Cuatro acusados de pertenecer a una organización que enviaba desde la provincia de Alicante material militar y dinero a grupos yihadistas en Siria e Irak se desvincularon ayer de las exportaciones de contenedores promovidas por el presunto cabecilla de la red, un empresario sirio detenido en Crevillent en febrero de 2016, quien también defendió su inocencia en la primera sesión del juicio iniciado esta semana en la Audiencia Nacional. Estos cuatros acusados negaron ayer haber colaborado en el envío a estos dos países de contenedores de ropa usada y material militar oculto y aseguraron no pertenecer ni financiar al Daesh, ni a otras organizaciones terroristas, como se les acusa desde la Fiscalía. La vista se reanudará hoy viernes con la declaración de los dos últimos acusados, uno de ellos un hombre que trabajó para el principal procesado.
Uno de los procesados que declaró ayer fue el gerente de la mayor empresa de reciclado de ropa usada que opera en España y está en Cocentaina. Nourdine Ch. aseguró que no mantuvo relación comercial alguna con el empresario apresado en Crevillent, con el que asegura que sólo coincidió en dos ocasiones, y dijo que nunca ha vendido mercancía en Siria. Preguntado por la incautación de uniformes militares en un contenedor en el puerto de València que iba destinado a su empresa, el acusado precisó que «no se trata de ropa militar, es de camuflaje», y se vende en muchos comercios. Apuntó que su empresa mueve «millones de kilos de ropa y la de camuflaje apenas representa el 0,038%». Nourdine señaló que dicha ropa de «camuflaje» usada representaba 3,8 toneladas de las 14 que había en el contenedor y se iban a vender en Melilla.
Asimismo, negó que hubiese trajes de la OTAN o de NBRQ, como sostiene la Fiscalía, y explicó que la mercancía fue adquirida a una empresa de Emiratos Árabes que compra la ropa usada a onegés del Reino Unido y otros países.
Sobre los ingresos en efectivo de diez millones de euros durante tres años en su empresa indicó que todas sus operaciones comerciales están recogidas en la contabilidad y «ese dinero no sale». «Jamás he ocultado nada», señaló Nourdine, quien acabó su declaración negando su vinculación a grupos terroristas.
El empresario español Simón R., de l’Alqueria d’Asnar, explicó ante el tribunal que se dedicaba a la importación de hilados de China y que en 2013 conoció a Ammar T., acusado por la Fiscalía de dirigir la red. Se desplazó desde Bélgica a Cocentaina para abrir una nueva empresa de reciclado de ropa usada y afirma que le alquiló una nave propiedad de una empresa de la que es apoderado. Negó haber participado en la exportación de contenedores de Ammar a Siria e Irak y sólo admitió que, a petición del presunto cabecilla, financió el envío de un cargamento de ropa usada a Angola. Asimismo, indicó que compró en Inglaterra un lote de carritos de bebé y otro de pequeños electrodomésticos, material que aún mantiene almacenado en l’Alqueria.
Su relación con Ammar T. no terminó bien porque tenía una deuda de 15.000 euros del alquiler y acabó forzando su salida tras cortarle la luz y el agua. Simón R. afirmó que no comparte el ideario yihadista y que no le pareció que Ammar apoyase a ninguna organización terrorista. «Lo veía incapaz de hacer daño», añadió. Otro acusado residente en Madrid, Hitham S., afirmó que no tuvo relación con la empresa de Ammar, que no colaboró en la exportación de contenedores y que tampoco trabajó con abonos o fosfatos. Un pensionista jordano nacionalizado español que vive en Ontinyent, Mohamed A.E.R., afirmó que nunca exportó ropa usada con el presunto jefe de la red, a quien ayudó para recuperar un dinero en Irak y del que dijo que «era una persona secreta en sus relaciones». Negó que tuviera relación con el Estado Islámico y aseguró que no escribió nada de terroristas en Facebook, donde dice que le cerraron su cuenta «por mi foto con barba larga, no por el contenido».
