Una iniciativa loable pero que se queda corta. La Generalitat tiene previsto construir en los próximos cinco años (2021-2026) un total de 1.155 viviendas en cinco municipios de la provincia de Alicante donde, teóricamente, se concentra el grueso de los problemas de las personas que no tienen acceso a una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Pisos que se sumarán a los 4.211 que la Conselleria gestiona con un alquiler social, pero que se quedarán muy lejos de la demanda real, ya que, según datos de la propia Generalitat, 4.179 familias componen la lista de espera para acceder a una casa de alquiler. Los municipios agraciados en el bautizado con «Plan 2400» son Alicante, Elche, El Campello, Torrevieja y Sant Joan. En total, la Generalitat tiene previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros sobre una superficie de 115.292 m2 , que una vez edificada alcanzará los 221.140 m2. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/m2. Una superficie media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda.
El Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, que contempla una inversión por importe de 294 millones de euros, permitirá la movilización de suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunidad Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.
Provia se suma a la iniciativa y colaborará con la Generalitat pero advierte de que el proyecto se queda corto
El objetivo del plan es facilitar el acceso a una vivienda digna al colectivo de personas que no tienen capacidad ni para comprarse un piso ni para afrontar un alquiler a precio de mercado. Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia), aplaudió la iniciativa «porque está claro que la Administración tiene que hacer algo ante un problema grave y demuestra voluntad, pero una vez más detectamos que si bien es necesario ayudar a gente que, incluso, pueda estar al borde de la exclusión social, hay que empezar también a crear ayudas para la clase media, que también lo está pasando mal y no reciben ni un solo tipo de ayuda».
En principio y a falta de cerrar el plan para que entre la iniciativa privada, se estudian dos tipo de fórmulas. Por un lado, que los promotores se conviertan en los gestores de la viviendas de alquiler por un periodo de 75/100 años a partir del cual estas volverían al patrimonio público -el Conselll sería su inquilino y les enviaría a los arrendatarios asegurando el pago de la renta- y, por el otro, que la Generalitat compre las viviendas para gestionarlas directamente a través de de la Entidad de Habitatge de la Generalitat.
El plan se articula en cuatro grandes líneas de actuación que supondrán la combinación de la colaboración público-privada, la de las cooperativas, la construcción propia de la Generalitat y el impulso a proyectos sostenibles de vivienda. La primera de las líneas es la promoción pública de viviendas, para lo que la Generalitat Valenciana retomará la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, ya sea en solares propiedad de la EVha o de la Generalitat Valenciana.
El segundo eje será la innovación en la construcción, es decir la aplicación de innovaciones bioclimáticas y la utilización de nuevos materiales que mejoren la eficiencia energética de nuestras viviendas, lo que supondrá la oportunidad de combinar la lucha contra la emergencia climática y la reorientación del sector de la construcción. En cuanto a la tercera línea de actuación, la de la colaboración público privada, servirá para adherir las enormes capacidades del sector de la construcción de la Comunidad al objetivo de la Generalitat Valenciana de garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta colaboración será ampliada con el cuarto eje: la articulación de nuevas relaciones con la sociedad civil mediante el fomento del cooperativismo en materia de vivienda también social.
Las promociones se harán en Alicante, Elche, Torrevieja, Sant Joan y El Campello, las más necesitadas
En la provincia de Alicante, el precio medio del alquiler mensual supera los 737 euros y lo peor es que la renta de los precios más demandados, los de uno y dos dormitorios está por las nubes y tampoco existe una gran oferta, porque se trata de un producto que no se construyó en la época del «boom». Ahora, sin embargo, encaja perfectamente con el perfil de los demandantes más vulnerables. Personas separadas, propietarios que han perdido su vivienda por una dación en pago o un desahucio, familias monoparentales o jóvenes menores de 35 años.
