Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Análisis

Ocho años de líos con la limpieza de Alicante

El multimillonario contrato, controvertido desde su adjudicación en 2013 a una UTE participada por Enrique Ortiz, encara su recta final con la vista puesta en una comisión en la que se espera la comparecencia de los seis últimos responsables políticos de la concejalía

Los vertidos de escombros, uno de los temas más criticados en los últimos meses en Alicante.

Controvertido desde el primer minuto, el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante encara su recta final -la adjudicación finaliza en verano- con la vista puesta en una comisión en la que se ha profundizado en la criticada ejecución del servicio. Se ha admitido que el pliego es «insuficiente», que falta control a la concesionaria y que no se llegará a tiempo con la nueva licitación, pese a que la fecha se conocía desde hace ocho años. Y se espera que en marzo comparezcan los últimos seis concejales del área municipal. Por ahora, sólo dos han confirmado asistencia: Pavón y Villar. Mientras, otros dos consultarán con sus formaciones políticas (Domínguez y Marcos). Nadie espera, salvo sorpresa, a Llorens ni a Cortés.

Y es que el actual contrato ha visto pasar hasta a seis responsables políticos desde que entró en vigor en septiembre de 2013. Andrés Llorens (PP) fue el encargado de la adjudicación a una UTE participada por FCC, Ferrovial y Enrique Ortiz -fue la única licitadora y bordeó la baja temeraria-, mientras que Víctor Domínguez (Guanyar) se convirtió en el primer edil de la izquierda al frente del área, que se vio forzado a dejar el testigo en manos de Miguel Ángel Pavón tras dos años y medio de polémicas y ningún avance significativo. Su compañero de partido y de batallas políticas apenas estuvo un par de meses como responsable de Limpieza por la ruptura del tripartito.

El cuarto concejal en ponerse a los mandos fue Fernando Marcos, el único socialista en Limpieza desde que entró en marcha el actual contrato, que cinco meses después de llegar fue desbancado tras la investidura de Luis Barcala como alcalde. Ahí, a mediados de 2018, un año antes de las elecciones municipales, la concejalía volvió a manos del PP: primero con Israel Cortés, que pasó sin pena ni gloria por las responsabilidades de gobierno, y ahora con Manuel Villar, que desde su llegada ha intentado introducir cambios para exprimir un pliego de condiciones «insuficiente» para la ciudad. Y eso que el contrato le cuesta a los alicantinos más de 37 millones de euros al año (unos 100.000 euros al día).

Con Villar llegó la reestructuración profunda del área: recuperó al técnico que redactó el contrato (Sebastián Chicote, arrinconado por el tripartito) y puso al frente del servicio a Manuel Marco. Durante estos casi ocho años de adjudicación, los cambios de piezas han salpicado hasta a cinco técnicos. Y todo para volver al punto de partida.

En este último año y medio, se aprobó el tercer modificado del contrato (1,6 millones más para mejorar el servicio en el PAU 5, Vía Parque, partidas rurales, polígonos y Tabarca) y ya se plantea el cuarto (para asumir la recogida de ropa usada y de materia orgánica), pese a que la adjudicación está en su recta final, lo que ya ha provocado las primeras críticas desde la oposición. Lo que sigue atascado es el futuro contrato: todo está a la espera de la redacción del Plan Local de Residuos. Ya se ha admitido, eso sí, desde el bipartito que no se llegará a tiempo. Así que el gobierno municipal tendrá que elegir la fórmula para mantener en marcha un servicio esencial sin prorrogar el contrato, una promesa electoral de los seis partidos con representación en el Ayuntamiento.

Y es que en algo se pusieron de acuerdo los alcaldables durante la última campaña: no se iba a ejecutar la cláusula para prorrogar la adjudicación dos años más tras las innumerables críticas vecinales. Para mitigarlas, Villar y su equipo pusieron en marcha un plan con más inspección, que derivó en sanciones a la empresa por incumplir el pliego. Un choque que ha acabado en el juzgado. Las dos primeras sentencias han sido favorables a los intereses municipales (una de ellas por la auditoría económica). Con todo, el bipartito admite que falta mucho por hacer, aunque dicen que poco más se puede avanzar con los medios actuales (por las limitaciones del contrato y de personal municipal).

Alicante, en abril de 2019, fue considerada la segunda ciudad más sucia de España en un estudio de consumidores. Desde esa fecha, no ha habido ninguna actualización, aunque una mayoría coincide en que la ciudad está algo más limpia: se ve menos basura en aceras y calzadas, el entorno de los contenedores amanece por norma limpio, se baldean más las calles... Para avanzar aún más, existe un acuerdo unánime de que será necesario redactar un pliego que cubra las necesidades de la ciudad. Aún no hay fecha. Sólo se sabe que se llega tarde. Y la limpieza no es algo que pueda esperar.

Compartir el artículo

stats