El bipartito de Alicante ya empieza a poner fechas, aunque todavía estimadas, al proceso que tiene que abrir en breve para renovar la adjudicación del servicio del transporte público de la ciudad, cuya prórroga de dos años finalizará a mediados de julio.
El concejal de Transportes y Accesibilidad, el popular Manuel Villar, apuntó este martes, tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la base del pliego de condiciones del próximo contrato, que en la concejalía se calcula que el proceso de licitación esté en marcha el próximo mes de julio, coincidiendo con la caducidad de una prórroga que, a su vez, obliga al bipartito de Alicante a buscar fórmulas legales para prolongar un servicio esencial para la ciudadanía. «Hoy [por este martes] se ha aprobado el Proyecto de Servicio Público de transportes (PSP), que saldrá a exposición pública de manera inmediata durante un plazo de treinta días hábiles», explicó el concejal Villar, quien prosiguió con la estimación de plazos: «Luego se estudiarán las alegaciones que se presenten. Cuando los técnicos las resuelvan, se dará vía libre para empezar con la licitación del nuevo contrato [previo paso de nuevo por Junta de Gobierno], ya que los técnicos están trabajando a día de hoy en el futuro pliego. La prórroga del contrato [que era de un máximo de dos años] finaliza el 17 de julio. La idea es que, para esa fecha, ya esté en marcha la licitación», afirmó el edil popular.
Fuentes de la concejalía añadieron que el proceso de adjudicación, al margen de posibles recursos por parte de los licitadores, se prolongará al menos durante medio año, con una previsión más realista que rondaría los nueve meses de duración. Es decir, en el bipartito se da por hecho que el nuevo contrato del transporte público no se adjudicará hasta el año 2022, por lo que resultará más que necesaria una prórroga.
La fórmula legal para que el servicio siga en marcha a partir del próximo mes de julio aún no está decidida, según admitió este martes el concejal de Transportes. «Estamos trabajando desde distintas concejalías y técnicos para ver la fórmula para seguir prestando el servicio con seguridad jurídica. Queremos evitar recurrir a extrajudicial de créditos», añadió Villar, en alusión a los pagos fuera de contratos siempre en tela de juicio por el interventor municipal. El actual contrato, que tuvo que prolongarse en 2019, está en manos de Masatusa, empresa del Grupo Vectalia, desde el año 1969.
Más líneas, más coste
La Junta de Gobierno dio vía libre este martes al Proyecto de Servicio Público de transportes (PSP) para los próximos diez años, que se prestará mediante concesión con un coste que supera los 17 millones de euros anuales. El nuevo mapa del transporte urbano, elaborado por una consultora externa siguiendo el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Servicio Municipal de Transportes y con la colaboración de la Mesa Municipal de Transportes, mejora principalmente las conexiones con Playa de San Juan, los polígonos industriales e introduce el sistema de Transporte a Demanda (TAD) con seis líneas para atender la movilidad de las partidas rurales. Para el PAU 1, por su parte, habrá modificaciones sustanciales en las líneas 05 y 12. También se incorporan nuevos servicios como las lanzaderas para subir al Castillo de Santa Bárbara (al que actualmente sólo se puede llegar a pie) y el Turibús. Otro cambio sustancial afectará a las frecuencias, que se incrementarán en las líneas 01, 02, 03, 06, 08, 10, 12 y 07P, centrándose sobre todo en los fines de semana y festivos. Por contra, el próximo servicio del autobús prescindirá de dos líneas ahora en marcha: las circulares A y B. Así, el nuevo contrato del transporte elevará el coste anual por encima de los 17 millones de euros, lo que supone incrementar casi un 40% el gasto respecto al actual contrato.
Desde la oposición, tanto Compromís como Unidas Podemos, exigieron al bipartito que convoque de forma «urgente» la Comisión para el seguimiento de la nueva contrata de transporte urbano.
La pasarela de la Albufereta espera al Presupuesto 2021
La Junta de Gobierno aprobó este martes el proyecto de obras para la renovación de la pasarela de la Albufereta, en el último tramo del barranco de Orgegia, tras recibir la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El ente estatal rechazó la obra el pasado verano a través de un escrito en el que dudaba de la «necesidad» de la pasarela y exigía que el Ayuntamiento justificara que el acceso «no se puede ejecutar fuera del Dominio Público Hidráulico» y un estudio sobre las avenidas de aguas de «100 y 500 años» por si «teniendo en cuenta la carga sólida transportada la estructura podría colapsar, provocando su arrastre por las aguas». Pese a todo, la Confederación finalmente dio el visto bueno. La pasarela, con un coste de 80.340 euros, ya sólo está pendiente de que se apruebe el Presupuesto de 2021.
