Reproche moral pero no castigo penal. Es lo que para la consellera de Sanidad, Ana Barceló, merecen quienes, aprovechándose de su status, se han saltado el protocolo de vacunación contra el covid para inmunizarse cuando no les correspondía. Hasta 62 casos ha detectado su departamento, según informó la propia Barceló a principios de mes y, aunque el listado no se ha difundido aduciendo la normativa de protección de datos, sí se sabe que entre los que se han colado hay políticos del PSPV y del PP, sindicalistas y hasta un fiscal jefe (el de Castellón) y un obispo (el de Orihuela-Alicante).
De total, únicamente ocho están en el foco de la Justicia, de la Fiscalía de Alicante, que ha abierto diligencias para estudiar si estas actitudes tienen encaje en el Código Penal, bien como un delito de prevaricación o de malversación.
No lo ve así la consellera, licenciada en Derecho, quien sostiene que «el que estos comportamientos sean vergonzosos, no significa que sean delito. Lo que han hecho ha sido colarse, no sustraer los viales, lo que hubiera sido otra cosa». En su opinión, la Estrategia de Vacunación del Covid-19, el documento donde viene fijado el calendario de inmunización por grupos, el mismo que se habrían saltado los receptores de estas vacunas Vip, «no es una ley sino un marco de ordenación para administrar un bien escaso (las vacunas) comenzando por los grupos más vulnerables. Si yo establezco un orden y alguien se cuela, no creo que eso sea un delito».
En su apertura de diligencias, la Fiscalía sostiene que el desarrollo de la estrategia de vacunación es fruto del acuerdo adoptado por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el ministro y todos los consejeros de Sanidad de España. Y que, por tanto, el documento es consecuencia de una resolución dictada por un órgano administrativo, por lo que su incumplimiento encajaría en un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal cometido por la «vía de hecho». Es decir, que quienes recibieron de forma indebida los viales tuvieron que realizar actos para que eso fuera posible, como solicitar u ordenar al sanitario que le vacunase o incluirse sin deber en un listado.
«No tiene nombre»
«No tiene nombre ni se te pasa por la cabeza que alguien vaya a ir a una residencia de mayores para que le pongan la vacuna», dijo la consellera en alusión, aunque sin citarlos, al alcalde popular de La Nucía y diputado provincial Bernabé Cano o al concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, que así lo hicieron. «Pero no creo que se les pueda acusar de nada cuando el propio protocolo no dice cómo actuar en caso de que se incumpla. De hecho, los políticos que han dimitido (como la teniente de alcalde de Dénia Cristina Morera), lo han hecho porque no han aguantado la presión, no porque algo legalmente les obligara a hacerlo», apostilló.
En cuanto a esas prácticas, la de colarse en un geriátrico para ser vacunados, Barceló explicó que «cuando te pasan un listado de una residencia, lo das por bueno. No vamos a hacer un trabajo policial. Parto de que están pasando lo que necesitan».
Respecto a los expedientes de esos 62 supuestos infractores que la consellera aseguró que se iban a realizar, aseguró que eso lleva un proceso y que de momento solo han dado cuenta a sus superiores de la vacunación de quien fuera fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, «por la jerarquización del cargo» y una vez que se le ha abierto un expediente por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior para averiguar las circunstancias en que se vacunó. «Los alcaldes no tienen jefes, los eligió el pueblo y ante los ciudadanos tendrán que responder», sentenció.
La Fiscalía de Alicante sostiene que quienes se saltaron al protocolo para que les administraran el primer vial se aseguran un segundo incumplimiento dado que sabían que precisaban de otra dosis para que la vacuna sea efectiva. Sobre la malversación mantiene que no es el valor en sí de la vacuna sino el que le confiere ser un bien escaso de difícil acceso y con las consecuencias positivas que tiene para la salud.
Fiscalía «En breve se enviarán los datos que reclama»
La consellera de Sanidad justificó que no se hubieran enviado aún a la Fiscalía de Alicante los datos de vacunación de los ocho personajes públicos denunciados «porque con el nombre solo no bastaba, necesitábamos también el DNI», que ya lo tienen. Ana Barceló explicó que excepto del caso de los alcaldes socialistas de El Poblets y El Verger, del resto de las vacunaciones indebidas se enteraron por la prensa y que para entrar en el registro y facilitar la información que le reclama la Fiscalía necesitaba tener las identificaciones. La consellera afirmó que «en breve» se remitirá lo que ha solicitado.
