La vacunación contra el coronavirus de los profesionales de la sanidad privada comenzará al fin esta semana. La recepción de viales de las vacunas de Pfizer y Moderna, a partir de hoy mismo, junto con los que tiene almacenados la Generalitat permitirán inyectar un gran número de dosis y, lo que es más importante, comenzar a cubrir un flanco que hasta ahora ha estado descubierto, el del personal de los centros sanitarios no públicos. Los propios afectados y los colectivos profesionales del ámbito de la salud han venido demandando en las últimas semanas que se solucionara esta cuestión, y un juez de Alicante emitió finalmente el pasado 21 de enero una cautelarísima que obligaba a vacunarles.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer durante una reunión con otros responsables del Consell y del Gobierno para abordar diversas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria que está previsto administrar alrededor de 52.000 vacunas a partir de hoy. Esto será posible gracias a la recepción de cerca de 37.000 dosis, unas 32.700 de la fabricada por Pfizer y otras 4.200 de la de Moderna. Estas últimas forman parte del contingente de 52.000 dosis que llegó ayer a España, y que se está distribuyendo ya entre las comunidades autónomas. Asimismo, a los viales que se recepcionarán estos días hay que sumar los que tenía el gobierno autómico almacenados, y que se habían reservado «para garantizar las segundas dosis», según señaló Ximo Puig.
En el plan de vacunación de esta semana, añadió el jefe del Consell, cerca de 18.000 dosis se destinarán a usuarios de residencias, mientras que las 34.000 restantes se inyectarán a sanitarios. Teniendo en cuenta que a muchas personas de ambos colectivos se les estará aplicando ya la segunda dosis, Puig calculó que «al final de la semana superaremos la cifra de 50.000 personas vacunadas con las dos dosis». No obstante, muchos otros recibirán por primera vez la vacuna, como los aproximadamente 8.000 profesionales de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana.
Orden judicial
Un día después de que el juez obligara a vacunar de inmediato al personal de la sanidad privada, como publicó este periódico, la Conselleria de Sanidad se comprometió con los gerentes de estos centros a facilitarles las dosis de Moderna tan pronto llegaran. Responsables del departamento autonómico y del sector sanitario privado alcanzaron ese acuerdo en un encuentro celebrado por videoconferencia, en el que, dejando de soslayo al decisión judicial, por parte del Consell se informó que una vez se dispusiera de las dosis se entregarían en dos tandas: la primera para el personal en contacto más directo con el virus y la segunda para el resto.
El juzgado exigió que la vacunación a los profesionales de la sanidad privada se hiciera «con el mismo orden, prelación y demás circunstancias que se aplicarían al personal sanitario público, sin discriminación ni demora alguna respecto al personal sanitario público», en un auto contra el que no cabía recurso. El sector, cabe recordar, lamentó que se hubiera «priorizado sin sentido» a los profesionales del ámbito público, en lugar de centrarse en quienes están trabajando con un mayor grado de exposición al virus, «con independencia de que fueran de la pública o de la privada». A partir de hoy se corregirá esa situación.
Nueve fallecidos en la residencia de Elche en diez días
Nueve ancianos, usuarios de la residencia Altabix, en Elche, han fallecido entre el 22 y el 31 de enero, según la Asociación para los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR). Los decesos se han producido pese a que el Ejército envió un Regimento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) para desinfectar a principios de enero la residencia. Según denunció ADBAR, nadie sabía en qué situación estaban los usuarios y las personas que las atendían y si eran positivos o no, con lo cual entendían que iba a servir de poco y plantearon la posibilidad de trasladarlos a los «sanos» para evitar el contagio, algo que se fue produciendo de forma paulatina por la falta de personal por las bajas.
