La Generalitat tiene previsto que, a falta de cerrar todavía su ubicación en Elche, la nueva Agencia Valenciana de Protección del Territorio comience a funcionar a final de este año. Con este instrumento, el Consell prevé legalizar las 75.402 viviendas construidas en suelo no urbanizable (rural) en la provincia, muchas de ellas diseminadas por las comarcas. Elche es el municipio donde existen más casas «alegales» con 13.228. Le siguen Orihuela, con 7.492; Crevillent, con 3.501; Alicante, con 3.028 y, ya mucho más abajo, Torrevieja, con 147, según los datos que maneja la Conselleria de Política Territorial.
El conseller Arcadi España, subrayó este jueves que «con la aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio se articula la organización y funcionamiento de este organismo, y se puede iniciar el proceso de adhesiones de los ayuntamientos que así lo decidan en el pleno municipal». El Consell tiene previsto aprobar este viernes en el pleno los estatutos de este organismo autónomo de la Generalitat, adscrito a la Consejera de Política Territorial que, con sede en Elche, se encargará de velar por la protección del suelo no urbanizable y el respeto a la legalidad urbanística. La Agencia contará con 35 funcionarios, y el objetivo es que esté operativa a final de este año para legalizar 350.000 viviendas en toda la Comunidad. Para el conseller, «es fundamental trabajar en la reordenación territorial para proteger nuestro entorno y establecer criterios orientativos para ayudar a las administraciones, propietarios y profesionales a adoptar medidas que disminuyan el impacto medioambiental ocasionado por asentamientos residenciales en suelo no urbanizable».
En este sentido España recordó que la Agencia «será el instrumento para ejercer la potestad administrativa en materia de disciplina urbanística y poder generar seguridad jurídica ante herencias de propiedades o para llevar a cabo actuaciones en las viviendas, por ejemplo».
El objetivo es «la protección del suelo rural, entendido como un recurso natural escaso, limitado y no renovable, desde la perspectiva de que la medida de protección más efectiva es la prevención, mediante la inspección territorial, para evitar tanto la irreversibilidad o consolidación de construcciones alegales como la creación de una falsa confianza en la ciudadanía», afirmó.
Además, el conseller añadió que, una vez sea aprobado el marco organizativo de la Agencia, se permitirá la tramitación de los procedimientos de minimización del impacto territorial de las viviendas que carezcan de título jurídico habilitante individual o colectivo. La minimización es un instrumento indispensable para la conservación del territorio, pues su finalidad es disminuir o paliar los efectos negativos que producen las viviendas construidas ilegalmente en el suelo rural.
Según establecen los estatutos, los órganos directivos de la Agencia serán el consejo de dirección, que es el órgano colegiado de planificación, dirección y control de la actividad del organismo, y la gerencia. En el consejo de dirección, que estará presidido por la secretaria autonómica competente en materia de Territorio y Urbanismo de la Generalitat, estarán representados los ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales.
Municipios
Para la incorporación de un municipio, la Agencia requerirá de un acuerdo de adhesión del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta, que deberá ser confirmado por la dirección-gerencia de la Agencia y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El acuerdo de adhesión tendrá una vigencia de quince años y se podrá prorrogar.
La gerencia será el órgano ejecutivo, de gestión ordinaria del organismo y la persona titular será nombrada y cesada por Decreto del Consell, a propuesta del conseller de Política Territorial. La gerencia propondrá un Plan Plurianual de Gestión y un programa anual de actuación que será aprobado por el Consejo de Dirección, que incluirá el Plan de Inspección Urbanística.
