En una decisión sin precedentes en la Diócesis de Orihuela-Alicante, el Obispado ha ordenado la disolución de la hermandad penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella, con sede en la parroquia de San Pablo de Alicante, tras comprobar "graves hechos" y constatar que la misma carece actualmente de junta directiva, imágenes titulares y sede. El obispo, Jesús Murgui, firma el decreto de disolución de esta entidad en virtud del Código de Derecho Canónico y de los estatutos de la propia hermandad al considerar que existen "causas graves" que justifican su inviabilidad eclesial.
La investigación del Obispado comenzó tras la petición de la propia hermana mayor, que acreditó con informes médicos la situación de enfermedad por estrés y ansiedad, que requirieron su hospitalización, a la que le habían llevado los desencuentros y enfrentamientos de determinados miembros de la hermandad con la directiva, elegida democráticamente, momentos muy duros de presión que quedaron reflejados en las propias actas de la hermandad, según explica el presidente de la Junta Mayor de Semana Santa Alfredo Llopis. Otras fuentes conocedoras de los hechos especifican que se produjeron episodios de acoso verbal, ofensas y amenazas hacia la hermana mayor, y otras personas de la directiva, no de forma velada, sino abiertamente, ante testigos fuera del ámbito interno de la hermandad que dieron fe de los mismos "haciéndole la vida imposible para echarla".
Imaginería
El presidente de la Junta Mayor ha querido aclarar que las imágenes de la hermandad, es decir, San Pedro, Nuestra Señora de la Estrella y Nuestro Padre Jesús son propiedad de la que era hermana mayor, que las pagó de su bolsillo, por lo que pertenecen a su patrimonio familiar. En este sentido, explica que así lo acreditó con todos los contratos de compra y documentos oficiales ante el Obispado. "Ella no se ha llevado las imágenes mientras el Obispado no le h autorizado a llevárselas y el Obispado se lo ha permitido cuando ella lo acreditó y pudo comprobar que todas las imágenes son de su propiedad, pagadas por ella con su dinero del patrimonio familiar, lo mismo que el ajuar bordado de la Virgen. Lo que no es propiedad de ella, lo ha dejado todo en la parroquia, donde está depositado", señala Alfredo Llopis. Esta hermandad se gestó durante el mandato del anterior consejo rector de la Junta Mayor y tras ser aprobadas canónicamente por el Obispado entraron en Carrera Oficial el Domingo de Ramos de 2019.
Según recuerda Llopis, el anterior consejo rechazó el proyecto inicial de imaginería, por lo que la hermandad inició un proceso de mejora de las imágenes, "que supuso un desembolso para Mercedes García, propietaria de las mismas, que las pagó de su dinero. Los contratos están a su nombre. No se hizo cesión ni venta a la hermandad, lo asumió con dinero de su patrimonio y de su familia y toda la documentación está a su nombre", insistieron desde la entidad que organiza la Semana Santa.
Investigación
Dado que la Junta Mayor no tiene jurisdicción en la vida interna de las hermandades, el Obispado, que sí puede erigirlas canónicamente o disolverlas, inició una investigación nombrando el 27 de mayo de 2020 como comisario a Juan Antonio Bernabeu Pérez, quien terminó su servicio eclesial el 30 de junio de ese año. Ese día, según el decreto del obispo, recibió su informe junto con los emitidos, como observadores, por el propio Alfredo Llopis como presidente de la Junta Mayor; el reverendo Joaquín López, consiliario de la Junta; el también reverendo Joaquín Rodes, consiliario de la hermandad y sacerdote de la parroquia de San Pablo de Alicante, en el barrio de Altozano, donde tenía la sede la hermandad; y el informe del fiscal general de la Diócesis, José Luis Casanova. "En estos escritos motivados se solicita la no continuidad de la hermandad", indica en el decreto el obispo, quien escuchó a la asamblea de la hermandad por medio del consiliario de la Junta Mayor en diciembre de 2020.
Después de oír a todas las partes implicadas y de comprobar que la hermandad carece actualmente de junta directiva, de imágenes titulares y de sede, el prelado decreta la disolución de la hermandad al entender que existen causas graves que justifican su inviabilidad eclesial.
En el decreto también estipula que se constituirá una junta liquidadora por quienes ejercieron los cargos de presidente, secretario y tesorero de la hermandad, y por sus homólogos en la Junta Mayor para hacer cumplir en un plazo de tres meses lo establecido estatutariamente. Según Llopis, lo habitual es que se destine a la parroquia donde estaba la hermandad para actividades de Cáritas.
"Aliento a los miembros de la hermandad a que se integren y participen en los distintos ámbitos eclesiales para vivir y celebrar su fe, servir a la Iglesia y dar un testimonio público de vida cristiana".
Decisión histórica
Según fuentes conocedoras de los hechos, los desencuentros y enfrentamientos que se produjeron son "circunstancias inadmisibles en el seno de una hermandad", en la persona de su presidenta elegida democráticamente y de su junta directiva, confirmadas además por el obispo. Una situación "tremenda para las personas que la han tenido que soportar" hasta el punto de que el Obispado ha tomado una decisión histórica que nunca se había tomado en la Diócesis. "Han sido hechos muy graves dentro de la vida de una hermandad-cofradía, cosas que nunca deberían ocurrir en ellas, ya que deben basarse y regirse en unos principios y en el espíritu cristiano de hermandad, solidaridad y compañerismo. Todo lo que ha ocurrido es porque esos principios se han obviado, saltándoselos un determinado grupo de personas que ha actuado de mala fe".
