El Gobierno central ha pasado en 30 años de proyectar la interconexión de todas las cuencas hidrográficas de España a querer cerrar el grifo de los trasvases -bueno, de algunos, porque el Ebro, entre otros, sigue enviando agua a Tarragona, Bilbao y Santander- e imponer el agua desalada en la franja sur del Mediterráneo interconectando las desaladoras, unas plantas que, como la de Torrevieja, siguen, ni siquiera, sin conexión con la mayor parte de los agricultores de la provincia. Quede para la anécdota que el hoy Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fuera en los años 90 del siglo XX, no ya quien planteara el trasvase del Ebro, sino el gran defensor de los trasvases cuando era ministro de Obras Públicas. Hoy, antitrasvasista, lo que toca de Villena hacia arriba.
La interconexión de las cuencas era un proyecto planteado desde la razón y la realidad –en España hay agua de sobra, pero está mal distribuida pese que José María Aznar llegara a decir lo de la España verde y la España seca -, que no salió adelante y que, paradojas de la vida, unos años después sería dinamitado por la que es hoy consorte del propio Borrell, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, imponiendo la hoja de ruta de la desalación, que encarecerá el agua un 30%. Hoy, en el año en que se cumplen cuarenta y dos desde que llegara al sur de la provincia la primera gota de agua del Tajo para traer la prosperidad y la riqueza, tanto a Alicante como al resto de España, el trasvase está herido de muerte si el sentido común y la política no lo remedian, porque no creo que este asunto tenga mucho recorrido en la Justicia.
Desde que Cristina Narbona marcó su hoja de ruta de la desalación, esta ha sido seguida al pie de la letra por todos los que han tenido responsabilidad en la política hídrica de este país en el que las competencias del agua son centrales. Narbona, digo, marcó la senda de la desalación. Vamos, que fue la autora intelectual del proyecto para cerrar el Tajo-Segura, que es donde avanza ahora con firmeza la vicepresidenta Teresa Ribera. Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, la misma que sigue sin haber visitado la provincia ni una sola vez para reunirse con los agricultores, pero que sí ha tenido la osadía de, arropada por uno de los barones socialistas, el presidente castellano manchego, Emiliano García-Page, de anunciar que no basta con recortar el trasvase mensual máximo a Alicante y Murcia modificando las reglas de explotación, sino que ahora hay que elevar el caudal ecológico del Tajo.
La ministra sostiene que en el Levante –para estos asuntos la terminología tardo franquista encaja y no hiere el orgullo socialista- español hay que apostar por la desalación y la reutilización. Dos fuentes de suministro de agua que en Alicante se conocen y se aprovechan desde hace lustros, pero que Ribera debe desconocer o, peor, no quiere enterarse, no se le vaya a estropear el plan. Prácticamente el 100% del agua reutilizable (no todo el caudal residual que se trata en las depuradoras es apto para riego, y menos para el consumo) termina en las explotaciones agrícolas. Pero es que no solo es que no haya visitado la provincia, tampoco debe escuchar a sus colaboradores directos en materia de agua, como son los presidentes de las confederaciones hidrográfica del Segura y el Júcar, los mismos a los que el Ministerio prohibió sentarse en la Comisión Provincial del Agua de la Diputación. Oídos sordos.
En este escenario –del despropósito del Júcar-Vinalopó da hasta vergüenza recordar su bloqueo- Alicante lo tiene cada vez más complicado porque, por mucho que se hable del juzgado, este problema es político y de solidaridad territorial. Una virtud que en el Consejo Nacional del Agua volvió a quedar claro que es inexistente. Ximo Puig, jefe del Consell, y Carlos Mazón, presidente de la Diputación y aspirante a suceder a Puig en el Palau, debieran formar un frente común. Difícil. Vale sentarse con Andalucía y cimentar alianzas, pero no veo a Puig haciéndose ahora la foto con López Miras, su homólogo murciano, tras la fallida moción de censura y, lo que es más grave, ganas suficientes para descolgar dos teléfonos. Prima la política sobre la gestión. ¿Para qué? Uno, para pararle los pies a García-Page, y, otro, para tratar de que la vice tercera recapacite. Y no vale salir con la retórica de que el Gobierno no quiere cerrar el trasvase. El objetivo es ese y, recorte tras recorte, así acabara siendo. Pero lo peor es que por mucho que nos lo intenten vender, la desalación, el ahorro y la reutilización son complementos, importantes, pero nunca soluciones en sí mismas.
Y cuando Puig descuelgue el teléfono, que lo haga bien informado y con argumentos. Y si no los tiene, que no sea porque no mira hacia al sur, que esto sigue siendo Comunidad Valenciana, y aquí se lo recordamos. La industria agroalimentaria vinculada al agua del Tajo-Segura -que costó 1.800 millones de euros y que, entre otras cosas, ha evitado que Alicante sea hoy un desierto- aporta en su conjunto 3.000 millones de euros al PIB nacional y sostiene cien mil empleos. Algo que convierte la infraestructura en una cuestión de Estado, más allá de la importancia directa que tiene la transferencia de agua para Alicante o Murcia. El agua del Tajo es vital para el 62% de la agricultura de regadío de Alicante, que factura 500 millones de euros al año y da a empleo a 110.000 personas en la cuenca del Segura, de las que 51.325 residen en la provincia. El valoro del regadío se cifra en 1.700 millones de euros. Y a esta cifra, además, hay que sumar que la industria agroalimentaria aporta otros 2.400 millones de euros al PIB nacional.
Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia, han recibido en estos 42 años de transferencia de agua unos 500 millones de euros por el caudal cedido. Según la actual ley del trasvase, el dinero debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales. Otra cuestión es que los fondos no acabaran en la Confederación del Tajo, la que administra el canal. Con anterioridad a 1986, la compensación económica, que suponía el 4% anual del coste las obras, la recaudaba el Estado, que era el encargado de aplicar esos ingresos a dichas labores de mejora. ¿Se hizo algo? Pues eso. Si Lorenzo Pardo –primer impulsor del trasvase en los tiempos convulsos de la República- despertara, no sabría ni en qué país habría resucitado.
