En primera línea vio los efectos de una Justicia, lenta. Su primer destino fue el juzgado de Alcoy que tuvo que dejar en libertad en 2003 al acusado de un triple crimen en Benifallim, al agotarse el plazo máximo de cuatro años que podía estar en prisión preventiva. El método de trabajo para agilizar la respuesta de la Justicia le ha hecho merecedor del premio del CGPJ.
¿Cómo encontró el juzgado?
En 2007, se había generado mucha pendencia, con una agenda a tres años vista y más de 1.300 asuntos pendientes. Diseñamos un plan para reducir los tiempos. Y pasamos a tenerla a menos de dos meses y menos de 300 casos.
¿Cuál ha sido el secreto?
El secreto es el trabajo del equipo y la gestión impecable por parte del Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Sirvent. Él hace una selección de asuntos, unifica los que son semejantes y controla el funcionamiento de la oficina para que haya una tasa de resolución alta. Ahora mismo estamos al día.
¿Le parece normal que se considere excepcional que un juzgado sea rápido?
Me gustaría que no fuese excepcional, pero hoy por hoy parece que sí lo es.
¿Y por qué es tan lenta?
Intervienen muchos factores. Sobre todo, la sobrecarga de asuntos y la falta de medios. No puede ser que cada comunidad disponga de su propia aplicación informática y las plataformas sean ineficientes. En este juzgado, el control se lleva por una aplicación creada por el secretario.
¿Por qué esas diferencias de un juzgado a otro?
La diferencia, además de la falta de medios, está en la gestión de cada uno. De hecho, el premio es porque, entrando lo que entra, el trabajo se organiza de la manera más eficiente. Todos los juzgados de este partido están desbordados. Nos gustaría que el premio no se quedara en un simple reconocimiento y se fuese más allá. Que alguien, desde donde sea, investigase qué se hace y aplicarlo.
En tiempos de pandemia, ¿cuál cree que debe de ser el papel de un juez de Contencioso?
El papel de un magistrado y de un juzgado es dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma eficiente y eficaz. Quien va a un juzgado, tiene un problema. Lo que quiere es ser escuchado y que su problema sea resuelto.
¿Qué le parece que un juzgado sea el que tenga que pronunciarse sobre si la Administración debe dotar de equipos de protección a los sanitarios?
Esto demuestra la grandeza del sistema y la importancia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, al existir un procedimiento específico que, de forma muy rápida, ha permitido exigir a la Administración que facilite los medios imprescindibles para trabajar.
¿Y sobre que sea un juzgado quien tenga que decir que se debe vacunar con urgencia a los sanitarios de la privada?
Nuevamente, se pone de manifiesto que el sistema funciona. Se hace una petición para que se vacune a los médicos de la privada y en unos días se dispone de una resolución que obliga a hacerlo. Más celeridad, imposible.
¿Están entrando muchos recursos a sanciones por incumplir el estado de alarma?
Aún no hemos registrado ninguna. Supongo que estarán todavía en la vía administrativa. Creo que la legislación sancionadora del estado de alarma se confeccionó de forma inadecuada. El decreto no define qué conductas son objeto de sanción. Hay remisiones a otras leyes y nadie sabe dónde están las disposiciones legales vigentes. Muchas multas corren el riesgo de ser tumbadas por los tribunales. Con las mascarillas sí se ha hecho bien, por cuanto se tipifican esas conductas y se concreta cuál sanción que corresponde.
Distintas comunidades autónomas con normas distintas, ¿cómo se come esto?
El legislador no deja de producir normas y muy variadas. Nos enfrentamos a una situación compleja y reaccionamos a golpe de suceso. No se dictan normas estudiadas detenidamente, porque la situación no lo permite.
¿Puede una alerta sanitaria vulnerar derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales no se tienen que vulnerar nunca. Ahora bien, en ocasiones es necesario ponderar intereses en conflicto y decidir cuándo un derecho fundamental pueda ser limitado. Esas decisiones son las que tienen que tomar los jueces.
¿Qué le parece que haya políticos que se hayan saltado los protocolos para vacunarse?
No me parece bien, pero no soy nadie para valorarlo. Entiendo que la gente está asustada y tiene miedo y, cuando uno tiene miedo, es capaz de cualquier cosa. Quiero pensar que es porque ven lo peor de la pandemia.
¿Hay alguna resolución de la que se haya sentido orgulloso?
Estamos orgullosos de la sentencia que obligó a crear un Tribunal Económico Administrativo Local en Alicante, que debería haberse hecho en 2003 y no se hizo hasta 2018 por una sentencia de este juzgado. Tenerlo es un prestigio para Alicante.
Y en el otro lado, ¿alguna resolución que le dejara mal sabor aunque aplicó la ley?
Los jueces somos personas y a veces dictamos resoluciones que no nos gustan. Pero siempre tenemos que estar sometidos al imperio de la Ley. Sería muy pernicioso que un juez quisiese aplicar Justicia social y tratar de adaptar la normativa a casos particulares.
También ha publicado novelas sobre violencia machista, ¿se plantea alguna solución?
He escrito una novela que se titula «Ana somos todos», donde se trato la problemática. Vengo a plantear que es algo muy difícil de abordar y que el sistema no está preparado para dar protección en casos extremos. Hay unos casos de alto riesgo en los que no hay nada que hacer.
