Los locales de hostelería de Alicante quedan eximidos de la tasa de veladores, al menos, hasta mediados de este año, en una medida reclamada por el sector para intentar aliviar la crisis económica derivada de la pandemia y de las restricciones decretadas por la Generalitat Valenciana. Así lo aprobó el Pleno municipal con el respaldo de todos los grupos, salvo la abstención de Unidas Podemos, que reclamó que la modificación de la ordenanza sirviera también para dotarla de una mayor «progresividad».

El cambio en el texto que regula la ocupación temporal de terrazas con sillas y mesas con finalidad lucrativa incluirá ahora la bonificación total de la tasa en caso de que se decrete la reducción de al menos un 50% de ocupación por causas de salud pública o emergencias, como la actual pandemia, o de un 70% en caso de obras públicas por un periodo superior a los treinta días que afecten a su funcionamiento sin impedir su instalación. La concejala de Hacienda, Lidia López (PP), defendió la medida impulsada por el bipartito ante las exigencias de la hostelería: «Es una puesta en practica de la voluntad política para aplicar una disminución de la carga fiscal para los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus».

La hostelería fue protagonista al principio del pleno, con la aprobación inicial de la ordenanza, y también en su recta final, con el visto bueno a una iniciativa de Vox para reclamar a la Generalitat más ayudas para la hostelería -al considerar insuficiente el fondo anunciado por el jefe del Consell, Ximo Puig, en el que participan diputaciones y ayuntamientos- e instar además al Gobierno central a que los trabajadores en ERTE cobren el 100% de sus salarios. La medida sirvió para evidenciar los bloques ideológicos en los que está dividido habitualmente el Pleno municipal: la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) apoyó la propuesta, mientras que la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) votó en contra. Lo usual.

Bloques, con todo, que se rompieron en diferentes momentos de la sesión. Así, la oposición (los tres grupos progresistas, junto a Vox) pudo sacar adelante una propuesta para intentar reforzar su fiscalización a la gestión del bipartito, lo que generó un bronco debate en el que cobró protagonista hasta el secretario municipal. Todo arrancó con una iniciativa de los socialistas para duplicar la periodicidad de las comisiones permanentes, es decir, las que se convocan antes de los plenos para abordar los asuntos que días después se votan en las sesiones. El grupo municipal encabezado por Sanguino pretendía -y consiguió- que los órganos tuvieran una periodicidad quincenal, y que en ellos se diera cuenta de la totalidad de los asuntos de su competencia antes de ir al Pleno o a la Junta de Gobierno.

Esa última cláusula fue la que provocó la intervención del alto funcionario y, a su vez, el enfado de la izquierda, que le reprochó que ante una moción calcada (que presentó el PP en 2017 cuando gobernaba en solitario el PSOE) no hicieran ninguna objeción. En el estricto debate político, el equipo de gobierno acusó a la oposición de querer bloquear la gestión. «Quieren reducir los tiempos de las comisiones para que este gobierno no llegue, asfixiándolo y bloqueando la gestión. No apoyaremos esta moción porque no va a ayudar en absoluto a agilizar las propuestas en el Ayuntamiento», señaló Adrián Santos Pérez, que fue la voz de Ciudadanos en este punto [de nuevo, el portavoz adjunto, José Luis Berenguer pasó inédito por la sesión, y eso que se prolongó más allá de nueve horas]. Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, lamentó que la oposición pretenda acceder a las Juntas de Gobierno sin formar parte del ejecutivo municipal. Al respecto, les conminó a ganar elecciones para acceder al órgano municipal. «No ha habido un gobierno en Alicante con más transparencia que éste. Es una moción absurda», argumentó la popular.

La visión desde la oposición fue totalmente la contraria. Lógico. Desde Compromís, Natxo Bellido incidió en la falta de congruencia del bipartito, con especial énfasis en el PP: «¡Qué complicada es la coherencia en política! Aunque, para paralizar la gestión, el bipartito se basta solo». La socialista Trini Amorós enfatizó la postura cambiante de los populares: «Entonces, ¿lo que pretendían [en 2017] era paralizar la gestión del gobierno socialista, cuando solo teníamos seis concejales [frente a los catorce del bipartito]? Nosotros queremos aportar nuestro trabajo». Los extremos del pleno -Unidas Podemos y Vox- coincidieron al defender el voto a favor de la propuesta. Ambos defendieron que la oposición está para fiscalizar al gobierno de turno. Obvio. «Claro que nuestro trabajo es fiscalizar. ¡Se han dado cuenta ahora!», apuntó el morado Xavier López en esa intervención plenaria.

Tampoco hubo votación en bloques en la propuesta del bipartito para reclamar a la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, que abra el albergue de La Florida para los sintecho, tal y como se hizo durante la primera ola de la pandemia. En este caso, el gobierno de Barcala sumó a Vox y también al PSOE, ante la sorpresa de las otras dos formaciones de izquierda, que no ocultaron su malestar por que los socialistas rompieran, en ese punto, la unidad del Botànic.

Justo en el siguiente punto del orden del día, volvió a romperse la izquierda. Pero con otros protagonistas. El ejecutivo municipal elevó una declaración institucional para pedir medidas con tal de reducir «el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias vulnerables». De nuevo, PP y Ciudadanos sumaron a Vox y también a un grupo progresista. En este caso, a Compromís, que no forma parte de los socios del Gobierno central.

Lo esperado

No hubo sorpresas en otros asuntos del pleno, como la propuesta de Unidas Podemos para requerir al bipartito que promueva la compra de las harineras de Benalúa Sur (Bufort y Cloquell). La iniciativa se rechazó tras la unión de las derechas. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), aseguró que el equipo de gobierno trabajará para llegar a un acuerdo con los propietarios, pero «sin expropiaciones ni imposiciones en los usos». El edil recordó que todo lo que no sea llegar a un pacto entre las partes provocaría «indemnizaciones millonarias». Los grupos progresistas, por su parte, abogaron por la importancia de proteger ambas edificaciones y que no sean víctimas de la especulación urbanística.

También la derecha, mayoría en el Pleno municipal de Alicante, logró sacar adelante una propuesta para pedir a la Generalitat Valenciana que «mantenga y amplíe» los conciertos educativos con la concertada. El debate no se salió de lo previsto, con el bipartito y Vox criticando la Ley Celaá y la izquierda defendiendo la educación pública.

La unidad total de la Corporación se limitó a contadas iniciativas en un pleno que se prolongó desde las 9.30 horas y hasta casi las 19 horas, con apenas 45 minutos de receso al mediodía. El Pleno aprobó por unanimidad la retirada del centenar de contenedores ilegales de ropa usada que están repartidos por la ciudad, una propuesta para facilitar financiación para la asociación Parkinson Alicante y poco más.

Unanimidad también hubo, pero en las caras de sorpresa, cuando el concejal y presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), se dejó el micrófono abierto de su ordenador e hizo testigo, sin voluntad, a la Corporación municipal de la crisis abierta en la institución provincial por la vacunación irregular del diputado Bernabé Cano. Mazón aireó un mensaje que había recibido del también alcalde de La Nucía. Barcala, con gesto de total incredulidad, hizo lo posible para frenar al líder provincial de su partido. También puso especial interés en el epílogo del pleno municipal para recordar al resto de concejales la difícil situación que sufre la ciudad por la pandemia.

Seguimiento a las medidas frente a la crisis del coronavirus

El bipartito, a través de la vicealcaldesa y concejala de Turismo, rechazó convocar de nuevo la Comisión para la Recuperación de Alicante. Sánchez alegó que el órgano municipal finalizó el pasado mes de julio con la aprobación del dictamen con el centenar de medidas para hacer frente a la crisis socioeconómica por el covid. Eso sí, se abrió a convocar mesas de trabajo sectoriales, una por cada una de las subcomisiones, para hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las propuestas acordadas entre el Ayuntamiento de Alicante y representantes de la sociedad civil, que se aprobaron hace medio año con el respaldo de todos los grupos municipales. Sánchez, respecto a su área, aseguró que la mayoría de las medidas turísticas ya se han ejecutado. Por otro lado, el bipartito con el apoyo de Vox rechazó la propuesta del PSOE para elaborar un estudio estratégico del impacto económico de la Navidad y las Hogueras en la ciudad de Alicante. El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, lamentó además que en la iniciativa no se incluyera también la Semana Santa.

Luz verde a la fórmula para agilizar licencias urbanísticas

La ordenanza para reducir a unos tres meses los plazos suma a todo el pleno salvo a Podemos, que se abstiene

El pleno de Alicante aprobó este jueves definitivamente la Ordenanza que regula el régimen de funcionamiento de las entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas en Alicante, que en la práctica busca agilizar los trámites en la adjudicación de licencias urbanísticas. La herramienta persigue que los plazos pasen de los hasta 16 meses actuales a menos de tres meses. La propuesta contó con el aval de toda la Corporación local (27 votos a favor), salvo la abstención de Unidas Podemos (dos concejales).

La ordenanza regula el objeto, funciones y finalidad de las entidades colaboradoras de la administración, así como sus obligaciones en la gestión y los procedimientos de concesión de las licencias de obras y declaraciones responsables de obras. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, señaló que la nueva ordenanza permitirá hacer frente con «mayor eficacia al incremento anual del volumen de solicitudes de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones de obras», además de «paliar las necesidades de nuevo personal para hacer frente a este incremento en el número de expedientes, agilizando su tramitación y reduciendo el tiempo para la obtención de las licencias».