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Los recortes en el Tajo-Segura aumentarán un 20% el precio del agua a agricultores y municipios

Un informe con datos de la Confederación del Tajo advierte de que el incremento será del 130% en los años en los que no se pueda enviar caudal por la sequía y por la subida de los recursos del río

Infraestructura del trasvase Tajo-Segura en la comarca de la Vega Baja. | TONY SEVILLA

Infraestructura del trasvase Tajo-Segura en la comarca de la Vega Baja. | TONY SEVILLA

Un informe del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura sobre la incidencia que tendrán en el precio del agua de riego y abastecimiento los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura en 2022 advierte de que la supresión del envío de 120 hm³ anuales de agua del Tajo a Alicante no solo dejará herido de muerte el trasvase, sino que la sustitución del caudal por agua desalada supondrá un aumento medio del 20% del precio del agua, ya que la desalada se paga para riego a 0,6 euros/m3 y la de abastecimiento a un euro el metro cúbico. En concreto, los agricultores sostienen que la tarifa del agua de riego subirá un 22% y la del abastecimiento urbano un 18%. La producción de agua desalada y su posterior distribución consumen mucha más energía eléctrica que la del trasvase y, además, agricultores y ayuntamientos deberán incorporar a la factura del agua la amortización de la inversión de la desaladora de Torrevieja, que costó 350 millones de euros.

LA CLAVE PRESIÓN «Diálogo exigente» para mantener el trasvase El presidente Ximo Puig reiteró ayer que el trasvase es irrenunciable y no consentirá su cierre pero admite que pueda complementarse con agua desalada.

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Una directiva de la UE obliga a repercutir el coste en los usuarios, tal como ha sucedido con la planta de Mutxamel. Además, en el caso de los agricultores del Tajo-Segura, estos deberán seguir abonando 12 millones de euros al año por el mantenimiento de la infraestructura, aunque por la misma circule mucha menos agua de la prevista. En estos momentos, el precio del agua desalada está en los 0,6 euros/m³ para el uso agrícola y de un euro/m³ para el abastecimiento urbano. Mientras, el agua del Tajo cuesta 0,2 euros/m³.

El incremento del 22% del coste del agua para regadío se basa en dos factores: por un lado, el aumento de la repercusión de los costes fijos de las tarifas del trasvase, ya que deberán imputarse sobre un volumen menor de agua trasvasada. Por el otro, el precio del agua que habrá que comprar para alcanzar un volumen medio de agua de 332 hm³, que es el que actualmente llega del Tajo, según el informe.

El agua del Tajo es vital para el mantenimiento del 62% de la agricultura provincial de regadío.

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Los autores del estudio subrayan, además, que en los años en los que al aumento del caudal ecológico se sume la sequía y, por lo tanto, pueda alcanzarse el trasvase cero, el precio aumentaría hasta un 130%. Los agricultores parten de analizar tres escenarios. Un año óptimo que ya nunca se dará, cuando del trasvase llegaban 332 hm³, como hasta ahora. Un segundo escenario ya con recortes, con 208 hm³ de agua del Tajo y 124 hm³ de agua desalada y un tercero, el peor, con 164 hm³ de caudal trasvasado y 168 hm³ de agua desalada.

Los datos se han obtenido de la propia estimación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El mismo cálculo sirve para ver el escenario de costes del agua para abastecimiento urbano, que subirá un 18% con puntas del 80% en años de sequía y trasvase cero.

El agua del Tajo es vital para el 62% de la agricultura de regadío de Alicante, un sector que factura 500 millones de euros al año y da a empleo a 110.000 personas en la cuenca del Segura, de las que 51.325 residen en la provincia. El valor bruto del regadío en la zona abastecida se cifra en 1.700 millones de euros. A esta cifra hay que sumar que la industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase aporta 2.400 millones de euros al PIB nacional.

Las autonomías de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia, han recibido, además, en los 42 años de transferencia de agua, unos 500 millones de euros y de los ayuntamientos por el caudal cedido. Según la actual ley del trasvase, el dinero debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales. Otra cuestión es que los fondos no acabaran en la Confederación del Tajo, la que administra el canal. Con anterioridad a 1986, la compensación económica, que suponía el 4% anual del coste de las obras, la recaudaba el Estado, que era el encargado de aplicar esos ingresos a la mejora.

La provincia de Alicante ha perdido en los últimos 30 años (1989-2020) el 42% de su superficie agrícola al pasar de las 300.735 hectáreas en explotación de 1989, a las 169.731 hectáreas actuales, de las que 71.541 son de secano y 98.190 de regadío, un 28% menos que las que había hace 30 años (136.253). El motivo no es otro que los recortes que han venido sufriendo los agricultores del agua del trasvase Tajo-Segura, unido a los bajos precios. Durante el mismo periodo en Castilla-La Mancha, la superficie de regadío ha crecido un 52%, al pasar de la 352.452 hectáreas de 1989 a las 539.105 ha actuales, según datos del Ministerio de Agricultura.

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