Frenar el recorte de agua del trasvase del Tajo-Segura que ultima el Gobierno, que reduciría casi a la mitad el agua que recibe la provincia para riego y abastecimiento, es el objetivo de los grandes partidos políticos de la provincia, PP y PSOE, en la alianza común en defensa del territorio que sellaron ayer en la Comisión Provincial del Agua convocada por la Diputación. Los alcaldes de municipios como Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja y Benidorm (en este caso a través de la primera teniente de alcalde) cambiaron la bandera política por la territorial en un intento de paralizar la reducción en 80 hectómetros cúbicos del aporte del Tajo-Segura que plantea el Ministerio de Transición Ecológica con el apoyo del Consejo Nacional del Agua, más otros 70 hectómetros cúbicos de caudales ecológicos.
Los partidos políticos, junto a agricultores, regantes y académicos que forman parte de la Comisión Provincial del Agua, acordaron también por unanimidad exigir que se paralice la modificación de las reglas de explotación del trasvase hasta que se apruebe de forma definitiva el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), que convocó de urgencia el encuentro telemático de ayer ante lo que considera un nuevo «cuchillazo» del Gobierno central al trasvase Tajo-Segura, dijo que lo que se buscaba con la reunión era la «unidad de todos en la defensa de esta infraestructura». De ahí que haya puesto los servicios técnicos de la institución provincial a disposición del Consell para su lucha en la más alta esfera política del Estado.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, mostró su «respaldo absoluto» a los regantes, a la Diputación, «como líder» de este proceso de unidad política a través de la Comisión Provincial del Agua, y a la Generalitat, a «la que daremos todo nuestro apoyo para salvar el trasvase». Según dijo, «la defensa del Tajo-Segura no es una bandera política sino territorial. No contemplo ningún tipo de divergencia entre fuerzas políticas. Es el momento de concitar a todos los que realmente estén por este territorio, con independencia y por encima de ideologías». De ahí su ofrecimiento al Gobierno del Botànic, formado por el PSPV y Compromís, con el apoyo de Podem.
El recorte al trasvase de agua hacia la provincia, extensivo también a Murcia y Almería, está provocando una importante división en el PSOE. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado que es irrenunciable, un mensaje en el que abundó ayer en la comisión el director general del Agua, Manuel Aldeguer, quien defendió la posición «sólida» de la Generalitat «para que no haya ningún retroceso en la disponibilidad de agua», afirmó. Pero ni esta postura beligerante, que deja la puerta abierta a llevar ante los tribunales este nuevo recorte pactado por dirigentes de su propio partido (la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page), ni el acuerdo con los socialistas de Murcia ni las advertencias de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, han conseguido que los ministros valencianos en el Gobierno de Pedro Sánchez se posicionen con los intereses de su territorio.
De ahí la unanimidad política ayer en la Comisión Provincial del Agua en defensa del propio territorio. Además de Alicante, que llevará al próximo pleno una declaración institucional en defensa del Tajo-Segura, Elche también tomó posiciones. Su alcalde, el socialista Carlos González, instó a evitar la lucha partidista «porque nos debilita. Hay que buscar una posición común, cerrar filas y establecer una alianza institucional para hacer ver al Gobierno de España -de su propio partido- que la provincia de Alicante defiende a ultranza el Tajo-Segura». «Es un trasvase esencial para nuestros cultivos y para el progreso económico y la generación de empleo en el sur de la provincia de Alicante. El trasvase es un motor de desarrollo económico y social, miles de empleos dependen en la provincia de cada hectómetro de agua trasvasada y eso exige unidad de acción», reivindicó.
Los regantes instan a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía a presionar a Sánchez
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ha encargado a los servicios jurídicos municipales que emprendan todas las acciones «que la ley nos permita» en defensa del trasvase. El edil ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instándole a paralizar el recorte. «En el fondo parece que hay una intención de que el trasvase pase a la historia y que a esta comarca no nos llegue el agua que tanto necesitamos», afirmó.
Benidorm también pedirá la paralización de la reducción de caudales trasvasables por el Tajo-Segura con una moción que se llevará al próximo pleno, al considerase una medida «inoportuna, arbitraria, carente de justificación y sin razones hidrológicas». La primera teniente de alcalde, Ana Pellicer, que participó en la comisión telemática de ayer, también dijo que «en decisiones sobre los recursos hídricos, tenemos que ir todos a una, sin excepción».
En la misma línea, apeló a ir de la mano, dejando las siglas políticas a un lado, el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, que no entiende el machaque del Gobierno «porque el agua la queremos para producir alimentos para España y Europa». Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, advirtió especialmente de los negativos efectos que tendrá el aumento de los caudales ecológicos; mientras Ángel Urbina, de la Federación Provincial de Regantes, insta a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que representan el 40% del territorio nacional, a presionar a Pedro Sánchez para que no publique el plan del Tajo y a negociar porque «técnicamente no hay justificación para el recorte del trasvase».
