¿Cuántos incumplimientos de las restricciones de las medidas anticovid son necesarios para que un ciudadano sea acusado de un delito? En pleno confinamiento y durante los primeros días del primer estado de alarma, de los que se acaban de cumplir un año, fue sorprendido hasta en cinco ocasiones por la Policía en la vía pública. No solo saltándose el confinamiento, sino que además respondiendo de manera chulesca a los agentes. Los reiterados incumplimientos han sido motivo para que un fiscal de Alicante haya considerado que se trata de un hecho delictivo para llevarle a juicio por un delito de desobediencia grave. La Fiscalía le pide una pena de nueve meses de cárcel.
Los delitos de desobediencia durante el estado de alarma han provocado controversia entre jueces y fiscales que no terminan de ver muy claro qué conductas que son infracciones administrativas puedan constituir delito. Algunos juzgados en la fase de instrucción han optado por archivar algunas de estas denuncias, sin ni siquiera mandarlas e juicio. Estos magistrados veían numerosas carencias en la normativa sancionadora del estado de alarma y algunos letrados alertaron de la merma de derechos fundamentales. Otros casos en cambio, sí que han acabado llegando a juicio y ahora se tendrán que pronunciar sobre el carácter delictivo de estos hechos.
En este caso concreto, ni siquiera se produjo una agresión física a los agentes que reprendían al ciudadano. Ha bastado una mala contestación y una acumulación de sanciones para llevarle al banquillo.
Pese a las dudas entre jueces y fiscales sobre el delito desobediencia, algunos procesos sí que están llegando a juicio
Los hechos ocurrieron el 27 de marzo del año pasado a la 1.30 horas de la madrugada. El hombre fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional uniformados que estaban haciendo labores de vigilancia en la calle Benimantell, sita en la zona norte de Alicante. Los agentes le dieron el alta para identificarlo e interrogarle sobre los motivos por los que se había saltado la cuarentena. El acusado les aseguró que «ya me iré yo a mi casa cuando compre tabaco o cuando a mi me dé la gana», según se relata en el escrito de acusación de la Fiscalía. El Ministerio Público considera que con este respuesta el procesado tenía la intención de menospreciar el principio de autoridad de los agentes que le estaban identificando. Además en este caso llovía sobre mojado, ya que los funcionarios conocían perfectamente al acusado por otras actuaciones similares. Estos funcionarios y sus compañeros ya habían tenido que multarle en las semanas previas hasta en otras cuatro ocasiones, a pesar de que el estado de alarma estaba en sus primeros momentos.
Concretamente, los agentes ya le habían sorprendido saltándose las restricciones los días 19, 20, 22 y 27 de marzo por hechos análogos. En aquellas ocasiones, la actuación policial se saldó con una multa. Esta vez y ante los reiterados incumplimientos, los agentes optaron por denunciarle por un delito de desobediencia grave, un criterio al que se ha sumado la Fiscalía al llevarle al banquillo. La causa acaba de llegar a un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebre el juicio.
La Fiscalía ha citado como testigos al futuro juicio no solo a los policías que le sorprendieron aquella noche en la calle, sino también a todos los que fueron multando en los días anteriores para tratar de acreditar las continuas reincidencias.
Durante el primer estado de alarma, en algunos juzgados estas causas se resolvieron por la vía rápida a través de conformidades ante el magistrado que estaba de guardia el mismo día de los hechos. En Alicante, el índice de conformidades fue más bajo, ya que muchos de estos infractores se negaban a reconocer que hubieran cometido delito alguno. Como en aquellos días, los juzgados únicamente atendían las causas más urgentes. Cuando no había posibilidad de acuerdo y salvo que no hubieran cometido otros hechos más graves, estos detenidos quedaban en libertad a la espera de juicio o que se practicaran las diligencias que fueran necesarias para completar la instrucción.
Desplome de causas en los juzgados de lo Penal
La caída de los índices de delincuencia durante las restricciones a causa del covid provocaron que los juzgados de lo Penal cerraran el pasado 2020 con un millar de asuntos pendientes menos en la provincia de Alicante, según refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Mientras que en 2019, los juzgados de lo Penal terminaron el año con 9.942 asuntos por resolver, en 2020 la cifra se redujo a 8.953.
La jurisdicción penal fue de las únicas que no estuvo paralizada durante los meses de restricciones del estado de alarma, ya que afectaba a los derechos fundamentales. Sin embargo, durante los tres meses en los que duró ese primer estado de alarma, sí que se suspendieron los plazos y todos los trámites de aquellas causas que no fueran consideradas urgentes. Como consecuencia del parón algunos de los juicios que estaban señalados durante aquellos quedaron suspendidos y algunos todavía están a la espera de poder celebrarse. Sin embargo, la falta de actividad en las calles han hecho desplomarse los índices de delincuencia, dando un respiro a una de las jurisdicciones que tradicionalmente ha sido de las más colapsadas. Jueces y fiscales están llevando a cabo un plan de conformidades para tratar de reducir más la agenda, sobre todo tras estos meses en que el covid ha forzado a suspender muchos señalamientos.
El descenso de los índices de delincuencia provoca que 2020 se cerrara con un millar de asuntos
A lo largo de 2020 se registraron un total de 6.602 nuevos asuntos en los juzgados de lo Penal de toda la provincia, mientras que se pudieron resolver 8.071 pleitos. El volumen del descenso se aprecia al compararlos con el año anterior donde se registraron 8.600 procesos y se resolvieron 11.577 de los que ya tenían pendientes. Los planes de choque han motivado que la agenda de casos por enjuiciar haya ido bajando. El descenso de asuntos nuevos de un año a otro ha sido de 2.000 pleitos.
Por su parte, las secciones penales de la Audiencia Provincial cerraron el año pasado con 2.196 asuntos pendientes frente a los 2.756 de 2019. Los índices de entrada de casos se han mantenido en un volumen similar ya que de 7.825 se ha pasado a 7.645, de acuerdo con la estadística del CGPJ.
