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El PP cede en Alicante y pide exigir el acta a los ediles que se vacunen irregularmente

La propuesta plenaria del bipartito de Barcala, que se limita en exclusiva al Ayuntamiento, va más allá de la iniciativa aceptada por Mazón en la Diputación

El alcalde Barcala y el presidente Mazón, durante un pleno en Alicante previo a la pandemia.

El alcalde Barcala y el presidente Mazón, durante un pleno en Alicante previo a la pandemia. JOSE NAVARRO

«La exigencia [al concejal o asesor que se vacune frente al covid de manera irregular] será del acta». No bastará, como ha sucedido en la Diputación hasta ahora, con apartar al cargo público de sus competencias, como en el caso del diputado popular Bernabé Cano, también alcalde de La Nucía. Así de claro fue el portavoz adjunto del gobierno municipal de Alicante, Manuel Villar (PP), al ser preguntado este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre al alcance de la declaración institucional promovida finalmente por los socios del bipartito de Alicante. Esa exigencia, por tanto, va más allá de la asumida hasta la fecha por el presidente de la Diputación y también concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Carlos Mazón, que todavía no ha reclamado el acta a Cano, uno de los cargos públicos que accedieron a una vacuna antes de tiempo, tal y como critican desde la oposición.

Eso sí, la iniciativa del bipartito reproduce en parte el texto que llevó Ciudadanos a la institucional provincial, por lo que el acuerdo no recoge expresamente la petición del acta como cargo público a quien acceda a una vacuna VIP, que sí recalcó ayer en público el portavoz adjunto del gobierno municipal: «Se asume el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o cargos de confianza, que se salten el plan de vacunación». Uno de los cambios que plantea la propuesta conjunta es circunscribirse exclusivamente al Ayuntamiento de Alicante, por lo que deja fuera del objetivo casos como el de Cano.

Menos clara fue la explicación del portavoz del gobierno local, Antonio Manresa (Ciudadanos), al ser cuestionado sobre el motivo por el que la iniciativa se limite exclusivamente al Consistorio y no a cargos de otras instituciones públicas, tras recordársele que el Pleno reprobó a una consellera (Mónica Oltra), pero ahora se ponen reticencias a señalar a cargos como un diputado provincial (Cano): «La conselleria tiene competencias en el resto de ayuntamientos, y nosotros no. Somos unidad municipal y tenemos un término y nos dedicamos a él. Sin embargo, las consellerias sí afectan a todo el territorio. [...] Y la Diputación tiene competencias sobre el resto de municipios y se refiere a la provincia y no se sale de sus limites geográficos ni va más allá».

Antes de hacerse pública la propuesta del bipartito, se conoció la iniciativa registrada por Unidas Podemos y Compromís, que va más allá. Y es que el texto de la izquierda no se limita a los cargos públicos del Ayuntamiento y, además, no solo exige la entrega del acta por vacunarse irregularmente, sino que indica el camino a seguir si no accede a la petición: la expulsión «de manera inmediata» del grupo político en la institución de turno.

Este miércoles, se ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria previa al pleno del jueves, en la que a buen seguro se abordarán las dos iniciativas sobre las vacunas, entre otros asuntos pendientes.

Debate en La Línea Roja

Hoy, en La Línea Roja de Información TV, los ediles del Ayuntamiento de Alicante Antonio Manresa (Ciudadanos), Trini Amorós (PSOE) y Mario Ortolá (Vox) debatirán a partir de las 15 horas sobre asuntos que se abordarán en el pleno de mañana, entre ellos las propuestas sobre las vacunaciones irregulares de cargos públicos en la provincia.

Nuevo capítulo en la batalla entre UTE Alicante y el bipartito

La Junta de Gobierno rechazó este martes un recurso de UTE Alicante, la concesionaria del servicio de limpieza viaria que está formada por FCC, Ferrovial y Cívica, a una sanción de 3.000 euros por la auditoría económica de 2018, al no haberse contratado con la consultora seleccionada por la Intervención municipal. Éste es un capítulo más en la batalla abierta entre la adjudicataria del servicio y el Ayuntamiento de Alicante, que ha acabado en los tribunales (por ahora, con sentencias a favor de los intereses municipales) y con sanciones que han llegado a los 123.000 euros, también en relación a las auditorías. El recurso rechazado, según el acuerdo aprobado, se fundamentaba en la supuesta imposibilidad de acceder al expediente administrativo y en el presunto interés del Ayuntamiento en «castigar» a la UTE por acudir a los tribunales.

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