratoria de la deuda de los alquileres, se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la renta, siempre que el aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. Por otro lado, se aprueba el aplazamiento del pago de la renta del alquiler a los grandes tenedores (más de diez viviendas), se amplía hasta la finalización del estado de alarma.

Más de 1.450 millones para la subida de las pensiones

El alza es del 0,9%, salvo para las no contributivas, que experimentarán un incremento del 1,8%

El Consejo de Ministros formalizó ayer, mediante la aprobación de un decreto ley, la subida de las pensiones del 0,9% para 2021 ya prevista en la Ley de Presupuestos (del 1,8% para las pensiones no contributivas), que ha tenido un coste de 1.454 millones de euros. El visto bueno llegaba justo el día en el que también se daba luz verde a la prórroga de Los ERTE.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó que éste será el último año que se lleve a cabo la revalorización de las pensiones sin una regla estable. Al respecto, comentó que se está ultimando un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo permanente de revalorización, que se llevará «muy próximamente» al Parlamento y que reflejará el mandato del Pacto de Toledo para mantener el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC real.

En cuanto a la subida de 2021, explicó que se han revalorizado el 0,9% un total de 9.811.126 pensiones contributivas, con un coste de 1.261 millones, y que han subido el 1,8% un total de 446.021 pensiones, con un coste de 46 millones. A esas pensiones se suman las 664.274 del régimen de las clases pasivas (empleados públicos), que también han aumentado el 0,9%, con un coste de 147 millones.