El Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana ha mostrado su rechazo a la anulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, al considerar entre otros aspectos que el fallo confunde el desarrollo urbanístico con un concepto mucho más amplio como es la ordenación del territorio. Además, estima que no es acertado apoyar la decisión judicial en otros planes de carácter municipal, el de El Campello y el del municipio grancanario de Teror, que se utilizan como referencia para el veredicto de anulación.
El TSJ tumbó el pasado mes de febrero el Pativel al considerarlo contrario a derecho, tras el recurso interpuesto por una promotora con sede en la provincia de Alicante, argumentando aspectos como la ausencia de un estudio económico-financiero que reflejara los costes de implementación del plan y la repercusión económica que su desarrollo comportaría para los municipios y los propietarios de suelo. El documento marco ahora derogado blindaba casi 3.000 hectáreas de costa en la provincia, con el objetivo de evitar la proliferación de nuevas edificaciones con distintos niveles de protección en función de su cercanía con la ribera del mar. La Generalitat ha presentado un recurso de casación al fallo del TSJ.
Los geógrafos critican lo que creen un desacierto de basar su argumentación en planes municipales, "totalmente distintos y muy difícilmente comparables" al Pativel "en cuanto a escala, determinaciones y tipos de suelo sobre el que se actúa". Así, recuerdan que el proyecto de la Generalitat es "un instrumento de carácter territorial, supramunicipal" y de mayor alcance en todos los aspectos. Para los profesionales, "parecería más ajustado" que el fallo se apoyara en comparar el Pativel con otros planes territoriales similares, como los aprobados en Galicia, Cataluña, Andalucía y el País Vasco.
En este sentido, recuerdan que el Supremo ya se pronunció sobre el proyecto catalán homólogo al Pativel, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya, y que "validó la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan aumentar la protección sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre". Además, "descartó la vulneración del principio de autonomía municipal, por ser los planes proporcionados y haber dado audiencia a los municipios", aunque a la vez "estableció unos límites" a los proyectos a menor escala dentro del Pla Director, "cuando éstos se extralimitan en sus contenidos".
Los geógrafos añaden que "no se ha impedido con el Pativel, al igual que no se hizo con el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, ningún desarrollo urbanístico que esté en plazos de ejecución, ni siquiera por causas imputables a la Administración". Por ello, consideran que "no existe en consecuencia, derecho alguno derivado de su aplicación en los supuestos indemnizatorios", en alusión a la ausencia del estudio económico-financiero al que hace referencia el fallo del TSJ.
Confusión entre urbanismo y ordenación del territorio
Los profesionales creen que "se está produciendo una preocupante confusión entre la ordenación del territorio y el urbanismo por parte de algunos miembros de la magistratura", y que eso prueba la exigencia de "un esfuerzo de mayor diferenciación entre ambas". Así, estiman oportuno "corregir y profundizar en las dimensiones y relaciones entre la articulación del territorio y en el planeamiento urbanístico municipal", y a la vez "avanzar en la idea de la Infraestructura Verde como elemento de garantía de las propuestas de ordenación de los territorios".
El Colegio de Geógrafos autonómico también apela a "una revisión y aprobación de la normativa para que los defectos de forma no deban acabar con la nulidad completa del Plan". Esta circunstancia, a su juicio, es "especialmente dañino para los planes de ordenación del territorio", dado que muchos lugares "no cuentan con un plan de estas características ya aprobado que pueda seguir vigente cuando se produce la anulación del propuesto". Además, insisten en que "los efectos también son muy lesivos en otros ámbitos como el medioambiental y el social, en tanto que motivan la dilapidación de tiempo y recursos económicos pero también técnicos y humanos".
La entidad reitera "su defensa y compromiso" con la ordenación del territorio, "cuya naturaleza se ve sistemáticamente vulnerada por prácticas que encuentran un importante soporte en sentencias tan cuestionables como la que nos ocupa", y hace hincapié en que proyectos como los planes litorales de Cataluña y Galicia "deben ser los verdaderos referentes, también en lo jurídico". El Colegio se reafirma en considerar que el Pativel "es un instrumento extremadamente relevante e imprescindible, que no debe ser pospuesto por más tiempo por unas razones o por otras", y por ello confía en que el Supremo estime el recurso de casación interpuesto por la Generalitat y el proyecto "sea devuelto con garantías a la sociedad".
