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El bipartito reactiva siete meses después el proceso para el nuevo contrato de la limpieza de colegios

Infraestructuras eleva al área de Contratación el expediente tras reelaborar el pliego que retiró en septiembre por los tres recursos interpuestos

Trabajos extraordinarios de limpieza en un colegio.

Trabajos extraordinarios de limpieza en un colegio.

Siete meses después de que el bipartito de Alicante decidiera paralizar la licitación del nuevo contrato de la limpieza de colegios y dependencias municipales por los tres recursos presentados contra el pliego de condiciones, el proceso vuelve a reactivarse. Aunque va para largo.

La Concejalía de Infraestructuras acaba de remitir a Contratación, ambas en manos del PP, el expediente para poner en marcha, de nuevo, la maquinaria de la licitación. Lo ha hecho tras reelaborar un pliego que fue objeto de tres recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, uno del PSOE y dos de empresas del sector. El valor aproximado de ese contrato rondaba los cuarenta millones para cuatro años, con un año de prórroga.

La nueva redacción se ha realizado tras mantener reuniones con la oposición, sindicatos y directores de colegios, según insisten desde el bipartito de Alicante. Tras enviarse el expediente al área de Contratación, ahora llegará el turno de los informes técnicos. «Ahora pasa a fiscalización con los informes de la Asesoría Jurídica y de Intervención. Luego se aprobará en Junta de Gobierno», explican fuentes del gobierno municipal que no se atreven a dar fechas aproximadas del procedimiento. Con todo, el proceso no será breve.

Este contrato lleva tiempo en la diana de las críticas de la oposición municipal. El servicio lo presta UTE Limpal (Clece -del grupo ACS- y Fissa) fuera de contrato desde hace quince meses, lo que ha originado continuos problemas en los pagos desde el Ayuntamiento por los reparos de Intervención. De hecho, en la actualidad, el Consistorio no paga las certificaciones mensuales a la adjudicataria desde el pasado mes de septiembre. Esto ha provocado que la UTE pagase la nómina de abril más tarde de lo habitual. Los pagos pendientes tendrán que ser avalados por el pleno municipal, una vez el interventor dé el visto bueno. Al respecto de los impagos, el comité de empresa insiste en que lleva demasiado tiempo esperando una reunión con el alcalde, Luis Barcala.

A la espera de un encuentro entre Barcala y los representantes de los trabajadores de la limpieza de colegios y dependencias municipales, lo que no habrá es un «cara a cara» entre los grupos municipales y la anterior adjudicataria del servicio de zonas verdes de Alicante. La que fuera licitadora hasta el pasado mes de diciembre (Geamur), cuando el contrato pasó a manos de la nueva empresa (STV Gestión), ha rechazado acudir a la comisión creada para el «estudio del cumplimiento del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes», que se volverá a reunir este lunes.

En el documento que ha enviado al Ayuntamiento, además de declinar la invitación, la empresa lamenta la gestión del contrato realizada desde el bipartito. «Nos vimos obligados a continuar de una forma irregular. El perjuicio económico ha sido muy elevado. Lo pusimos de relieve en tres escritos, sin que nos dieran respuesta», señalan en un texto, en el que recuerdan que tuvieron que asumir hasta 44 nuevas zonas verdes creadas en la ciudad en los últimos años «sin que existiera ampliación económica». Además, aseguran que las acusaciones de irregularidades en la prestación del servicio público se han saldado con cero denuncias por parte de los trabajadores.

Por otro lado, la empresa asegura que en la recta final de la prestación de su contrato había en Alicante 1.803 alcorques sin árboles en condiciones. Recientemente, el alcalde participó en el inicio de una campaña para reponer más de un centenar de árboles en las zonas verdes de la ciudad. Por tanto, quedan muchos huecos aún por rellenar.

Desde Unidas Podemos critican que «las políticas de conservación de zonas verdes del edil Manuel Villar [Medio Ambiente] y el alcalde Barcala son un auténtico fracaso, ya que faltan 1.800 árboles, que equivalen a 18 parques como el de la Ciudad de la Justicia», señala el portavoz de la coalición, Xavier López, quien asegura que «la derecha solo mira por la ciudad para hacer negocio y no para mejorar la vida de la gente».

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