El presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, y los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, del PP, así como los de Elche y Alcoy, los socialistas Carlos González y Toni Francés, consideran que no se debe perder el laboratorio, con sede en Alicante, en el que se analizan las aguas de toda España y que durante el último año ha realizado una importante labor de rastreo del covid en las aguas residuales permitiendo a las distintas administraciones anticiparse en la toma de decisiones y medidas restrictivas para frenar la pandemia. Este laboratorio peligra después de la compra del grupo Suez, al que pertenece, por otro grupo energético y de gestión de agua también francés, Veolia, que adquiere todo el paquete de negocio español que depende de Aguas de Barcelona salvo este laboratorio y otras dos sociedades más.
Mazón confía en que se dé una solución y no se pierdan los puestos de trabajo de una empresa valiosa y referencia a nivel nacional, como confía en que no suceda con ninguna otra; y entiende que habrá accionistas y empresas interesadas en participar en ella.
Barcala también espera que la compra no afecte a la continuidad de "una empresa puntera e innovadora en la provincia como son los laboratorios Labaqua, que han demostrado su capacidad al encargarse de rastrear el covid en las aguas residuales durante la pandemia".
González, por su parte, muestra su preocupación por la pérdida de un capital valioso para la provincia que habría que intentar preservar de operaciones societarias, que no obstante, se producen y se escapan al control de los gobiernos.
Francés entiende que es positivo que a la provincia llegue inversión extranjera "pero debe ser para sumar, lo que no puede suponer es que la llegada de capital extranjero suponga una pérdida de empleo y competitividad para las empresas de nuestro territorio". Estos dirigentes se pronuncian en este sentido después de la compra del grupo Suez, que gestionaba Aguas de Barcelona y dentro de ella Aguas de Alicante, por otra empresa energética francesa, que absorbe todo el paquete de negocio excepto el laboratorio Labaqua, donde trabajan más de 100 personas. Unas instalaciones con más de 30 años que podrían verse abocadas al cierre por esa decisión empresarial.
El edil de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), ha declinado manifestarse sobre la amenaza de cierre del laboratorio al entender que se trata de un asunto empresarial que no afecta al ciclo integral del agua en su ciudad. El alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, prefiere no hacer declaraciones "porque no afecta a la concesión de Benidorm y desconocemos el alcance y detalles de la situación".
