La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (FECOREVA) ha hecho público hoy un comunicado para respaldas los derechos de los regantes del trasvase Tajo-Segura y rechaza firmemente cualquier posible modificación de las reglas de explotación que afecte a los intereses de regadío y abastecimiento. Así, desde Fecoreva se apoya la decisión de Les Corts valencianes de instar al Gobierno central a paralizar la modificación del trasvase hasta que no esté aprobado el Plan Hidrológico del Tajo, así como a que se consensue con usuarios y Generalitat cualquier posible cambio en el Tajo-Segura.
La unanimidad mostrada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes esta semana "es la misma que todos los regantes han manifestado en el Consejo Nacional del Agua, votando en contra de la modificación de las normas de explotación que plantea el Gobierno en su proyecto de Real Decreto".
Por esta razón, desde Fecoreva se pide al Gobierno central y concretamente al Ministerio para la Transición Demográfica y el Reto Demográfico (MITECO) que se tenga en cuenta los derechos y los intereses de los regantes y se les escuche, en lugar de aprobar cambios por real decreto “sin hacer uso de diálogo, ni contestar a ninguna de las propuestas que hemos planteado los regantes”.
En este sentido, cabe recordar que cualquier decisión arbitraria de modificar el trasvase afectaría no solo a miles de regantes y familias de la provincia de Alicante, sino también de Murcia y Almería, a los que no se les ha tenido en cuenta en la propuesta del MITECO.
Por su parte, La Unió de Llauradors ha rechazado también el cambio de las reglas de explotación del trasvase que pretende el Ministerio de Transición Ecológica y ha considerado "irrenunciable" mantener el reglamento actual que establece en 38 hm3 la cantidad de agua mensual a trasvasar. Desde la Unió han explicado que rebajar el límite de 38 hm3 a 27 hm3 "sin el necesario consenso y sin argumentos lógicos" para trasvasar agua de la cuenca del Río Tajo al Segura "es una jugada muy sucia del Ministerio", un hecho que, según aseguran, compromete la agricultura alicantina.
Han reiterado la necesidad de defender los intereses de los agricultores y regantes valencianos y de impulsar "una unidad de acción" para reclamar "firmeza en el rechazo ante la decisión del Gobierno", por lo que en las próximas semanas han anunciado el estudio de acciones de protesta por estos planteamientos del ministerio. Desde la organización agraria han señalado que estas actuaciones crean "demasiada incertidumbre a los agricultores", ya que no saben "lo que tienen que plantar", además de "no animar a la gente joven" a incorporarse al sector agrícola, hecho que facilitaría el relevo generacional que han calificado de "necesario".
Según La Unió, los problemas hídricos en las comarcas del sur de Alicante afectan a más de 30.000 familias que se dedican a la agricultura, además de aquellas que dependen indirectamente de la actividad agraria, como la industria auxiliar o del transporte, por lo que consideran que no se puede poner en duda "una infraestructura básica para la economía de la provincia" como es el trasvase Tajo-Segura.
Los regantes del trasvase Tajo Segura han anunciado este miércoles que en abril llevarán a cabo movilizaciones contra la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación del acueducto "por motivos ideológicos".
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha dicho en rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Murcia que la próxima semana reunirá al Círculo del Agua, integrados por agentes económicos y sociales, para concretar que tipo de movilizaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta siempre las circunstancias de la normativa sanitaria en esta pandemia. Lucas ha manifestado que la ministra, Teresa Ribera, alberga "intencionalidad alejada de lo que el propio decreto que recoge la modificación de las reglas de explotación contempla al solo efecto de asegurar la regularidad de la llegada del agua al Levante y no regalando cromos a Emiliano García Page, que está muy virulento ahora con el tema del trasvase". El presidente de los regantes dijo que la modificación supone elevar la película de agua en los pantanos de cabecera, "lo que nos parece bien, pero no a costa de los regantes o de la propia población del Levante".
"Ésto añadido a un proceso de planificación que plantea caudales ecológicos en algunos puntos del Tajo que dependen de Entrepeñas y Buendía, que nos parece fuera de lógica y ajeno a la técnica, y sometidas todas esas consideraciones a cuestiones eminentemente políticas, es por lo que hoy la junta de gobierno del SCRATS" decide las movilizaciones.
El presidente del SCRATS señala que se pretende dar "un jaque, no se si mate, pero sí muy importante al trasvase" por lo que se iniciarán protestas en abril "ajustándonos del mejor modo que atisbemos que pueda darnos mayor visibilidad nacional". Además anunció que habrá años gracias a esta decisión en los que no habrá agua para regadío en Almería, Murcia y Alicante, y habrá comunidades de regantes que no tendrán posibilidad de disponer de otros recursos hídricos alternativos, porque no existen canalizaciones entre las desaladoras situadas en el litoral que les permitan recibir esos caudales.
"Y eso va a ocurrir previsiblemente este mismo año 2021", agregó, al tiempo que calificó de "chiste" las medidas que anunció Ribera como alternativa para el Levante porque la reutilización del agua de la depuración ya se está empleando en su totalidad en estos territorios y la conexión de las desaladoras con el regadío "no está ni en fase de anteproyecto y pueden tardar perfectamente 7 u 8 años. Todo está en fase de imaginación de la ministra".
El recorte de agua del trasvase que calculan en unos 80 hectómetros cúbicos al año "no es transición hacia nada y no responde al título del ministerio que la señora Ribera ostenta". Por último, anuncia que con motivo del 42 aniversario del trasvase el sindicato va a organizar el 13 mayo un acto público en el que rendirán homenaje a las personas "esenciales" de todo el país en esta pandemia, "que han puesto en riesgo su salud para que todos gozaran de una normalidad mínima" en esta situación.
