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El Gobierno amplía hasta septiembre la moratoria que impide desahuciar a propietarios o inquilinos afectados por la crisis del covid

El Consell quiere impulsar con los promotores la construcción de 1.115 pisos para alquiler barato y social en la provincia durante los próximos 5 años

Vista general de viviendas en la ciudad de Alicante

Vista general de viviendas en la ciudad de Alicante

El Gobierno ha ampliado durante tres meses más la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor (más de diez pisos) o entidad pública (bancos) y la suspensión de los desahucios y lanzamientos de los inquilinos que no tienen vivienda alternativa. Por otro lado, el Consell promoverá hasta 2026 un total de 1.155 viviendas en la provincia para destinarlas alquiler social barato y paliar así los problemas surgidos por la crisis habitacional del covid.

Por otro lado, La Generalitat tiene previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros en sobre una superficie de 115.292 metros cuadrados que una vez edificada alcanzará los 221.140 metros cuadrados. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/m2. Una media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda. En concreto, de las 2.457 viviendas previstas en el plan 1.155 estarán en la provincia de Alicante, en concreto en Alicante, El Campello, Elche, Sant Joan d'Alacant y Torrevieja.

El Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, que contempla una inversión por importe de 294 millones de euros, permitirá la movilización de suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunidad Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presidió ayer el acto de presentación del 'Plan 2.400', en el que ha participado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y al que también ha asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Destacar que el plan presentado movilizará más de 112.000 metros cuadrados de suelo, repartidos en 53 solares, para promover viviendas de protección oficial que van a ayudar a garantizar el derecho a la vivienda digna en la Comunidad. De estas viviendas, 1.131 serán de construcción pública y 1.326 se construirán gracias a la colaboración público-privada.

Durante su intervención, Puig destacó que la Generalitat lleva meses trabajando con empresas, sectores y agentes sociales, con el fin de diseñar proyectos tractores que aspiran a recibir fondos europeos, siendo uno de los más importantes el referido a vivienda y regeneración urbana.

Así, ha explicado que la primera fase del Plan estatal de Recuperación contempla destinar 6.800 millones de euros en materia de vivienda, a los que la Generalitat pretende acceder a través de proyectos como la nueva manifestación de interés presentada dirigida a rehabilitación integral de barrios.

Sánchez anuncia una prórroga de tres meses de la suspensión de los desahucios y la moratoria del alquiler Agencia ATLAS / Foto: EFE

Respuesta real a las necesidades habitacionales

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, aseguó que "con este plan se da un gran impulso a la vivienda protegida para dar una respuesta real a las necesidades habitacionales de miles de familias que podrán vivir tranquilas en una vivienda con un alquiler asequible, frente a los precios desorbitados del mercado inmobiliario actual". "Desde la Generalitat -ha manifestado- asumimos el reto, de forma activa, de evitar que nadie tenga que hipotecar sus ingresos para tener un techo digno bajo el que vivir, tal y como recoge nuestra Constitución". Asimismo, ha indicado que "a las medidas de compra de nuevas viviendas por el parque público y de movilización de viviendas vacías sumamos esta nueva herramienta, el 'Plan 2.400', con el que reiniciaremos la construcción de viviendas y cuyo pilar central será la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól".

Martínez Dalmau expuso las cuatro grandes líneas de actuación que se engloban en el Plan 2400 y que supondrán la combinación de la colaboración público-privada, la de las cooperativas, la construcción propia de la Generalitat y el impulso a proyectos sostenibles de vivienda.

La primera de las líneas es la promoción pública de viviendas, para lo que la Generalitat Valenciana retomará la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, ya sea en solares propiedad de la EVha o de la Generalitat Valenciana.

El segundo eje será la innovación en la construcción, es decir la aplicación de innovaciones bioclimáticas y la utilización de nuevos materiales que mejoren la eficiencia energética de nuestras viviendas, lo que supondrá la oportunidad de combinar la lucha contra la emergencia climática y la reorientación del sector de la construcción.

En cuanto a la tercera línea de actuación, la de la colaboración público privada, servirá para adherir las enormes capacidades del sector de la construcción de la Comunidad al objetivo de la Generalitat Valenciana de garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta colaboración será ampliada con el cuarto eje: la articulación de nuevas relaciones con la sociedad civil mediante el fomento del cooperativismo en materia de vivienda.

Este impulso al cooperativismo en el ámbito de la vivienda se materializará mediante la reserva de grupos de suelo público para destinarlas a cooperativas de viviendas protegidas en cesión de uso. Las intervenciones protagonizadas exclusivamente por el sector público supondrán la ampliación del parque público con 1.131 viviendas de nueva planta, y respecto de la colaboración con agentes privados y cooperativistas permitirá añadir 1.326 viviendas de alquiler asequible al parque público de la Generalitat Valenciana.

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