A vueltas con el agua, otra vez. Desde que la primera gota del Tajo llegó a la provincia de Alicante por el acueducto del trasvase, los regantes han tenido que pelear año a año la garantía de ese caudal. Siempre a expensas de los vaivenes de las sequías en su cabecera y de la flexibilidad de un concepto, el de aguas excedentarias, convertido en poderosa arma política, la economía alicantina y del sureste español necesita, sí o sí, los recursos que llegan del Tajo. De ellos depende no sólo la vitalidad, también la viabilidad de sectores alicantinos punteros como la agricultura, el turismo, la construcción o la industria, que crecieron con el agua de una cuenca ajena, además de que se aseguró el abastecimiento urbano de poblaciones en constante crecimiento.
Las reglas de explotación de estos caudales, definidas en 1997 tras veinte años de discrecionalidad en los desembalses, volvieron a revisarse en 2013 fijándose un umbral mínimo de 400 hectómetros desde los que no se podía trasvasar agua a la cuenca del Segura. Ahora, sin embargo, se plantea una nueva modificación para reducir el envío máximo que pueden recibir mensualmente la región de Murcia y la provincia de Alicante, pasando de los 38 hectómetros actuales a 27. La reducción, propuesta por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) al Consejo Nacional del Agua se fundamenta en el hipotético ahorro que podría garantizar más envíos automáticos de caudal en períodos deficitarios. Una idea que pretende reservar más agua hoy para poder trasvasarla cuando sea necesario. Los regantes, por el contrario, solo ven un recorte más.
La historia de este agua viajera comenzó en marzo de 1979. Desde entonces el trasvase Tajo-Segura transporta caudales estratégicos para la economía alicantina a través de una compleja infraestructura de 292 kilómetros. Desde el centro de España hasta las provincias de Alicante, Murcia y Almería, abasteciendo también Castilla-La Mancha en el ámbito de la cuenca del Guadiana. Las tierras regables a las que da vida superan las 150.000 hectáreas, y suministra agua de «boca» de forma permanente a más de 2,5 millones de habitantes. Un millón en la provincia. Además genera 110.000 empleos directos en la agricultura de la zona. Sólo en territorio alicantino, donde el trasvase riega 59.804 hectáreas repartidas entre 32 comunidades distribuidas casi al 50% entre el Campo de Elche y la Vega Baja, los empleos en la tierra superan los 38.000. Eso sin contar aquellos asociados a la agricultura –agroalimentarias o transporte–, ni los empleos que genera el sector turístico –hoteles, segundas residencias–, ni la construcción asociada a éste, ni la industria. El agua es el gran motor de desarrollo en Alicante.
Nadie debería perder. La cuenca de origen del agua que llega, la del Tajo, recibe una compensación por su condición de cuenca cedente, distribuida entre las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. 418 millones de euros entre 1986 y 2017 destinados a obras de mejora en infraestructuras hidráulicas y de ingeniería.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Desde su puesta en marcha sin embargo el trasvase ha sido utilizado por los partidos políticos - PSOE y PP- como espoleta para movilizar a su electorado. Un argumento tan recurrente como efectivo, siempre según el tablero de gobiernos del momento al frente de la nación o de las comunidades cedente y receptoras. El resultado es un difícil y conflictivo equilibrio entre cuencas resumido en 40 años de batalla judicial entre el Estado, las comunidades autónomas, diputaciones, incluso municipios y los regantes, sin olvidar la presión de las grandes organizaciones empresariales.
El catedrático y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, afirma que «el trasvase no puede ser considerado como una obra de un régimen político concreto». La necesidad de un proyecto que uniera cuencas de Tajo y Segura ya se planteó en la II República para solucionar el déficit hídrico que padecían las tierras de Alicante y Murcia. Algunos fundamentos del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, como la redotación o la creación de nuevas zonas de regadío, son todavía de aplicación en la cuenca del Segura. El proyecto definitivo (1968) y las obras se iniciaron bajo la dictadura franquista y su construcción se terminó en la España democrática de 1979. Melgarejo realiza una estimación del valor actual de la infraestructura, incluido el postrasvase: 1.555 millones de euros. Y de la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de que se cerrara: hasta 21.000 millones de euros en indemnizaciones.
La ley de aprovechamiento del Tajo-Segura de 1971 señalaba que en una primera fase se trasvasarían 600 hectómetros cúbicos anuales. Más adelante hasta 1.000. Pero los trasvases quedaron desde la ley de Régimen Económico del acueducto de 1980 condicionados a las aguas excedentarias. Los volúmenes trasvasados estuvieron muy por debajo de los previstos.
Aún así, la sucesión de distintos periodos de sequía entre los 80 y 90 hizo del trasvase un elemento esencial para el abastecimiento urbano y el regadío. Gestionados por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 110 hectómetros del total se destinaban a ese uso. El trasvase es sinónimo de agricultura. Pero fue garantía de contar con más agua de la que había la que avaló técnicamente en esta zona de déficit endémico la aprobación de cientos de desarrollos urbanísticos entre 1980 y los años 2000 multiplicando exponencialmente la población de ciudades como Orihuela Costa o Torrevieja. Agua y actividad turística e inmobiliaria siempre han ido de la mano, y el turismo siempre tiene sed. Solo en 2001 se cumplió el máximo de 600 hectómetros trasvasados en un año hidrológico, hecho que las regantes atribuyen a las sequías periódicas y a una pésima gestión de los embalses cabecera del Tajo.
Castilla-La Mancha, en ello coincidieron sus gobiernos de distinto color, y las asociaciones conservacionistas y ecologistas situadas en contra de una infraestructura que consideran insostenible ambientalmente, hablan de un error de cálculo sobre la capacidad hídrica de la cabecera del Tajo a la hora de concebir el proyecto. También, y sobre todo, de una demanda que siempre va muy por encima de los recursos disponibles y que obligó, por ejemplo, a autorizar en 1995 el uso de desalobradoras en el Campo de Cartagena. Tras casi dos décadas de incertidumbre y conflictos sobre los desembalses, el primer recorte regulado del trasvase llegó por un pacto entre el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar (PP) y el de Castilla-La Mancha, José Bono (PSOE). Las nuevas reglas de explotación de 1997 y el Plan Hidrológico del Tajo fijaron el límite a trasvasar al sur en que los embalses de Entrepeñas y Buendía superasen los 240 hectómetros. Acuerdo condicionado a la promesa de construcción del trasvase del Ebro.
Desalación, no; desalación, sí
Ese proyecto fue derogado poco después de que José Luis Rodríguez Zapatero llegara al poder en 2004. La apuesta del gobierno socialista era la desalinización a través del Programa Agua. La actitud de la ministra Cristina Narbona ante las protestas del sector, indignaron a los regantes, al tejido empresarial y a los gobiernos del PP de Murcia y Valencia, que lo interpretaron como el principio del fin del trasvase.
La planta desaladora de Torrevieja no estaría operativa hasta 2013, tras un enorme gasto público de 300 millones de euros y sobrecostes millonarios que siguen en los juzgados. Fue calificada como la «nuclear del mar» por el Partido Popular. Ahora la demanda de estos recursos por parte de las comunidades de regantes del SCRATS dobla la oferta que puede cubrir -80 hectómetros al año-, pero a un precio que casi triplica el coste del agua trasvasada.
Otra vuelta de tuerca fue la firma el 9 de abril de 2013 del «Memorándum» entre la Administración central y las comunidades de Murcia y Valencia. Todas gobernadas entonces por el PP de Mariano Rajoy, incluida Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal El propio Rajoy había encabezado la multitudinaria manifestación del «Agua para Todos» en Murcia para reclamar el trasvase del Ebro y el Tajo junto a Francisco Camps en julio de 2005, y luego avaló la liquidación del trasvase del Ebro y también elevó con ese memorándum el umbral mínimo con el que se puede trasvasar a 400 hectómetros.
El memorándum se anunció como la herramienta para proporcionar mayor seguridad, sostenibilidad ambiental y estabilidad con un criterio científico a los riegos de la cuenca receptora. Su objetivo era trasvasar menos agua cuando más reservas hay en la cabecera y garantizar más envíos automáticos, sin depender de las decisiones del ministro de turno. Pero su aplicación derivó en 2017 en el primer cierre total del grifo del trasvase. Ahora la historia se repite. Pero el que tiene sed, agua busca.
Consecuencias del déficit hídrico en un sector estratégico
El trasvase se concibió para laminar el estructural déficit hídrico que sufre el sector agrícola de Alicante y Murcia pero fue insuficiente para resolverlo, en especial durante las sequías cíclicas. Pese a ello los empresarios agrícolas abordaron una transformación que convirtió la agricultura en la más innovadora y eficiente de Europa. Sin recibir los caudales previstos las producciones, sobre todo en la Región de Murcia, han recurrido a prácticas como la ampliación de regadío sin dotación real, perforación de pozos sin concesión o instalación de desalobradoras sin gestión de drenaje en el Mar Menor.
Desalación
La Generalitat apuesta por reducir el coste energético del agua de riego de desalinizadoras "enchufándolas" a nuevas plantas solares. 20.000 hectáreas de cultivos de la Vega Baja, en la margen derecha del río Segura reciben aportes desalinizados del mar de la planta de Torrevieja, mientras que los productores a los que no ha llegado ese recurso por falta de canalizaciones, como Riegos de Levante Margen Izquierda, han negociado permutas: pagan agua del Tajo que no usan otros regantes a precio de desalada.
