«Han sido muchas las actuaciones llevadas a cabo en la presente legislatura por este equipo de gobierno con el fin de mejorar el servicio de limpieza y recogida de residuos que se estaba prestando en Alicante. Siendo sinceros y reconociendo que aún hay mucho que hacer, la situación ha mejorado ostensiblemente». Esta frase del bipartito que gobierna en el Ayuntamiento en las conclusiones de la comisión municipal creada para estudiar el millonario contrato resume el espíritu del informe elaborado por PP y Ciudadanos, en el que ensalzan la gestión del servicio que llevan a cabo desde que accedieron al ejecutivo y de paso arremeten contra la que realizaron sus antecesores en el tripartito de izquierdas. Todos los grupos presentaron ayer sus propuestas, que se abordarán el 8 de abril en una nueva sesión.
El concejal de Limpieza y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), y el vocal Antonio Manresa (Ciudadanos), que firman las conclusiones, consideran que gran parte de los problemas que arrastra el contrato tienen su origen en las decisiones, «erróneas», adoptadas durante la legislatura anterior del gobierno de izquierdas. «Es evidente que el resultado de las mismas fue un empeoramiento en la calidad del servicio de limpieza de la ciudad». En este sentido, entienden que la solución no podía ser tomar como punto de partida el plantear una resolución contractual «con la que el tripartito estuvo amagando en la anterior legislatura». Por contra, durante las sesiones de la comisión, el edil de Limpieza defendió la última mejora del contrato de la limpieza, que supone pagar 1,2 millones más.
El bipartito de derechas entiende en cambio que había que dar estabilidad a la relación contractual, «condicionada a un estricto cumplimiento» y a actuaciones concretas como la reestructuración de la Concejalía y la fiscalización con más inspectores (los exediles de Guanyar admitieron en las sesiones de la comisión que existía un déficit de estos trabajadores), además del inicio de la licitación del nuevo contrato, que comenzó con el expediente de la parte de residuos, afectado por la paralización administrativa a causa del covid. El bipartito afirma que el aumento de la fiscalización del servicio, «que sufría un déficit en el aspecto de inspección que el tripartito no fue capaz de solucionar», supuso el incremento de la plantilla de inspectores desde que accedieron al gobierno municipal, y que se han puesto todas las sanciones y deducciones observadas, comenzando por las certificaciones de julio y agosto de 2019 por 300.000 euros. El contrato de limpieza y recogida de residuos fue adjudicado en 2013 por el gobierno del PP a la UTE por un presupuesto de 254,7 millones sin impuestos y una duración de 8 años.
Desde la oposición, el grupo socialista considera que el contrato establece mecanismos suficientes de control que no siempre se cumplen y critica la falta de inspección de la que es responsable la Concejalía de Limpieza, como, por ejemplo, la ausencia de evaluación del servicio los fines de semana, lo que supone la no detección de infracciones. Los ediles Raúl Ruiz y LLanos Cano, que firman las conclusiones, tachan el contrato de ineficaz y aseguran que el tripartito no redujo el número de operarios de limpieza. Además auguran que el servicio se endeudará más con los dos millones que están previstos de inversión en mejoras a cinco meses de concluir el contrato.
Unidas Podemos cree que la comisión evidencia el fracaso de la externalización de la gestión de residuos y apuesta por una gestión municipal, a la vez que considera probada la «ineficiencia, ineficacia y falta de compromiso» con la limpieza de la actual empresa encargada de la contrata. «Alicante es una ciudad objetivamente sucia y está muy lejos de alcanzar los objetivos europeos de reciclaje de un mínimo del 50% de los residuos», señala la edil Vanessa Romero.
Compromís cree que se ha retrocedido en los avances del pasado mandato a un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible, y critica el «fracaso» de la gestión del bipartito en los grandes contratos municipales. La formación de Natxo Bellido abunda en el desconocimiento de los «detalles de la modificación del contrato que pretenden hacer, ahora que quedan pocos meses para su vencimiento» y pide que la comisión se mantenga abierta.
Desde Vox, Mario Ortolá reclama un aumento de la plantilla de inspectores, un sistema de turnos que garantice el efectivo control y asegurar la licitación en tiempo y forma de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos, y de la gestión de los ecoparques.
