La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha presentado un recurso de casación contra la sentencia, del pasado 11 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaró nulo el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprobaba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) y el Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana. Asíí lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, para abordar la situación de playa de l'Auir. Al encuentro ha asistido también la secretaria la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco. El pasado mes de febrero, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Política Territorial trasladó un mensaje de tranquilidad y seguridad jurídica a los ayuntamientos de la costa de la Comunitat Valenciana, ante eventuales intereses de terceros en las zonas del litoral. Se remitió una notapara que las corporaciones municipales dispusieran de información actualizada sobre el Pativel tras el fallo del TSJCV.
El titular de Política Territorial, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto a este enclave de la Safor como un ejemplo del patrimonio "que merece ser cuidado y preservado, tanto por sus características naturales como por su relevancia como activo económico". "El conjunto del patrimonio litoral de la Comunitat Valenciana debe ser protegido por todas y todos: instituciones, vecinos y vecinas de las localidades costeras y turistas que puedan visitarnos. Es necesario un compromiso social con la protección del entorno", ha explicado el conseller.
"Para esa protección -ha continuado España-, contamos con un elemento fundamental, los instrumentos de ordenación urbanística y, aquí, en la Comunitat Valenciana, tenemos el Pativel, un plan de acción territorial para cuidar y conservar nuestro territorio". "Con el Pativel, el objetivo fundamental del Gobierno valenciano ha sido el de poner a disposición de ayuntamientos y ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat una herramienta para proteger y ordenar su litoral", ha añadido el conseller.
Vigencia del Pativel
"Por el momento, y hasta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre nuestro recurso -ha insistido el titular de Política Territorial-, la normativa que comprende el Plan continúa en vigor y nuestras playas y costas están protegidos". En este sentido, Arcadi España, ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" para "todos los valencianos y valencianas preocupados por la protección de su litoral". "Este instrumento de ordenación y protección sigue estando vigente y continúa dando cobertura a nuestras costas", ha aseverado el conseller. "La sentencia que recurrimos no entra en el fondo del Plan sino que aborda solo cuestiones formales, -ha recordado el conseller-, y por eso confiamos en que esta herramienta de protección y preservación del litoral, de nuestro patrimonio medioambiental, cultural y económico, pueda continuar al servicio de los valencianos y valencianas".
Por su parte, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha mostrado su agradecimiento hacia la actuación de la Generalitat, que, en su opinión, ha evitado la urbanización de la playa de l'Auir, "un emblema ecológico y nuestro tesoro natural más preciado".
"Se trata de una de las pocas playas vírgenes que quedan en el litoral y, por ello, debemos seguir trabajando para cuidarla, conservarla y protegerla al tiempo que la ponemos en valor para que sea un producto turístico de calidad", ha afirmado Morant. "Gobierno central, autonómico y local coincidimos en el hecho de que no se trata solo de mantener estos espacios fuera de la especulación urbanística sino de retornarlos a la ciudadanía y potenciarlos como elementos que generen economía y riqueza" ha concluido la alcaldesa.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana declaró nulo en febrero, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoralcon el que el Consell pretende blindar casi 3.000 hectáreas de costa en la provincia y evitar, de esta forma, la proliferación de nuevas edificaciones con distintos niveles de protección en función de su cercanía con la ribera del mar. El plan, que, no obstante, todavía permitía la construcción de alrededor de 50.000 viviendas en el litoral en los próximos diez años, generó un fuerte rechazo social entre vecinos de algunos municipios y también la oposición de muchos promotores. Hasta el extremo de que fuentes del sector de la construcción estiman que se podrían haber presentado en este tiempo medio centenar de recursos contra el Pativel.
Precisamente uno de ellos, el presentado por TM Grupo Inmobiliario, con sede en Torrevieja, es el que ha permitido tumbar el plan del Consell. La compañía, en este sentido, recurrió ante los tribunales y ahora la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ le ha acabado dando la razón y declarando nulo el Pativel. Ahora bien, la Generalitat ya avanzó ayer por la tarde que presentará un recurso de casación ante el Supremo.
La resolución judicial, que, no obstante, registró el voto particular por parte de uno de los magistrados de la sala, se basa en tres cuestiones para declarar el Pativel contrario a derecho. Por un lado, apunta a la falta de un estudio económico-financiero, preceptivo, según la sala, a tenor de la jurisprudencia, hasta el punto de que el fallo alude expresamente a una sentencia del Supremo del 14 de febrero de 2020, que es la que sentaría doctrina. En segundo lugar, los magistrados se escudan en la falta de informes de evaluación del impacto del documento del Consell en materia de género, familia e infancia. Por último, el TSJ ahonda en la falta de una evaluación ambiental y territorial.
En este sentido, para el tribunal, la carencia del estudio económico-financiero impide que el plan «refleje los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo» este documento urbanístico. Como ejemplo, basta con tener en cuenta que solo en Torrevieja el Pativel anuló casi un millón de metros de suelo urbanizable.
Además, los magistrados señalan que el proyecto incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres «al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género», como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística. Este argumento, según la sentencia, es extrapolable a la ausencia en el expediente de los informes exigibles sobre el impacto que puede conllevar la actuación en materia de infancia, adolescencia y familia.
Por último, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ entiende que es otro motivo de nulidad el hecho de que el plan «no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles». De hecho, en la resolución se precisa que «no se analizan las consecuencias que el Pativel pueda tener para con la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad y demás factores mencionados».
