Tres fueron los principales beneficiarios del pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Alicante. El primero, el interventor municipal, que sacó adelante por unanimidad de los grupos su propuesta para cambiar el modelo de fiscalización con el fin de agilizar la gestión. El segundo, un proveedor del Patronato de Turismo, que tenía pendiente de cobro facturas por 958 euros. Y el tercero, un funcionario municipal, que consiguió el necesario aval de la Corporación para disponer de la compatibilidad para ejercer también como profesor asociado en la Universidad de Alicante. Fuera de ahí, ruido y poco más. Mucha bronca y acuerdos escasos. Ninguno de relevancia. Grupos que decían «a» y votaban «b» o que apoyaban acuerdos que habían rechazado minutos antes con una redacción idéntica. Eso sí, horas se echaron: la sesión arrancó a las 9.30 horas y se prolongó hasta pasadas las 18 horas, con apenas 45 minutos de receso para la comida. Mucho tiempo para el debate y ninguna decisión que suponga un avance real para Alicante. Una vez más. Ya no suena a novedad.
Y es que encontrar acuerdos beneficiosos para la ciudad no resultaba sencillo tras casi medio día delante de las pantallas -el pleno volvió a celebrarse por vía telemática por la situación epidemiológica por la pandemia-, pero las broncas no había que pensarlas. Se acumulaban tras una sesión tosca, con apenas momentos distendidos. A esa tensión tampoco ayudó la controvertida vara de medir del alcalde, el popular Luis Barcala, ante esas intervenciones de los representantes de los grupos que se podían exceder de lo permitido. El criterio no fue igual durante toda la sesión, y eso generó malestar, sobre todo en la izquierda.
La tensión no entendió de horas. Por la mañana hubo choques dialécticos por la educación concertada, la transparencia de Sanidad y el 8-M (Día de la Mujer). Por la tarde, por las agresiones a Vox durante la campaña electoral en Cataluña, los actos violentos por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y las vacunas irregulares de cargos públicos. En todas, salvo excepciones muy puntuales, se reafirmó las diferencias entre bancadas: derecha (PP, Ciudadanos y Vox) e izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís).
Tal y como se esperaba, hubo lío con las inmunizaciones VIP. Y no sólo porque se produjese la bronca prevista, sino también porque el PP llegó a votar diferente a propuestas idénticas. Al final, salieron adelante las dos iniciativas que estaban sobre la mesa. La que iba más allá, la promovida por Unidas Podemos y Compromís, recibió el apoyo de todos los grupos, salvo el del PP. Lo previsible. Y es que ese texto plenario, que la izquierda «tomó prestado» de Ciudadanos para endurecerlo en el fondo y también en su ámbito, no solo pedía la dimisión de cualesquiera de los cargos de aquel que se vacunase fuera de turno, también exigía que, de no entregar el acta como cargo público, se le expulsara de forma inmediata de su grupo institucional. Además, la iniciativa no sólo se limitaba al Ayuntamiento de Alicante, sino que se ampliaba a cualquier administración pública. Diputación provincial, incluida.
Por unanimidad, sin embargo, salió adelante la propuesta del bipartito, menos ambiciosa, en la que por escrito no se registraba la exigencia de la entrega del acta (por mucho que el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, lo dijera en rueda de prensa este pasado martes) y que se circunscribía exclusivamente a vacunaciones irregulares que puedan darse entre cargos públicos del Ayuntamiento de la capital. Es decir, dejando fuera de foco a políticos señalados como el diputado provincial Bernabé Cano (PP), que se vacunó irregularmente en un centro de mayores del municipio del que es alcalde (La Nucía) y, por extensión, al presidente de la institución y también concejal de Alicante, Carlos Mazón.
En ese intento de los socios del bipartito de salir airosos, los nueve concejales populares llegaron a votar a favor y en contra de un acuerdo recogido en ambas iniciativas, y que se votó por separado: «Requerir a la Generalitat que, en un ejercicio de transparencia, haga públicos los listados de aquellos cargos que han recibido la vacuna contra el covid». La explicación posterior giraba en torno al rechazo «político» a la iniciativa de la izquierda. Per se.
Con todo. Más bronca dialéctica hubo en dos iniciativas anteriores: la de condena a la violencia callejera ocasionados por radicales en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y la de repulsa a «las agresiones y amenazas recibidas por Vox durante la campaña electoral en Cataluña». En ambas, hubo fractura entre la izquierda y la derecha. En ambos casos, los progresistas votaron en contra y los liberales a favor. Y en ambas intervino el alcalde, Luis Barcala, para reprochar a los tres grupos de la bancada de enfrente que se negasen a condenar la violencia («La condena selectiva es muy peligrosa»). En la práctica, verbalmente, sí la hubo: en la primera iniciativa y, sobre todo, en la segunda, llegando a dirigir palabras de rechazo hacia el rapero, por sus letras y sus antecedentes. Sin embargo, a la hora de votar, PSOE, Unidas Podemos y Compromís se negaron a respaldar un acuerdo al que no habían puesto ni un pero: «El Ayuntamiento muestra su más profundo rechazo y declara su más firme condena a la oleada de violencia y disturbios ocasionados por radicales en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél». En este punto, la izquierda también alzó la voz tras las acusaciones recibidas en el debate desde el bando contrario («No se puede alentar la violencia», «es su ídolo», «apuestan por la ruptura de la paz social»...). Sanguino (PSOE), incluso, dijo que De España (PP) había acusado a la izquierda de «querer que arda la ciudad de Alicante». Nadie se retractó.
La FEMP mediante
También hubo división entre bloques en el 8-M. Aunque sólo en parte y gracias a que un texto se había acordado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Pleno, pese a todo, logró sacar adelante una iniciativa en favor de la igualdad con motivo del Día de la Mujer, impulsada por el bipartito y que sumó únicamente a Compromís (el resto de la izquierda se abstuvo y Vox la rechazó), y descartó previamente la propuesta de la izquierda. Una vez más no hubo unidad en la Corporación local de Alicante (ultras al margen) por el 8-M.
Esas discrepancias se habían repetido previamente al hablar de gestión de los servicios públicos. Sucedió, por ejemplo, cuando el bipartito buscó el respaldo del Pleno para reclamar a la Conselleria de Sanidad, dirigida por la socialista Ana Barceló, que actúe de «manera transparente» y «facilite» al Ayuntamiento «información sanitaria actualizada» sobre los efectos de la pandemia en la capital alicantina. Ésta ha sido una reiterada queja del gobierno de Barcala desde que estalló la crisis por el covid. Y fundamentada. Votación similar (en este caso, el PSOE se abstuvo) fue el resultado de un nuevo intento del bipartito de salir en defensa de la educación concertada desde Alicante. En concreto, la concejala de Educación y exdirigente de la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Julia Llopis (PP), logró que la Corporación local reclame a la conselleria dirigida por Vicent Marzà que extienda a la concertada un programa (PROA+) de motivación y refuerzo escolar personalizado al alumnado más vulnerable educativamente.
También se abstuvo el PSOE en el epílogo de la sesión plenaria, a la propuesta del bipartito para solicitar a ADIF (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la desafectación de los terrenos de la antigua estación de Benalúa para poder retirar las vías y liberar así el suelo con tal de dar continuidad al parque urbano del litoral sur de Alicante. Tras nueves horas, en el lado opuesto a los tres principales beneficiarios del pleno se situó el PSOE, que no logró sacar adelante ninguna de las iniciativas que llevó a la sesión.
Alicante rechaza paralizar la descarga de graneles al aire libre en el puerto
Los grupos se unen para dar una calle a Manuel Tejeda, festero y docente recientemente fallecido
Pocas veces se rozó el consenso en la sesión plenaria de este jueves, la segunda ordinaria del año. En una de esas ocasiones, Unidas Podemos fue el único grupo que apostó por reclamar a la Autoridad Portuaria la paralización de la descarga de graneles al aire libre hasta que no esté lista la nave cerrada, que se prevé pueda entrar en funcionamiento en enero de 2022. La propuesta de la coalición morada no sumó apoyos, ni siquiera la abstención de algún grupo municipal. A través de un escrito remitido al Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria se mostró también en contra de la propuesta, alegando que suspender la descarga mientras no se pueda realizar bajo techo podría dejar en el aire la construcción de la reclamada nave cerrada ante la posible renuncia de la empresa adjudicataria por las consecuencias económicas de la decisión. A ese argumento también se sumaron los grupos que votaron en contra de la iniciativa. Sí que hubo máxima unidad para conceder una calle a Manuel Tejeda, docente, festero y militante socialista recientemente fallecido. La propuesta, en este caso, también partió de Unidas Podemos. Nacido en Extremadura, vivió muchos años en la ciudad de Alicante. Licenciado en Historia, fue un referente como maestro y dirigió el colegio público San Blas. Era además un enamorado de los Moros y Cristianos, y especialmente de la fiesta de San Blas. «Su extraordinario trabajo y toda su trayectoria merecen un homenaje perpetuo en nuestras calles. Fue homenajeado por el Ayuntamiento en 2005 con el premio Fester d’Alacant», defendieron desde el grupo municipal de Unidas Podemos.
La polémica Ordenanza de Mendicidad, a la espera del Presupuesto definitivo
El Ayuntamiento reclama tener un «papel decisivo» en la gestión de los fondos europeos frente al covid
La controvertida Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, regresará al debate político en breve. Así lo confirmó el concejal de Seguridad, José Ramón González, a una pregunta formulada desde Vox. El edil subrayó que las negociaciones para modificar el texto original de la ordenanza se retomarán una vez el Presupuesto municipal esté definitivamente aprobado. Ese objetivo se espera lograr en un mes, a mediados de marzo. «Ya lo dijimos en diciembre, cuando acordamos de manera consensuada que una vez se aprobasen los Presupuestos se volvería a hablar con los grupos», señaló González, quien recalcó que la polémica ordenanza es «necesaria para Alicante». La retirada de la ordenanza impulsada por el bipartito se convirtió en una de las principales exigencias del PSOE para no bloquear las cuentas, quedando por escrito en el pacto entre los socialistas y Ciudadanos. Mirando al futuro, aunque con el foco mucho más alejado, la Corporación alicantina aprobó casi por unanimidad exigir un «papel decisivo» en la gestión de los fondos europeos impulsados para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de covid. La propuesta, elevada desde Compromís, sumó el apoyo de todos grupos municipales, salvo el de Vox, que la rechazó. Al final no se votó otra iniciativa sobre fondos europeos, mucho más política, que había anunciado el bipartito de Alicante en la previa a la sesión. El PP tuvo que renunciar a presentarla a última hora porque había alcanzado el máximo de propuestas permitidas durante el pleno.
