No todo consiste en sancionar. Después hay que tramitar esas sanciones para cobrarlas. Y cuando el volumen de las multas impuestas supera en mucho la capacidad de los servicios de la Administración encargados de hacerlo, nos encontramos con lo que está ocurriendo con el proceso sancionador por el incumplimiento de las medidas ante el covid: que de las cerca de 50.000 sanciones que se impusieron a ciudadanos de la provincia durante el primer estado de alarma (desde mediados de marzo a finales de junio del año pasado) a estas alturas solo se han conseguido cobrar 1.700, lo que no llega ni al 4% del total.
Son datos del Ministerio del Interior, encargado en este periodo de la incoación de los 102.745 expedientes abiertos en la Comunidad través de las tres subdelegaciones del Gobierno, cuyo plantilla está reforzada desde el pasado junio para tramitar las propuestas de sanción.
La situación no ha mejorado durante la segunda andanada de la pandemia cuando, en virtud del decreto-ley del Consell de 24 de julio de 2020, los trámites pasaron del Gobierno central al autonómico. Fue entonces cuando la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo se encontró con la patata caliente de tener que gestionar el cobro de unas sanciones que en estos momentos rondan las 80.000 sumando las de las tres provincias. Y de hacerlo con un servicio, el de Espectáculos Públicos, con unas dimensiones para los que hasta la llegada del coronavirus era su cometido: las sanciones relativas a fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo y espectáculos taurinos, entre otros. Entre 250 y 300 expedientes al año como mucho cuando en este momento están llegando 500 al día.
El caso es que de esas 80.000 sanciones solo se ha podido iniciar la tramitación de 10.256 de las que 5.078 corresponden a Alicante. En lo tocante a la provincia este momento hay 1.165 en curso, 210 finalizadas y únicamente 199 cobrados. En torno también al 4%.
Para hacer frente a esta avalancha de trabajo, Bravo ha puesto en marcha un plan de choque que ha llevado a triplicar el número de funcionarios de este servicio y más recursos tecnológicos para agilizar la tramitación. Pero la solución definitiva pasa por la externalización de parte del servicio a una empresa especializada en el cobro de multas, para lo que se están ultimando lo detalles. Unas las dificultades para hacerlo radica en que, para ser ratificadas, las sanciones tienen que llevar la firma de un funcionario.
El procedimiento administrativo tampoco ayuda al pronto cobro. Tras iniciarse el trámite se envía al infractor un acuerdo que, de aceptarlo, le supone una rebaja de 40% en el importe de la multa. En caso contrario, dispone de diez días para presentar alegaciones que la Administración debe resolver en seis meses. Decisión que puede ser de nuevo apelada en diez días más con otros seis meses de plazo para responder. Si es desestimada de nuevo, al afectado aún le queda el recurso de reposición y acudir a los tribunales a la vía contencioso-administrativa.
Del botellón a la fiesta en casa
Cuestión aparte, aunque directamente relacionadas con las medidas por el covid, son las fiestas particulares en viviendas y los botellones. Unas actividades cuya sanción es competencia exclusiva de los ayuntamientos con independencia de que, además de por su práctica, se estén incumpliendo las medidas anti covid, como puede ser no utilizar mascarillas o reunirse más personas de las permitidas. En estos casos, las autoridades municipales tienen que presentar una propuesta de sanción a la conselleria de Justicia, que es a quien competen las sanciones relativas a la pandemia.
Por fiestas en viviendas, el Ayuntamiento de Alicante ha cobrado desde el decreto de alarma de marzo del año pasado hasta la fecha un total de 151 multas a razón de 750 euros cada una. Se hace en virtud de un procedimiento sancionador previsto en la Ordenanza Municipal sobre Protección contra ruidos y vibraciones que establece una reducción del 20% por pronto pago. Aunque el número total de expedientes incoados por este hecho no se ha facilitado, el que solo durante los meses de diciembre y enero se hayan abierto 227 da una idea de las sanciones que pueden quedar por cobrar.
En el caso de los botellones, se han abonado todas las impuestas desde marzo de 2020 hasta el momento, según fuentes municipales. Un total de 1.121 y, en este caso, a 90 euros per capita que, de no pagarse, se llevan por vía ejecutiva.
