Si los responsables de fijar la estrategia de vacunación contra el covid hubieran considerado prioritario inmunizar a políticos, sacerdotes, militares, sindicalistas ¡y hasta a un fiscal jefe!, convencida estoy de que los habrían incluido en los puestos de salida del calendario. Un protocolo que se elaboró teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en pleno y que valoró cuatro factores de riesgo (mortalidad, exposición al virus, impacto socioeconómico y posibilidad de transmisión) para fijar el tempus de administración de las vacunas.
En el documento se prioriza a los mayores, vivan o no en residencias, a los grandes dependientes, al personal sanitario, a policías, guardias civiles, docentes... y así hasta completar a toda la población a la que se aconseja inmunizar (quedan fuera los menores de 16 años y las embarazadas), pero ni rastro de alcaldes, concejales, diputados, obispos, canónigos, militares, juristas o dirigentes sindicales. Insisto.
Con mayor o menor acierto (hay quienes sostienen que la inmunización bien podría haber comenzado por grupos de población más joven que, aunque menos vulnerables que los mayores, están más expuestos y son más vectores de contagio por su movilidad), el establecimiento de este orden obedece a criterios médicos unidos al hecho incuestionable de que las vacunas son un bien escaso y, en estos momentos de alarma sanitaria, de primera necesidad tanto para evitar muertes como para frenar la pandemia.
Argumentos que agravan aún más la actuación de quienes se han servido de una posición de poder (ya sea político, en el cúpula de una diócesis, desde la dirección de un sindicato o al frente del Ejército) para revertir el orden privando del vial que ellos han recibido a quienes les correspondía y que quizás, solo quizás, pero la probabilidad está ahí, de que en el ínterin se contagien y mueran. Y lo han hecho además por partida doble. Porque con la administración de esa primera dosis se han asegurado la segunda por mucho que, de cara a la galería, algunos de los agraciados hayan hecho una renuncia expresa a sabiendas de que ese rechazo iba a quedar en agua de borrajas.
Abunda el protocolo en que el orden establecido obedece a la disponibilidad gradual de las vacunas (cuestión aparte es que hubiera habido para todos desde el principio) en base, y cito textual, «a un marco ético donde prevalecen los principios de igualdad y dignidad de derechos, necesidad, equidad, protección a la discapacidad y al menor, beneficio social, reciprocidad y solidaridad».
Unos valores que en poco casan con el proceder de quienes, para más inri, deberían ser ejemplo por la posición que ocupan, cada uno en el estamento al que representa. Pero en vez de eso, han preferido anteponer sus intereses individuales (y los de sus allegados también en algunos casos), salirse del rebaño y, con su actitud, tratarnos a los demás como si fuéramos borregos.
