Verano de 2006, justo el fin de semana que comenzaba mis vacaciones, este periódico publicó un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que los técnicos advertían de que el agua del río en su desembocadura presentaba durante muchos meses del año un gran contenido en clorpirifós, un potente pesticida del que años después se demostró que podría causar graves daños a la salud. Un año antes el Gobierno, con el silencio cómplice de sus representantes en el Consell, había cambiado la toma del agua del trasvase Júcar-Vinalopó para llevarla de Cortes de Pallás, donde el agua es mineral, a Cullera, en la que el clorpirifós «nadaba» junto a las doradas, por aquello de que el Mediterráneo entra en el río. La Administración cargó contra el mensajero, en esta ocasión el periodista, pero también contra los dos expertos, los profesores Antonio Gil Olcina y Antonio Rico, que habían denunciado la barbaridad que se cometía con el cambio de toma por el peligro para los cultivos y para los alicantinos, que íbamos a beber y cocinar con el agua de la desembocadura.
Los responsables del cambio llegaron a decir que el agua de la desembocadura era prepotable, ignorando que el agua depurada no es apta para el consumo humano, tal como está escrito hasta en las directivas europeas a las que tanto le gusta recurrir al Gobierno cuando se trata de imponer sus decisiones para la provincia.
Quince años después, el Júcar-Vinalopó, que costó más de 400 millones de euros, sigue cerrado, y sin enviar una sola gota de agua a la provincia, pese a que se nos vendió como un trasvase tan importante como el hoy sentenciado Tajo-Segura. Agua para esas comarcas alicantinas, el Medio y el Alto Vinalopó, donde se cultiva quizá la mejor uva de mesa del mundo, pero con un recurso muy salinizado. Comarcas donde hay municipios que tienen que extraer el agua para beber a 500 metros de profundidad, porque allí son impensables hasta las desaladoras.
Pues bien, quince años después del atentado social, económico y hasta ambiental cometido con el Júcar-Vinalopó, y cuarenta y dos desde que al sur de la provincia llegaran los primeros caudales del Tajo, este trasvase también está herido de muerte. La historia se repite. En 2013, no ayer, este periódico, advertido por los profesores Gil Olcina y Rico volvió a alertar que tras elevar hasta los 400 hm³ la reserva en el Tajo a partir de la cual no hay trasvase, llegaría la elevación del caudal ecológico del río. Ocho años después, esa amenaza, escrita ya en el borrador del futuro plan hidrológico de Tajo, está a punto de sellarse negro sobre blanco. El Gobierno, que tiene las competencias en el reparto del agua, nos condena a abastecernos con desalada. Un recurso que, si bien garantiza el suministro, tampoco se sabe muy bien qué efectos puede traer más allá de la constatación actual de que el boro que contiene reseca los campos, en concreto la tierra donde se plantan los cítricos. Siempre la misma realidad, el agua, que sobra en España, no tiene el tratamiento de la energía eléctrica, que se lleva donde hace falta porque es una cuestión de Estado. El sol y la luz no, la tenemos en el Mediterráneo, en la huerta de Europa, pero el agua sí se puede mover, como ocurre con otros 15 trasvases en España pero solo se cuestiona el del Tajo-Segura.
Los agricultores alicantinos y la provincia en general perdieron hace años la batalla mediática del agua en España. Al final, y ante la tibieza y falta de solidaridad con la que en la Comunidad Valenciana se han defendido las demandas de Alicante –en parte el fracaso del Júcar-Vinalopó se ha debido a la negativa de los regantes del Júcar a ceder agua–, ninguna institución ni cargo público de Villena hacia arriba defienden la importancia de que Alicante reciba agua de calidad.
En Madrid ha calado el mensaje de que Alicante solo quiere agua para construir urbanizaciones y campos de golf, infraestructuras lúdico-deportivas que se riegan con agua residual depurada. Un mensaje, o una «fake new», utilizando el vocabulario de las redes, que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite y ha contagiado a los propios rectores del Ministerio, a los que hasta ahora solo trataban de convencer un puñado de regantes. Agricultores que han sido ninguneados en una reunión sí y en otra también. No hay más que recordar cómo desde la propia Generalitat se dinamitó la Junta de Usuarios del Júcar-Vinalopó forzando la salida de su presidente hace dos años. Seguimos sin recibir una gota del Júcar.
Ahora llega la hora del Tajo. Los trasvases comienzan a ser para el Gobierno milagros de la ingeniería hidráulica de los años 70 del siglo XX en vías de extinción. Al trasvase le quedan dos telediarios porque para el Gobierno todas las cuencas son deficitarias, y eso de llevar agua al Levante es derrochador y de ilusos. O sea, que el Ejecutivo, ya sin tapujos, vuelve a la cláusula Narbona (reducir el trasvase del Tajo a medida que se incorporara el agua desalada), y su objetivo, aliado con el cambio climático, es el cierre de una infraestructura sin la que sería imposible explicar el desarrollo de la provincia de Alicante en los últimos 40 años.
Defender que el motivo del cierre del Tajo-Segura sea la protección de la naturaleza, como venimos escuchando desde 2018, es un brindis al sol que Alicante no puede consentir y defender que el agua desalada es poco más o menos que la solución final es de necios. El Tajo-Segura es irremplazable porque nunca va a haber una alternativa viable y segura tal como insinúan desde el Consell. Se puede y se debe complementar el caudal con agua desalada y residual bien depurada responsabilidad directa de Valencia –por cierto–, pero el Gobierno que se atreva a cerrarlo estará condenando el futuro de 2,5 millones de personas porque, tecnológicamente, resulta imposible producir tanta agua desalada como la que viene o venía del trasvase todos los años.
Los agricultores están hartos de invitar a la ministra Teresa Ribera a visitar la provincia para explicarle de primera mano los problemas con el agua de esta tierra. En Alicante se necesita para beber, para regar, para jugar al golf y para hacer viviendas, por supuesto, muchas compradas por españoles de todas las autonomías que tienen aquí su segunda residencia y son bienvenidos. La vicepresidenta Ribera podría comprobarlo y, de paso, visitar Torrevieja y comprobar cómo la macroplanta impulsada por su compañera Cristina Narbona, que costó 350 millones de euros, no está ni conectada para suministrar agua a 30.000 agricultores. Después, pues eso, que la naturaleza cierre el trasvase.
¿La lluvia para quien la tiene? Por favor, no seamos sectarios ni hipócritas y demagogos con Alicante. El presidente Ximo Puig tiene ya la foto con los regantes. Ahora toca jugar y ganar la partida en Madrid, donde los rivales son duros y, muchas veces, sordos.
