La vacunación del obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, también está en el ojo de la Justicia. Los mismos representantes vecinales que, a título particular, propiciaron que la Fiscalía de Alicante incoara diligencias para investigar las vacunas que se administraron a siete cargos públicos de la provincia cuando supuestamente no les correspondía, presentaron ayer un nuevo escrito ampliando la denuncia al caso del obispo. Al escrito se adjunta una fotocopia de la información que este diario publicó en su edición del sábado en la que daba cuenta de que no solo Murgui, sino también su hermana y su cuñado, se habían vacunado sin que les tocara según el calendario fijado en el protocolo de vacunación.
El obispo, de 74 años, recibió la primera dosis de Pfizer el 8 de enero en la Casa Sacerdotal pese a que no es su residencia habitual, como considera preceptivo el protocolo. El mismo lugar donde también se le administró a su hermana y a su cuñado. El obispo lo justificó por el «vínculo familiar» que mantenía con los otros dos beneficiarios de la vacuna y el vicario general, que también recibió la primera dosis, alegó que está enfermo.
Con la denuncia sobre la mesa, el fiscal anticorrupción Pablo Romero, a quien el fiscal jefe, Jorge Rabasa, le ha encargado esta investigación, procederá de igual manera que con los siete cargos públicos también denunciados: solicitará a la Conselleria de Sanidad que le informe de las circunstancias en las que se administró la vacuna.
A la espera
Mientras tanto, en la Fiscalía se sigue a la espera de que llegue la documentación que le reclamó a Sanidad y que la conselleria aseguró a mediados de la semana pasaba que ya había enviado. Entre los datas que requerían se encuentra la cadena de suministro de las vacunas, los centros de salud donde se administraron las dosis bajo sospecha y la identificación de las personas que intervinieron en el proceso con indicación expresa de sus cargos y responsabilidades.
También se solicitó la estrategia de vacunación, un documento aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial de Salud, del que forman parte la ministra de Sanidad y los consejeros de esta materia de todas las autonomías, así como las posibles eventualidades, si las hubiera, para su aplicación en la Comunidad.
Con receptores de las vacunas presuntamente indebidas en la primera denuncia aparecen citados el alcalde de La Nucía y también diputado provincial, el popular Bernabé Cano, los regidores socialistas del El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, el diputado provincial Juan Bautista Roselló, del PP, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, del mismo partido, el comisionado de Sanidad de Torrevieja, José Antonio García y la teniente de alcalde de Dénia, Cristina Morera, del PSPV, la única que se ha marchado a casa tras calificar de «error» haberse vacunado. La Fiscalía ha dejado claro que «no se va a hacer una causa general» y que caso se verá «de forma individualizada».
También en la Fiscalía de Murcia se están investigando hechos similares que afectan a funcionarios de la Consejería de Salud, a varios cargos públicos y a la cúpula de la Diócesis de Cartagena donde el obispo y tres de sus miembros se hicieron pasar por capellanes de un geriátrico sin serlo.
Dosis sobrantes para guardias por falta de protocolo
Agentes que custodiaban las vacunas en Dénia, Benidorm y Torrevieja fueron invitados a inmunizarse
Al menos una decena de guardias civiles, entre ellos un teniente, todos ellos destinados en municipios pertenecientes al área de salud de Dénia, recibieron la vacuna a finales de diciembre durante los primeros días de campaña a pesar de no formar parte de los colectivos iniciales (ancianos de residencias y sanitarios). En todos los casos, aceptaron la primera dosis a propuesta del responsable médico que las distribuía, y que les invitó a ser inmunizados para no desperdiciar los restos de los viales tras haber pinchado a los residentes de los centros de mayores.
Y no fueron los únicos. Hubo más casos en las áreas de salud de Benidorm y de Torrevieja. En todos los casos, se trataba de los agentes que formaban parte de las patrullas que custodiaban las vacunas desde el centro de recepción a las distintas residencias de ancianos.
Fuentes conocedoras de los hechos han explicado que los agentes «fueron invitados a vacunarse por los médicos bajo el argumento de que si no, las dosis sobrante se desperdiciaban, porque ya habían sido descongeladas y habían cubierto el cupo diario de residentes inmunizados». Todos los casos se produjeron en los primeros días en que comenzó la campaña de inmunización en la Comunidad, cuando el protocolo estaba definido con trazo grueso y eran los jefes de área de Sanidad y los sanitarios encargados de administrarlas quienes debían improvisar con esa famosa sexta dosis de cada vial. De hecho, los ocho guardias y el teniente, responsable además del protocolo de vigilancia y custodia del fármaco de Pfizer en el área de Dénia, recibieron la primera dosis en un centro de mayores determinado, pero acudieron a por la segunda «adonde les decían desde Sanidad».
