280,8 millones. Ese es el dinero que los gestores de apartamentos turísticos han reclamado a la Generalitat Valenciana para evitar el cierre masivo de empresas dedicadas al alquiler vacacional y poder salvar de la quiebra a este segmento de alojamiento, golpeado de lleno por la crisis del coronavirus. Un estudio elaborado por Aptur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana con sede en Benidorm, alerta de la difícil situación que atraviesan alrededor de 1.200 empresas inscritas en la Comunidad para arrendar viviendas vacacionales, un alto porcentaje de las cuales no ha podido abrir ni un solo día desde marzo del pasado año, cuando se decretó el primer estado de alarma, pero siguen soportando unos gastos fijos mensuales que han hundido por completo su economía.
El mismo estudio apunta, además, que la Generalitat podría recuperar, a través de impuestos, cotizaciones, etc., el dinero invertido en estas ayudas a fondo perdido en un plazo de entre 10 y 14 meses, siempre y cuando el sector puede soportar el tiempo que aún resta para la recuperación y recobrar su actividad tras la crisis sanitaria.
«Cuando todo remonte, sabemos que va a haber demanda de sobra para llenar todas las plazas, porque los clientes quieren venir. Pero para llegar ahí necesitamos sobrevivir y salvarnos del cierre: por nuestras empresas y para evitar que, si todas caemos, se vuelvan a disparar los apartamentos piratas contra los que llevamos tantos años luchando», destaca el presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos.
Los datos que recoge el estudio elaborado por esta asociación empresarial indican que, además de las 1.200 empresas inscritas en la Comunidad como gestoras de viviendas turísticas, muchas de las cuales mueven de media hasta un centenar de apartamentos, también existen 85.000 viviendas registradas de uso turístico, de las cuales unas 60.000 se dedican al alquiler durante todo el año. En su conjunto, generan alrededor de 5.000 empleos directos, el 85% de los cuales, según Sotillos, son contratos fijos, a tiempo completo y con bastante antigüedad acumulada.
El documento cifra en 2.694 euros el gasto anual por inmueble que soportan quienes alquilan apartamentos vacacionales, mientras que en el caso de las empresas gestoras este gasto mínimo se dispara hasta los 156.000 euros al año de media, entre el pago de impuestos, suministros, etc, además de otros 181.000 euros anuales que cada empresa aporta de media anualmente a las arcas públicas por el pago de impuestos como el IVA, IRPF, impuesto de sociedades, retenciones,... en un año de facturación normal.
Con todo, los apartamentos alertan de que «si la Generalitat Valenciana deja caer el sector de la vivienda vacacional», la Hacienda pública tendrá que asumir «82,5 millones por el pago del subsidio de desempleo a los trabajadores del sector durante dos años, además de unos 554,4 millones de caída de ingresos».
El TSJ permite abrir a los bingos y a los casinos
La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha suspendido cautelarmente el cierre de bingos, casinos y otros establecimientos dedicados al juego, acordado por la Generalitat el 5 de diciembre, dentro de las medidas contra el coronavirus. El tribunal no ve «justificación ni motivación suficiente para mantener la medida de cierre» en la actual situación epidemiológica.
