Un informe de la Conselleria de Agricultura, con datos del balance agrario anual del Ministerio de Agricultura, revela que la provincia de Alicante ha perdido en los últimos 31 años (1989-2020) el 28% de su superficie agrícola de regadío al pasar de las 136.253 hectáreas en explotación de 1989 a las 98.190 hectáreas en 2020. En total, la provincia (secano y regadío) cultiva 169.732 ha, por las 300.735 ha de 1989, un 42% menos. En esta reducción influyen, entre otros factores, los recortes que han venido sufriendo los agricultores del agua del trasvase Tajo-Segura, y también los bajos precios. Paradójicamente, durante el mismo periodo en el que la provincia veía reducirse su sector primario, en Castilla-La Mancha, la superficie de regadío ha crecido un 52%, al pasar de la 352.452 hectáreas de 1989 a las 539.105 ha actuales, destacando las cifras de dos provincias próximas a Alicante como Albacete y Ciudad Real. La primera ha visto crecer su censo agrario de regadío un 76% y tiene en explotación 173.187 ha, por las 98.360 ha de 1989 y en Ciudad Real la superficie ha crecido un 58%, con 207.760 ha por las 133.433 de hace 30 años. Ambas provincias superan al total del regadío de la Comunidad Valenciana.
Este martes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volvió a defender la continuidad del trasvase subrayando que «es irrenunciable», y apeló a mantener las tres fuentes de abastecimiento para el sur de la provincia: trasvase, desalación e incremento de la depuración del agua residual.
Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, señaló que «las cifras sobre la evolución del regadío en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en la provincia de Alicante, no dejan lugar a dudas y corroboran que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura en las condiciones actuales constituye una cuestión de mera supervivencia para una realidad socioeconómica de la que dependen más de 100.000 empleos». Llanes subrayó, en este sentido, que «el Consell es plenamente consciente de esa situación y, por ello, con el presidente Ximo Puig al frente, venimos reiterando que para nosotros el trasvase es una cuestión absolutamente irrenunciable por la que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y ante las instancias que sea necesario. Abogamos por el diálogo y la negociación para encontrar soluciones consensuadas, pero tenemos muy clara la condición irrenunciable que tiene para nosotros el trasvase».
Los datos oficiales del propio Ministerio de Agricultura revelan, según Llanes, que, al contrario de lo que pudiera pensarse y «al contrario también de ciertas manifestaciones interesadas, la superficie de regadío en las zonas de Alicante que se nutren de esos aportes adicionales procedentes del trasvase no sólo no ha crecido, sino que han sufrido una merma muy acusada, mientras que en otras comunidades autónomas se ha registrado un fenómeno a la inversa que debe invitarnos a la reflexión y que ratifica que la continuidad del trasvase es una cuestión de justicia elemental y de mera subsistencia».
Un recurso vital
El agua del Tajo es vital para el 70% de la agricultura de regadío de Alicante, un sector que factura 500 millones de euros al año y da a empleo a 110.000 personas en la cuenca del Segura, de las que 51.325 residen en la provincia. El valor bruto del regadío en la zona abastecida se cifra en 1.700 millones de euros. A esta cifra hay que sumar que la industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase aporta 2.400 millones de euros al PIB nacional.
Las autonomías de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia, han recibido, además, en estos 42 años de transferencia de aguas unos 500 millones de euros de los agricultores y los ayuntamientos por el caudal cedido. Según la actual ley del trasvase, el dinero debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales, que no se han ejecutado. Otra cuestión es que los fondos no acabaran en la Confederación Hidrográfica del Tajo, la que administra el canal. Con anterioridad a 1986, la compensación económica, que suponía el 4% anual del coste las obras la recaudaba el Estado, que era el encargado de aplicar esos ingresos a dichas labores de mejora.
