La Fiscalía de Alicante ya tiene vía libre para investigar si han cometido algún delito la veintena de personas, entre políticos y funcionarios, que se han vacunado contra el covid en la provincia cuando no les correspondía.

La denuncia que el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, consideraba imprescindible para estudiar estos hechos se encuentra desde ayer en la sede de la Fiscalía, donde la presentó el representante vecinal José María Hernández en su nombre y en el de otro exdirigente de colectivos ciudadanos, José Luis Valdés.

La alcaldesa de El Poblets, Carolina Vives, y el alcalde de El Verger, Ximo Coll. | INFORMACIÖN

En el escrito, que se dirige a Rabasa y a la Fiscalía Anticorrupción, los denunciantes explican que han tenido conocimiento de estas vacunas Vip por los medios de comunicación, lo que les ha «alarmado» por el «vacío legal que según nuestro criterio se está produciendo en la organización y gestión de sistema de vacunación en esta pandemia».

Entre los que han saltado su turno para inmunizarse se encuentra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, el popular Bernabé Cano, y los también regidores de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, matrimonio y ambos del PSPV, formación que les ha suspendido temporalmente de militancia por estos hechos. También se han colado, entre otros, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, del PP, y la primera teniente de alcalde de Dénia, la socialista Cristina Morera, quien a raíz de hacerse público que también había recibido una primera dosis, renunció a la segunda y a su cargo en el Ayuntamiento, del que se ha marchado admitiendo que había cometido un error. El resto no se ha movido de sus puestos.

A la derecha, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano. | INFORMACIÖN

Los denunciantes planean que, con independencia de que estas conductas pudieran tener una sanción penal, «se inhabilite para ocupar cualquier cargo político que ostenten ahora y en el futuro a todas las personas que se han saltado la normativa establecida» para la administración de la vacuna, que en ningún momento daba prioridad a los cargos públicos. Y piden que «se encuentre la fórmula legal para que estos sucesos vergonzantes no se puedan dar más en un sistema democrático como es el nuestro».

A la izquierda del alcalde de Dénia, la primera teniente de alcalde, Cristina Morera. | INFORMACIÖN

La segunda

De abrirse diligencias por estas vacunaciones irregulares, a través de las cuales ya han recibido al menos la primera dosis en el país unas 700 personas, la de Alicante sería la segunda Fiscalía en hacerlo después de que la de Murcia iniciara una investigación hace unos días. Allí fue después de que fueran el PSOE y Podemos los que interpusieran las denuncias tras conocerse que la Consejería de Salud había facilitado la vacuna a todos los altos cargos y funcionarios adscritos a este departamento y al Servicio Murciano de Salud sin tener en cuenta los protocolos establecidos para inmunizar a los colectivos con mayor riesgo.

Antes de que se presentara denuncia en Alicante, Rabasa explicó que, de llegar este asunto a su departamento, como ahora ha ocurrido, se estudiaría cada caso de forma individualizada para determinar las circunstancias de cada uno.