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La prohibición de reuniones vecinales telemáticas paraliza la rehabilitación de edificios

Los administradores de fincas urgen la aprobación de una norma que permita a las comunidades de propietarios tomar decisiones

La pandemia ha paralizado la necesaria rehabilitación de muchos edificios. | JOSE NAVARRO

La pandemia ha paralizado la necesaria rehabilitación de muchos edificios. | JOSE NAVARRO

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, Augusto Soler, denunció la paralización en la que ha sumido la pandemia a las comunidades de propietarios, que llevan un año prácticamente paralizadas, al no poder celebrar juntas para decidir cuestiones importantes como, por ejemplo, la rehabilitación de los edificios. Un situación complicada desde el punto de vista del mantenimiento y la seguridad, sobre todo, en los inmuebles viejos, y también con una derivada no menos importante, como es el que se pierda la posibilidad de solicitar una subvención económica que amortigüe el impacto de las derramas. Los administradores de fincas piden al Estado que, al menos, les autorice a celebrar reuniones telemáticas como mal menor, ya que en comunidades con gente mayor muchos vecinos tampoco tienen acceso a los sistemas telemáticos. «La situación es ya muy preocupante porque con las restricciones llevamos un año sin poder reunir a los propietarios y celebrar reuniones, porque tampoco es operativo convocar una junta a la que no pueden asistir más de cuatro personas», apuntó Augusto Soler.

A nivel estatal, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, tras las diversas reuniones mantenidas con los distintos grupos parlamentarios, ha logrado que el grupo parlamentario socialista, el PP y Ciudadanos hayan presentado sendas mociones para que se puedan celebrar reuniones virtuales de las juntas de propietarios.

En España se celebran, aproximadamente, un millón de reuniones anuales de comunidades de propietarios, que no han podido llevarse a cabo por la situación sanitaria provocada por el covid, lo que provoca que un motor de desarrollo económico tan importante como es el de los servicios, mantenimiento y, fundamentalmente, las obras en los edificios se haya frenado, y con ello, que numerosas empresas se están viendo también afectadas por la paralización de obras para mejorar la accesibilidad, las telecomunicaciones, la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios en general.

Para Salvador Díez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de España , «si esta situación se prolonga se verá comprometida, incluso, la gestión de las ayudas al sector de la edificación del Fondo de Recuperación Europeo».

Los administradores de Fincas colegiados solicitan que se apruebe, urgentemente, una norma que regule, a nivel estatal, la celebración de juntas de propietarios y de los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios por medios cibernéticos, garantizando el derecho de participación de todos los propietarios -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto.

No obstante, hay que tener presente sus particularidades, el número de propietarios y la capacidad de acceso a la tecnología. «Por esto, y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se propone la posibilidad de adoptar acuerdos sin reunión de la Junta mientras duren las restricciones».

El modelo catalán

Hay que recordar que Cataluña sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema con la aprobación del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. Desde entonces están en vigor soluciones similares en Cataluña a las que propone el Colegio de Administradores sin haber generado ningún problema entre los propietarios y resultando útiles para que no se frene ni la vida en comunidad, ni la economía.

Por otro lado, en la práctica, muchas comunidades de propietarios tienen garantizado su funcionamiento y, salvo que surja una necesidad por alguna obra urgente, gran parte de los propietarios prefieren no celebrar reuniones para evitar riesgos de contagio, pero no evitan problemas. Por este motivo, y para dar cobertura legal a estas situaciones, Salvador Díez explica la necesidad de «suspender la obligación de convocar anualmente las reuniones durante 12 meses y dar por renovados, de forma tácita, tanto los cargos de la Junta de Propietarios de la comunidad y los presupuestos con el respaldo legal necesario», pidieron los administradores.

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