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Justicia encarga a la UMH un estudio clave para atajar la prostitución en la Comunidad Valenciana

El Centro Crímina realizará un trabajo sobre la percepción social de este problema que contribuya a desarrollar instrumentos legales y asistenciales

Una prostituta se acerca a un coche en las inmediaciones a la avenida de Dénia. | Héctor Fuentes

El Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche va a ser el encargado de realizar uno de los dos estudios que, en última instancia, tal vez puedan contribuir a erradicar definitivamente la prostitución en la Comunidad Valenciana.

Al menos esa es la intención de la Conselleria de Justicia, que ha encomendado a este centro investigador un completo trabajo de campo que se centrará «en la percepción que la sociedad valenciana tiene sobre el fenómeno», así como en las necesidades de regular legislativamente el mismo. El otro trabajo lo asume la Universitat de València, con el fin de conocer cuántas mujeres están ejerciendo la prostitución, su perfil económico, social y familiar o estimar el volumen de dinero que mueve esta actividad, entre otros parámetros. Gracias a ambos se podrá definir mejor el problema para desarrollar los instrumentos legales y asistenciales para afrontarlo, según el Consell.

El estudio del Centro Crímina «está en proceso de elaboración de los cuestionarios y la metodología, de manera que las encuestas se podrían realizar a partir de junio y los resultados estarían a finales de año, como muy tarde», según fuentes de la Conselleria de Justicia.

La realización de estos dos grandes estudios de campo permitirán «radiografiar» el fenómeno de la prostitución en la Comunidad Valenciana y representan a su vez una parte del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, una iniciativa que reunirá, a lo largo de este año, a entidades, personas expertas, juristas, administraciones e instituciones académicas que elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias para erradicar «esta forma extrema de violencia contra las mujeres», en palabras de Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública.

Este foro, presentado a principios de marzo, se articulará a través de dos grupos de trabajo que serán los encargados de proponer planes de acción para la erradicación de la prostitución. Las sesiones se han agendado a partir de este mismo mes de marzo, de forma que los informes con sus conclusiones estén disponibles dentro de un año.

El primer grupo será el de Garantía de los Derechos y Protección Socio-Asistencial que tratará sobre las necesidades de las víctimas para organizar y mejorar los recursos asistenciales.

Diagnóstico

El segundo grupo se encargará de estudiar las reformas del marco legislativo y hará un diagnóstico de la situación normativa actual como paso previo para proponer modificaciones legislativas (municipales, autonómicas y estatales) que permitan abolir la prostitución. Además, entre las tareas de este foro está la realización de esos dos grandes estudios.

Justicia señala que se ha elegido al Centro Crímina «porque la Conselleria de Justicia tiene un convenio firmado con la Universidad y con el citado centro de investigación para distintos proyectos de investigación y asesoramiento y este en concreto cumplía las condiciones que marca el convenio de colaboración entre ambas instituciones».

El proyecto será liderado por el catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UMH, Fernando Miró Llinares, y por un grupo interdisciplinar de investigadores al que sumarán especialistas internacionales dado el enorme interés de la investigación.

En este sentido, los informes que se elaboren en este foro serán los cimientos sobre los que se articulará una propuesta sólida y potente de reformas legislativas y políticas públicas que permitan, como dijo el president Ximo Puig, que la Comunidad Valenciana sea una tierra que ponga fin a la explotación sexual.

«Este es un objetivo compartido por los partidos del Botànic que apoyaron el pasado mes de octubre la proposición no de ley presentada por el Front Abolicionista y con el Gobierno central, que ya ha anunciado una reforma del Código Penal para castigar la tercería locativa, es decir, para perseguir a los dueños de los burdeles», según manifestó Bravo, quien reclama «una nueva ley integral contra la trata y la explotación sexual que ponga fin a una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a mercancía».

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