Como si en vez de la primera fuera la última interesada en conocer las circunstancias en que una serie de personajes públicos se han saltado el calendario de vacunación contra el covid. Así está actuando la Conselleria de Sanidad, que continúa sin remitir la información que desde hace semanas le reclama la Fiscalía de Alicante para determinar si en los ocho casos que se han denunciado en la provincia hay indicios de delito.
Para Ana Barceló no hay duda de que no. De que el comportamiento de estos cargos públicos (entre los que hay alcaldes del PSPV y del PP, concejales de ambos partidos y hasta un obispo) merece todo el reproche moral, pero no el penal. Una profética declaración impensable, máxime cuando hay abiertas unas diligencias en las que Sanidad debería ser la impulsora para que se esclarezcan unos hechos que vierten sombras sobre la gestión de su departamento.
Pero frente al criterio de la Fiscalía, que habla de posible prevaricación y hasta de malversación, Barceló apoya su negativa a ver ilícito penal alguno en el propio protocolo de vacunación, un documento aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que viene a ser algo así como los railes por los que circula el tren de la vacunación pero que nada dice, precisa la consellera, de qué hacer en el supuesto de incumplirse.
La Estrategia de vacunación Covid-19, como se le bautizó, fija el marco para desarrollar la campaña estableciendo los grupos prioritarios para su inmunización (mayores, personal sanitario, grandes dependientes, discapacitados...) en base a unos criterios de riesgo. Y aunque es cierto que no contempla cómo actuar en caso de no ajustarse a lo marcado, no lo es menos que cada autonomía podía completarlo introduciendo lo que consideraran, lo que en este caso no ha hecho hizo. Y eso que tiempo hubo. El protocolo se aprobó a principios de septiembre y las primeras vacunas no llegaron hasta finales de año.
Había otra opción para evitar coladeros: haber extremado los controles desde la recepción de los viales hasta su administración de modo que ante el menor intento de saltarse el turno se hubieran activado todas las alarmas. Pero eso tampoco funcionó. Prueba de ello es que de las vacunas Vip se ha tenido conocimiento por los medios de comunicación, no porque la administración las haya detectado. Visto esto, sobre el déficit de control de los listados que enviaban las residencias y acerca del consiguiente reparto de los viales poco más queda por decir.
Espoleada tal vez por el escándalo que supuso esa profusión de, utilizando sus palabras, «comportamientos vergonzosos», Barceló compareció en rueda de prensa a principios de mes para desvelar la existencia de 62 vacunados irregulares, una especie de lista fantasma (de la que todos hablan pero que nadie ha visto) que supuestamente iba a dar pie a unos expedientes que también huelen a espectro. No se explica, si no, que Sanidad no envíe a la Fiscalía la información que reclama aduciendo que le faltan unos datos que, de haber siquiera iniciado esos expedientes, serían su base.
Con todo, con mayor o menor acierto, Barceló está saliendo a escena mientras quien acapara las competencias en todo lo relativo a la vacunación, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, la otra cabeza de la complicada bicefalia de Sanidad, poco o nada ha dicho al respecto. A juzgar por lo actuado, de lo que parece no quedar duda es del escaso interés en investigar estas supuestas infracciones como si, en vez de estar hablado de un bien escaso y de primera necesidad en un momento de crisis sanitaria mundial, pareciera que se trata de colarse en la fila de la carnicería.
Porque si algo evidencia este reguero de vacunaciones irregulares es, cuanto menos, un mala praxis que, arrancando desde la cúspide, ha llegado hasta los centros donde se han administrado los viales pasando por los departamentos de salud. Y ahí Navarro tiene mucho que decir pero, sobre todo, que hacer. Pero ni rastro. Y mientras tanto, la Fiscalía esperando. Como el resto de los ciudadanos.
