En medio de una situación de crisis sin precedentes provocada por la pandemia, muchos negocios podrían tener en los seguros que tienen contratados una oportunidad de resarcirse aunque sea parcialmente de las pérdidas ocasionadas por los cierres forzosos decretados por el Gobierno o la Generalitat. Al menos así lo creen algunas de las principales organizaciones empresariales del sector hotelero, la restauración o el comercio de la provincia, que prevén la presentación de una avalancha de reclamaciones en los próximos meses, después de que la Audiencia Provincial de Girona haya obligado a una compañía a indemnizar con 6.000 euros a una pizzería por el tiempo que pasó cerrada por exigencia de las autoridades.
El fallo se basa en que el establecimiento tenía incluida en su póliza la cobertura por «pérdida de beneficios/paralización de la actividad», una cláusula que normalmente se utiliza para resarcir al negocio durante el tiempo que tarda en poder abrir de nuevo tras sufrir un siniestro, como un incendio, mientras duren las reparaciones necesarias. Sin embargo, el tribunal ha entendido que también debe aplicarse a los supuestos provocados por el covid, y ha revocado la sentencia del juzgado de Primera Instancia que inicialmente rechazó la pretensión de los dueños de la pizzería. De esta forma, ha abierto la puerta a que miles de empresas puedan seguir este mismo camino, ya que alrededor del 60% de los seguros contratados por las empresas contienen este tipo de cobertura, según las estimaciones de Cayetano Sánchez Butrón, de Sánchez Butrón Abogados, que ya tramita más de un centenar de demandas en la provincia.
Así, entre las organizaciones que ya están trabajando con sus asociados para asesorarles en este asunto está la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, que recuerda que sólo el año pasado el sector se dejó 700 millones de facturación en toda la Comunidad, 375 de ellos en la provincia de Alicante. De hecho, según explica su secretaria general, Nuria Montes, «algunos hoteles ya han presentado la reclamación ante sus aseguradoras, que las han denegado, por lo que habrá que acudir a los tribunales». Entre otras cosas, Montes recuerda que las empresas «han estado pagando por esas coberturas».
También desde la Asociación de Restaurantes de Alicante ya están trabajando para coordinarse, aunque son conscientes de que se trata de un dinero con el que no pueden contar a corto plazo. «Está claro que si no hay acuerdo y hay que ir a los juzgados, pueden ser años. Pero también hay que ver que muchos estamos recurriendo a los ahorros personales y a los créditos para mantener el negocio. Nos vendrá bien cuando llegue», asegura su presidente, César Anca. «Si existe una posibilidad, hay que intentarlo», señala también Vanessa Cárdenas, la presidenta del Colectivo de Comerciantes por Alicante, otra de las asociaciones que promueve las reclamaciones.
En este sentido, Sánchez Butrón señala que únicamente pueden solicitarse las indemnizaciones por los periodos de cierres forzosos, no los que tengan causas económicas, y que la cuantía dependerá de lo estipulado de la póliza. Lo más frecuente es que haya establecida una cantidad diaria, que suele oscilar desde 100 a 500 euros, aunque también suele incluir un máximo de días a cobrar o una cantidad límite total, que suele variar entre 6.000 y 10.000 euros para los pequeños negocios, según explica el abogado alicantino.
La patronal de las aseguradoras rechaza una aplicación general del fallo judicial
La patronal de las aseguradoras, Unespa, no oculta su disconformidad con la sentencia, que cree que no entra en el fondo de la cuestión y que no es extrapolable. Desde esta organización insisten en que el seguro de pérdida de beneficios va siempre ligado a un «daño material» asegurado en el negocio, y que una pandemia es un riesgo sistémico y, por tanto, «no es asegurable». En este sentido, recuerda que el PIB ha caído un 11% y que para compensar con un seguro de interrupción las pérdidas de las empresas «se necesitaría un periodo de acumulación de recursos financieros de 150 años». Desde Unespa abogan por crear un instrumento de cobertura público-privada para abordar estas situaciones de cara a futuro.
