La Comunidad General de Riegos de Levante -entidad que representa los intereses de más de 20.000 agricultores de la provincia- ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que les exima del pago de la tasa que exige el Ministerio por el uso del trasvase Tajo-Segura, pese que no haya envío de caudales, como sucedió entre septiembre de 2020 y el recién finalizado marzo debido a las obras en un embalse de la Bujeda. En concreto, los regantes reclaman la exención del pago de 1,25 millones de euros. Por otro lado, hoy, 1 de abril, con casi 900 hm3 en la cabecera del río se activa automáticamente el trasvase máximo mensual de 38 hm3, por cuarto mes consecutivo, cantidad que el Ministerio quiere reducir a 27 hm3 modificando las reglas de explotación, medida que tienen en armas al campo de Alicante y Murcia.
Las reparaciones en el pantano de la Bujeda que han tenido cortado el trasvase Tajo-Segura desde el mes de septiembre hasta hace apenas unos días, es el motivo alegado por Riegos de Levante, Izquierda del Segura, para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la Confederación Hidrográfica del Segura, la exención parcial de la tarifa que se liquida como pago por el funcionamiento de dicha infraestructura. La tarifa del trasvase se compone de tres apartados, dos de los cuales son fijos y sólo uno es variable en función del agua consumida.
La comunidad alega que, dado que los dos apartados fijos se corresponden con el pago por la amortización de la obra y por los costes fijos de la misma, en los seis meses que no ha funcionado la infraestructura no se ha producido la depreciación de la misma, alargando su vida útil, a la vez que se han debido evitar o minimizar los gastos fijos por el cierre de la misma. En base a ello, y fundamentado en la “no disponibilidad” de los recursos, se solicita la exención de dichos aparatados de una tarifa que, en su opinión, no debe liquidarse si no es posible prestar el servicio de abastecimiento.
Cabe recordar que estos apartados fijos, hasta el año 2017 sólo se liquidaban a los agricultores en función de los volúmenes de agua recibidos, pero desde junio de 2017 pasaron a liquidarse de forma fija en independientemente del agua suministrada.
Javier Berenguer, presidente de Riesgos de Levante, subraya que "esto supuso un mazazo a las cuentas de los agricultores del Levante que vieron cómo tenían que pagar una parte importante del precio del agua a pesar de no recibirla". Para la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Izquierda del Segura, supone desembolsar anualmente dos millones y medio de euros, correspondientes a lo que se ha denominado por los agricultores como “el tasazo”.
Esta solicitud coincide con la reunión de la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que ayer se celebró en Murcia coincidiendo con el 42 aniversario del trasvase Tajo Segura. Los agricultores acordaron movilizar a las mesas territoriales del agua, así como a los colectivos de regantes y a toda la sociedad civil para mostrar su repulsa a los cambios en las reglas de explotación que regulan el envío del agua a los agricultores y hogares levantinos, así como por los incrementos previstos en los caudales ecológicos. Ambas medidas suponen un recorte estimado mínimo de 80 hectómetros cúbios anuales, lo que viene a suponer la mitad de lo recibido en los últimos años. Del mismo modo incrementa el riesgo de forma exponencial de no recibir agua del trasvase en años en que las condiciones pluviométricas no sean especialmente favorables en la cabecera del Tajo abocando a agricultores y municipios a consumir agua desalinizada, pero sin contar en la actualidad con las infraestructuras de interconexión que son necesarias para ello.
