La comisión técnica del agua de la Diputación de Alicante se reunió ayer de forma extraordinaria y urgente para mostrar su rechazo a la intención del Gobierno de modificar de forma inmediata las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, reduciendo los caudales trasvasables hacia Alicante, Murcia y Almería en los meses en que la reserva esté el nivel 2 -casi todos desde noviembre- cuando por ley tocan 38 hm3. El Ministerio ha convocado el lunes al Consejo Nacional del Agua para votar la modificación y que la cantidad pase a los 27 hm3. A eso se une la intención de aumentar los caudales ecológicos del río en Aranjuez y Toledo, con lo que la reducción anual del envío de agua se situará en torno a los 80 hm3. El Gobierno justifica esta media en la reducción de aportes naturales de agua y tiene decidido compensarlos aumentando la capacidad de producción de las desaladoras, cuya agua resulta ocho veces más cara que la del trasvase, debido a los costes de producción derivados del consumo eléctrico.
La comisión técnica de la Diputación acordó por unanimidad reclamar la paralización de esta medid al entender que es inoportuna, ya que interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo que está previsto se apruebe el próximo año, y arbitraria, y por tanto nula de pleno derecho, al causar inseguridad jurídica e incertidumbre y probablemente tendrá que ser revisada una vez finalice el proceso de planificación hidrológica, tal y como alerta el propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)-.
Además, la comisión técnica del agua considera que el cambio promovido por el Ejecutivo central es "ineficaz y contrario a los intereses de los supuestos beneficiarios de la misma, ya que no proporcionará más recursos. En este punto, se alerta de que la modificación del volumen a trasvasar supondrá un recorte del 4% de las aportaciones para riego con respecto a las condiciones actuales, que se traducirá, únicamente, en un aumento en las pérdidas de evaporación".
El acuerdo, en el que se exponen los aspectos técnicos y jurídicos que justifican la posición contraria de la provincia de Alicante a esta reforma por producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos, será remitido a la Generalitat Valenciana, al Gobierno de Murcia y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), como miembros del Consejo Nacional del Agua, para que lo incluyan, si así lo estiman conveniente, en su posicionamiento.
Además, el informe, en el que se advierten de los efectos negativos que desde el punto de vista medioambiental va a tener la reducción de las aportaciones a la cuenca del Segura, se enviará también a todos los alcaldes de la provincia con el fin de que puedan mostrar su apoyo y adhesión al mismo.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha calificado de “inadmisible” la posición del Ministerio de Transición Ecológica, “que toma decisiones de forma arbitraria que siempre perjudican a los mismos”.
“Además de la grave situación sanitaria y económica que estamos atravesando, con consecuencias terribles para la hostelería, el ocio o el turismo de la provincia, los alicantinos tenemos que vivir constantemente bajo la espada de Damocles, con amenazas reiteradas por parte de la ministra Teresa Ribera y de sus compañeros de Castilla La Mancha sobre el cierre definitivo del trasvase”, ha lamentado Serna, quien ha recordado que el agua “es un bien colectivo y de dominio nacional”.
En este sentido, ha puesto de manifiesto que el Tajo-Segura es el único que se cuestiona cuando hay más de 40 trasvases en España, “algo que se debe a la falta de políticas de agua y al hecho de que la ministra se pliegue a los caprichos e intereses de sus compañeros de partido en Castilla la Mancha”. “El agua no debe tener color político, pero, lamentablemente, en este caso no es así”, ha criticado la responsable provincial, quien ha insistido en la importancia de “decir claro y alto, basta ya”.
Al respecto, Serna ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “un pronunciamiento claro y una defensa firme y contundente de los intereses hídricos de la provincia de Alicante y de la Comunitat”. “Todos estamos esperando a que actúe, porque hasta ahora o no ha dicho nada o lo ha hecho con la boca pequeña para no molestar a sus compañeros de Castilla La Mancha”, ha dicho la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, quien, al igual que el resto de los miembros de la Comisión del Agua, ha pedido a la Generalitat que adopte las actuaciones jurídicas oportunas ante “este nuevo ataque directo a la viabilidad del trasvase Tajo-Segura”.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) ha mostraado a su apoyo a la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante y urge la paralización de las nuevas medidas de reducción de caudales del Trasvase Tajo-Segura -que se van a debatir en el próximo Consejo Nacional del Agua del día 29- porque afectaría a todo el sector productivo de la provincia de Alicante y de manera más directa al sector agrario e industria agroalimentaria del que dependen más de 45.000 empleos, según ha indicado el director de Estudios de INECA, Francisco Llopis. Las nuevas reglas de explotación que propone el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, pretende modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para el Nivel 2 pasando de 38 hm3/mes a 27 hm3/mes lo que significaría una importante reducción de los caudales destinados al regadío.
El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante considera que es un momento inoportuno en plena fase de revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que en principio concluiría finalizar en la primavera de 2022, modificar las reglas de explotación de Trasvase. Por ello, INECA apuesta porque “estas reglas de explotación sean revisadas una vez que haya sido aprobado el Plan Hidrológico del Tajo en 2022, ya que este será el momento con el que se cuente con una serie hidrológica más ajustada y por tanto se puedan tomar mejores decisiones de carácter técnico”.
El trasvase Tajo Segura es la piedra angular de la actividad económica de la provincia de Alicante porque no sólo afecta al sector agrario y de transformación agroalimentaria, sino que afecta además a los abastecimientos de 35 municipios de L’Alacantí, Vega Baja y Vinalopó -más de 1,1 millón de personas abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla- y por ende la actividad industrial y turística de todos ellos, según ha explicado Llopis. Veinte mil trabajadores alicantinos y mil millones de euros en exportaciones dependen del agua del Tajo en la provincia.
